Alambres, sogas y sunchos plásticos fueron los elementos que se usaron para privar de la libertad a adultos y menores de 18 años, algunos de los cuales fueron tirados en el piso, semidesnudos, en medio de la selva misionera. Estas prácticas duplican la sorpresa de que no hayan sido empleadas por las fuerzas de seguridad, sino por guardaparques. Hechos de esas características tuvieron lugar en el Parque Nacional Iguazú y fueron permitidas por un oficio librado por un juez misionero que autorizó a los guardaparques a realizar arrestos preventivos y tareas de inteligencia. Por el hecho, la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN) hizo una denuncia penal y alejó del cargo al titular del parque misionero, Jorge Cieslik, que tiene serios antecedentes de encabezar procedimientos violentos y autoritarios.
El texto de la denuncia presentada ante la fiscalía federal de Eldorado, Misiones, afirma que hubo prácticas donde se obligó a los detenidos a “permanecer tendidos boca abajo con el torso desnudo en plena selva y en horas de la noche”. También registró la existencia de “adulteración de formularios oficiales de la APN, detenciones ilegales, traslados, requisas e identificación de personas (...) y participación en allanamientos en extraña jurisdicción”. Con estas prácticas, entre julio de 2002 y marzo de 2005 se labraron “al menos 25 sumarios judiciales ilegales” y se “verificó la privación ilegal de la libertad a 33 personas”, entre las que se encuentran tres menores de 18 años. Algunas de las acusaciones hechas por los guardaparques utilizan una jerga que no les correspondería: hurto calificado, daño calificado, tenencia de estupefacientes y desobediencia a la autoridad.
Los hechos se dieron a conocer luego de la queja de guardaparques que se negaron a participar de los procedimientos y los notificaron a la APN. El organismo ordenó hace tres semanas una auditoría especial que corroboró los hechos. “Se encontraron fichas dactilográficas con membrete de Presidencia de la Nación y de la APN; había guardaparques que portaban armas en áreas públicas llenas de gente, cosa que está prohibida. Inclusive, mantenían a los detenidos en las oficinas donde van turistas”, relató a Página/12 el director de APN, Héctor Espina.
La denuncia afirma que el juez Mario Hachiro Doi autorizó a los guardaparques a hacer “actas de procedimientos, arrestos preventivos, croquis del lugar del hecho e inspección ocular” que convirtió a los guardaparques, prácticamente, en policía judicial cuando su función es la de policía administrativa autorizada sólo para labrar infracciones. Las atribuciones irían en contra de la ley 22.351, que regula la actividad de la APN y la de Seguridad Interior (24.059). Ante los sucesos, Espina tomó dos decisiones: pidió la recusación del juez que dictó las órdenes y, a la espera de una decisión judicial, separó del cargo a Cieslik. “Esos hechos evidencian cómo perdura una visión autoritaria ligada a la formación que se dio en tiempos de la última dictadura militar y que no compartimos”, afirmó.
Cieslik tiene su historial: en 2000 había estado al frente del Parque Nacional Lanín, de Neuquén, y fue trasladado a Iguazú por la gestión de Fernando de la Rúa, luego de que derribara a mazazos y hachazos la vivienda de una familia de la comunidad mapuche Curruhuinca, que vivía en la zona. El hecho motivó largas marchas de comunidades de pueblos originarios. En 1999 también fue denunciado por un particular que había comprado una propiedad dentro del Lanín y a quien Cieslik le había prohibido el paso por las zonas más accesibles del parque. En este caso, la Justicia falló favorable al denunciante en 2003. “Tenía arrebatos autoritarios y los procedimientos que ordenaba eran contra gente de bajos recursos”, recordó a este diario un guardaparques que trabajó bajo las órdenes del cuestionado jefe.