De las cuatro causas que lleva adelante la Justicia por la tragedia de República Cromañón, una se concentra sobre la figura del director de la Morgue Judicial, Heraldo Néstor Donnewald. José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas, abrió una causa penal ante la justicia federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Donnewald. El ahora director acusado fue miembro del equipo de funcionarios forenses que durante la dictadura, según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales, convalidaba con su firma “ejecuciones fraguadas” de futuros desaparecidos. Donnewald dirige el Cuerpo Médico desde 1979. Iglesias sumó a la denuncia penal un sumario administrativo ante la Corte para pedir su remoción en el cargo. Ante la falta de respuesta, el CELS ahora decidió patrocinarlo en esa instancia administrativa. Las otras tres causas están en manos del juez Julio Lucini. Son por abandono de persona; asociación ilícita y homicidio culposo y tendrán novedades durante los próximos días (ver aparte).
José Iglesias sabía tan poco de la trayectoria de Donnewald como el centenar de familiares que se agolparon en la puerta de la Morgue Judicial para reclamar el cuerpo de los muertos horas después del incendio del 30 de diciembre pasado.
Donnewald perteneció al Cuerpo Médico Forense que durante la última dictadura militar efectuó autopsias, solicitó certificados de defunción al Registro Civil y realizó inhumaciones de cadáveres NN sin dar intervención al juez competente, como lo denunció el CELS en 1982 en una causa abierta tras detectar que ese procedimiento se realizó “por lo menos” sobre seis cadáveres, pero “los elementos analizados permitían sospechar que tal procedimiento (había sucedido) en un mayor número de casos”.
Existen por lo menos cinco legajos firmados por Donnewald desde 1976. “Son pericias con su firma. Determinaba si había heridas de bala, marca de esposas, identidad y causa de muerte, como por ejemplo fusilamiento –explicó a Página/12 Diego Morales, abogado del CELS–. Normalmente, esas pericias debían pasar a un juzgado del crimen para la investigación. Pero para entonces la Cámara del Crimen tenía firmado un acuerdo con el ex director del Cuerpo Médico, Marcelo Daneri, para que los informes se envíen directamente a las Fuerzas Armadas. Como el resto de los forenses, los informes de Donnewald fueron al I Cuerpo del Ejército o Grupo de Tareas–Armada.”
En la primera denuncia judicial, el CELS describió ese mecanismo para demostrar el accionar corporativo de la Justicia. Ya se decía que mientras la Justicia rechazaba arriba los habeas corpus, abajo procesaba los cuerpos. Esa causa terminó con el apartamiento de Penna, pero su procesamiento quedó sin efecto, porque el delito de incumplimiento había prescrito.
En aquel momento, el CELS inició una causa paralela como la de Iglesias. Le pidió un sumario interno y una investigación al administrador general de la Corte, a cargo de la Morgue. Ese proceso concluyó con la suspensión del presidente de la cámara del Crimen, Mario Pena, de otros dos médicos y una orden para profundizar la investigación que nunca se realizó.
Desde entonces, Donnewald se mantuvo en su puesto. Como funcionario nunca aportó información en esa causa. Sólo dijo en alguna ocasión que “estaba preso de las reglas”.
Iglesias inició la querella penal en su contra por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público el 25 de enero pasado, con el número 914/’05. La causa está en manos del juez federal Sergio Torres. Para José Iglesias, Donnewald y su equipo tuvieron “absoluta desaprensión y total desapego al cumplimiento de sus funciones”. El cuerpo de su hijo estuvo perdido durante doce horas; padeció con “veinte a treinta” familiares “el maltrato de los funcionarios que nos trataban como si hubiéramos estado haciendo un trámite para obtener licencia de conducir”. La Morgue depende del administrador general de la Corte, Nicolás Reyes. Doce días después de la tragedia de Once, Reyes firmó una carta de felicitación dirigida a la dirección de la Morgue, por el “desempeño profesional” del equipo en esas instancias. El 4 de marzo, Iglesias le presentó el pedido de remoción del jefe forense. “Mi temor es que se cajonee. Yo creo que va a pasar como pasó con la causa del CELS”, le dijo Iglesias a este diario. Por eso pidió el patrocinio del CELS. Desde que empezó el sumario interno, el padre de Pedro “no tiene ningún tipo de acceso a la denuncia ni al sumario. No puede peticionar o saber qué esta pasando. Independientemente de la cuestión de fondo, la prohibición de participar le impide el derecho básico de acceso a la información”, explica en este caso Morales. El CELS sigue varios aspectos de la causa Cromañón, entre ellos la respuesta del Poder Judicial sobre el tratamiento de los cuerpos. “Fueron tratados como ‘bolsas de papas’, sin ningún tipo de respuesta para resguardar el futuro derecho al duelo de los familiares”, dice Morales.