Julio Lucini tendrá una semana agitada. Después de pases por otros juzgados y una pronunciación de la Cámara de alzada, en su despacho quedaron tres de las cuatro causas vinculadas con la tragedia de Cromañón: además de la más conocida contra Chabán y los ex funcionarios del gobierno porteño recién procesados por presunto homicidio culposo agravado, Lucini avanza con una por “abandono de persona seguido de muerte” contra el Centro Operativo de Emergencia (COE) presidido por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y con otra por el presunto delito de asociación ilícita en la que se investiga una caja negra de recaudaciones non sanctas entre funcionarios, ex funcionarios y los dueños de Cromañón.
La causa conocida como causa Cromañón en realidad es sólo la primera, la que se inició el día de la tragedia para evaluar la responsabilidad de Chabán y de los funcionarios públicos en la habilitación y el estado del edificio administrado por él. La última novedad de ese expediente fueron los procesamientos y un embargo por 20 millones de pesos de cinco ex funcionarios públicos del gobierno de Aníbal Ibarra por homicidio culposo agravado. En esa misma causa, Lucini procesó, además, a tres oficiales de la Policía Federal por el delito de “cohecho pasivo” por haber cobrado supuestas coimas y les agregó el cargo de “cohecho activo” a Omar Chabán y Raúl Villarreal.
Mientras aguarda la presentación de apelaciones de los procesados, Lucini avanzará con un nuevo aspecto de esa causa. “Intentará determinar la regularidad o irregularidad del certificado de habilitación extendido por el Cuerpo de Bomberos”, le dijo el abogado José Iglesias a Página/12. Lucini deberá cotejar el plano de habilitación con la locación real del boliche regenteado por Chabán, para indagar por qué la famosa puerta de emergencia recibió ese nombre si en realidad era una puerta de salida al estacionamiento del Central Park Hotel, el edificio lindero.
Fuera de ese expediente, Lucini tiene en manos la causa por “abandono de personas seguido de muerte” contra el llamado Centro Operativo de Emergencia. El COE está presidido por el jefe de Gobierno porteño, pero incluye –como sostiene la denuncia– a todo el gabinete, la dirección del SAME, de Defensa Civil, de Hospitales y la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Lucini se excusó de trabajar en la causa, el expediente fue a sorteo y recayó en el juzgado de Luis Osvaldo Rodríguez, que se declaró incompetente. La Cámara volvió a mandarle la causa a Lucini, quien ahora, con los procesamientos de la causa principal concluidos, avanzará con la evaluación de cómo y de qué manera se llevaron adelante los socorros.
La última causa en sus manos es la de asociación ilícita. Allí no sólo se evalúa la complicada trama de off-shore ocultas bajo la máscara de Cromañón, sino el rol del empresario textil y turístico Rafael “Lito” Levy, Chabán y ex funcionarios del gobierno porteño del área de Inspecciones y de Seguridad que aún no fueron procesados ni imputados en la causa.