Un día después de la finalización de la sangrienta toma del penal santafesino de Coronda, que dejó un saldo de 13 internos ajusticiados y seis heridos, la unidad se encontraba con sus actividades congeladas. Especialmente el pabellón 7, donde se inició la increíble caza de brujas con nombre y apellido. Lentamente, los presos fueron recuperando algunas prácticas cotidianas, como recreos, pero restringidas. Ayer, el jefe del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Fernando Rosúa, se presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados de la provincia. Algunos legisladores pidieron la renuncia de Oscar Mansilla, director del penal. Rosúa dijo a Página/12 que “no tengo elementos para desplazarlo. En la medida en que la investigación encuentre pruebas, voy a ordenar su desplazamiento”. También sostuvo que la rivalidad geográfica “no alcanza para explicar lo que ocurrió”. Su hipótesis principal es que en todos los penales existe malestar por la apresurada sanción de las leyes Blumberg, “que incidieron negativamente alterando la vida carcelaria”.
Por el momento, la Unidad 1 de Coronda, irónicamente denominada Instituto Correccional Modelo, se mantenía ayer en estado de suspensión, prácticamente sin actividades, con los casi 1400 internos encerrados en sus celdas, sin gozar de recreos ni participar en los diferentes talleres de producción, además de haber sido suspendidas las visitas familiares. Poco a poco, según reconoció el propio titular del SPSF, Fernando Rosúa, ayer fueron recuperando algunos beneficios como los recreos restringidos. Pero el pabellón 7, donde pertenecía el grupo de alrededor de 40 internos que inició la toma del penal y asesinó a 13 presos de otros dos pabellones, permanecía ayer virtualmente aislado del resto.
Los guardias hicieron una recorrida por el penal y requisaron varias facas y chuzas que, curiosamente, hallaron sólo después de que se desatara la vendetta sobre los 13 muertos. Rosúa sostuvo que “se empezaron a hacer algunos traslados, especialmente de los participantes del grupo y de internos que estuvieran vinculados a ellos, para evitar todo tipo de venganza. Por ahora estamos monitoreando y evaluando”.
Durante la tarde de ayer, Rosúa asistió a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, integrada por los justicialistas Claudio Tibaldo, Marcelo Gastaldi y Julia Pesaresi, la radical Mónica Peralta, el socialista Raúl Lamberto y la representante del ARI, Alicia Gutiérrez.
Gutiérrez reclamó que el director del penal, Oscar Mansilla, debía renunciar a su cargo. Rosúa respondió que no contaba “con elementos para decidir su remoción” y aseguró que “apenas tenga pruebas de que tuvo que ver, lo voy a desplazar yo mismo”. En la comisión, algunos diputados reconocieron su labor dialoguista en el Servicio. En relación con los motivos que provocaron la toma del penal, el titular del SPSF dijo a Página/12 que, “a priori, aparece como un ataque a algunos internos determinados; fueron buscando celda por celda; los móviles no los podemos determinar todavía. Ordené una investigación especial a Asuntos Internos del Servicio, además del sumario que se abre habitualmente”. Rosúa reconoció que “un ataque así no es habitual. Existieron ataques de preso a preso; también entre un pabellón y otro, pero nunca pasó que internos de un pabellón tomaran otro para matar a presos prefijados”.
–¿Esa curiosidad, el que no hayan hecho reclamos y que no parecían temer represalias de los guardias, no le hace pensar que la revuelta fue fogoneada por guardias y el penal se transformó en zona liberada? –preguntó este diario.
–Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, pero por el momento no tenemos ninguna prueba, ningún indicio de que haya ocurrido eso. No lo creo. En el Servicio entienden que son necesarias mejoras para que no haya conflictos.
Rosúa no aceptó abrir sospechas sobre guardias ni sobre el propio Mansilla, jefe del penal que fue procesado por la muerte de un interno en la cárcel santafesina de Las Flores. Pero en los pasillos del gobierno provincial existen sospechas de que al menos hay una movida de algún sector interno que busca desplazar a Rosúa o, como mínimo, impedirle la continuación de su política carcelaria que él mismo definió como dialoguista.
–¿En qué consiste su proyecto?
–Nosotros llegamos a fines de 2003 y a principios de 2004 ya habíamos empezado abriendo mesas de diálogo con delegados de los internos.
–¿Puede molestar a algún sector?
–No creo. En el Servicio Penitenciario hay conciencia de que hace falta desactivar los conflictos.
–Pero hace 15 días que existían señales que parecían indicar que los guardias dejaban hacer o fomentaban las riñas. ¿Estaba enterado?
–Sí. Estaba enterado. Pero yo atribuyo ese malestar a un tema que viene de antes. A las malas condiciones de la cárcel, a las leyes Blumberg que modificaron de un plumazo el régimen de las penas. Nosotros estamos trabajando principalmente en dos puntos para mejorar el sistema carcelario. Uno es tratar de modificar la calificación del concepto del interno, que es el elemento más discrecional y arbitrario. Está vinculado a las faltas. Queremos que el preso sepa desde que entra cuáles son las líneas que debe seguir para mejorar sus condiciones y poder alcanzar los beneficios de la condicional, por ejemplo. El otro punto es tener una ley de ejecución penal propia, porque la nacional fue modificada por la ley Blumberg y ahora las condenas y los beneficios están totalmente distorsionados.
–¿Realmente van a levantar un muro en medio de la cárcel de Coronda?
–La idea del muro divisorio ya estaba. La teníamos para achicar la cárcel, para transformarla en dos unidades independientes con sus propios jefes. Estaba pensado para colocar en un lado a los procesados y en el otro a los condenados. Ahora, al menos por un tiempo, de un lado vamos a tener que poner a los santafesinos y del otro a los rosarinos.