Nacido en San Pedro, Bernardo Vidal Durand lleva más de treinta años como funcionario judicial. Entró a la Justicia en 1974, trabajó como relator de la Cámara del Crimen y pasó veinte años como secretario del fuero contencioso administrativo antes de desembarcar en el Juzgado 1 en lo penal económico, donde acaba de ingresar vía sorteo la causa Sou- thern Winds, luego de ser apartado del caso Carlos Liporace. A los 64 años, después de un infarto, varios meses de licencia y una jubilación en trámite, Vidal Durand es recordado por su corto y explosivo paso como séptimo y último juez de la llamada Operación Langostino. Aunque terminó condenando a los presos a veinte años de prisión, a un mes del desembarco ordenó la liberación por aplicación de la ley del “dos por uno”, una medida que la Corte suspendió. En los próximos días, este mismo juez se topará con el laberinto de SW. Entre otras cuestiones, deberá decidir si sostiene las últimas resoluciones de Liporace, como la recusación contra la fiscal Ruiz Morales o las faltas de mérito dictadas a los directivos de SW.
Luego de la destitución de Carlos Liporace dispuesta por la Sala B de la Cámara, la causa del narcoescándalo entró en el sorteo que terminó ayer por la mañana con la designación de Vidal Durand. En los últimos años, este juez poco afecto a la exposición pública tuvo a su cargo el supuesto fraude cometido por directivos de la AFJP Siembra y la investigación iniciada por la AFIP por la facturación trucha que incluyó decenas de allanamientos a empresas de primera línea.
Para sus colegas, Vidal Durand es un hombre serio, pero al que no le gustan los problemas. En el ambiente aseguran que no es un especialista en narcotráfico. En julio de 2003 detuvo temporalmente a una banda de israelíes con apenas cinco kilos de cocaína y en base a una investigación de Israel. Su único antecedente fuerte es el de la Operación Langostino, pero no participó en la investigación, se incorporó en los últimos cinco meses de una causa de seis años de proceso y no tan lejana al escándalo de SW.
La Operación Langostino comenzó el 12 de julio de 1988 con dos operativos de la Policía Federal en la provincia de Buenos Aires donde detectaron y secuestraron 588 kilos de cocaína disimulados en un cargamento de langostinos congelados, del frigorífico Estrella de Mar, vinculado con el empresario peronista Jorge Antonio. La droga procedía de Bolivia y tenía como destino Europa y Estados Unidos. El procedimiento estuvo a cargo de Julio Virgolini, un juez penal que ordenó las siete primeras detenciones, hizo buena parte de la investigación, pero terminó fuera de la causa meses más tarde.
Como en el caso de SW, aquel expediente quedó caratulado como contrabando de drogas y en el mes de septiembre pasó al fuero penal económico. El nuevo juez ordenó una detención y conectó la causa a un envío de 1120 kilos de cocaína envasada en latas de anchoas que fue secuestrada en Estados Unidos. Dos años más tarde, dos fiscales pidieron la detención del agente de la DEA Carlos Savignon Belgrano conectado a la causa.
Vidal Durand recibió el expediente en noviembre de 1994, cuando acababa de ser sancionada la ley 24.390, conocida como la ley del “2x1”. La ley, ya derogada, computaba doble cada año, pasados los dos primeros de detención sin condena. Por esa razón, el 1º de diciembre de ese año ordenó la libertad bajo caución de los ocho prisioneros. Aunque ninguno tuvo tiempo de pisar la calle porque la Corte Suprema suspendió la medida, su decisión provocó cierto revuelo y algún escándalo. La Cámara de Apelaciones se pronunció en línea con la Corte; los presos no fueron liberados y Vidal Durand terminó condenándolos en el mes de abril de 1995 a 20 años de prisión.
Como si el tiempo no hubiese pasado, los tres camaristas que se pronunciaron sobre la situación de Liporace confirmaron en agosto de 1995 la condena de Vidal Durand. Entre los detenidos ya no estaba el agente de la DEA. Savignon Belgrano consiguió la libertad en junio de 1991 con el patrocinio de un abogado del staff de SW: el ex fiscal Martín González del Solar, actualmente integrante de un estudio de abogados cuyo principal cliente es la embajada de Estados Unidos.
El ex fiscal defiende a Flavio Cañoto y Marcelo Vernino, dos empleados de SW en España. Es uno de los que planteó una recusación contra la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, cuando el policía Andrés Machado acusó a su secretario de presuntas amenazas, un episodio que hizo público el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando se presentó en el Congreso.
Justamente, Vidal Durand deberá resolver, entre las cuestiones pendientes, la situación de Ruiz Morales. La fiscal llevó hasta buen puerto la recusación contra Liporace que terminó corrido de la causa por “imparcialidad”. Pero antes de irse, Liporace hizo su propio planteo para apartarla: será el juez recién designado el que resuelva ahora esa situación.