A más de cuatro meses de la tragedia de República Cromañón, el juez de la causa resolvió que los músicos de la banda Callejeros deben dar cuenta de su posible responsabilidad por ese hecho, en el que murieron 193 personas, entre ellas familiares de algunos de ellos. El juez Julio Lucini hizo lugar a un pedido que realizó hace un mes y medio el fiscal Juan Manuel Sansone para que se les tome declaración indagatoria a los seis miembros del grupo, a quienes se les imputa el delito de “homicidio culposo”, es decir, cometido por negligencia y sin intención. Los argumentos que esgrime el fiscal son los mismos que dieron pie al procesamiento, por el mismo delito, del manager del grupo, Diego Argañaraz: “Todos sabían que era peligroso hacer un recital en el que el público usa pirotecnia, en un lugar cerrado y con tanta cantidad de gente”, explicó a Página/12 una fuente judicial. Los músicos deberán presentarse entre el 23 y el 26 de este mes.
La citación de Lucini alcanza al cantante y líder del grupo, Patricio Santos Fontanet –quien ya declaró en forma espontánea–; el baterista, Eduardo Vázquez; el bajista, Cristian Torrejón; el saxofonista, Juan Carbone, y los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy. Su abogado, Mariano Silvestroni, adelantó que los músicos esgrimirán el mismo argumento que utilizó Argañaraz: “Las autoridades sabían que se hacía recitales en lugares cerrados, con pirotecnia, y no los prohibieron”.
En su pedido de indagatoria, el fiscal entendió que correspondía encuadrar la conducta de los músicos como homicidio culposo, ya que “actuaron con negligencia al permitir el ingreso de gente con bengalas”. Para el fiscal, “está demostrado que el grupo tenía el control del manejo del espectáculo, tanto del ingreso del público como de su desarrollo”. Su pedido se fundamenta en “abundantes testimonios, incluso de las propias víctimas, y pruebas documentales que dan cuenta de que el grupo tenía conocimiento del uso de bengalas por parte del público y de que habían ocurrido incendios anteriores en Cromañón”.
Ese conocimiento, según el fiscal, quedó plasmado en una entrevista que el periodista Juan Di Natale le hizo al baterista antes de la tragedia, pero con la idea de ser emitido después: así, Vázquez se refería al recital del 30 de diciembre como si ya hubiera ocurrido, diciendo que las bengalas fueron “la frutilla del postre” del espectáculo, al que asistieron unas “cuatro mil personas”. Si bien el reportaje no salió al aire en su momento, fue incorporado a la causa. Para corroborar si la entrevista es auténtica, el juez citó a declarar como testigo al periodista autor de la nota.
Para Silvestroni, la imputación es “absurda por donde se mire”. “¿Los músicos tendrían que haber parado el recital? ¿Qué pasaba si, al suspender el concierto, se producían incidentes? ¿Ellos sabían que era peligroso y llevaron a sus propias familias?”, se preguntó el defensor.
“Hace diez años que hay recitales en lugares cerrados con pirotecnia y ni las autoridades ni los legisladores hicieron nada”, argumentó Silvestroni. El abogado, que también defiende al manager de Callejeros, presentará un video donde “se recopilan imágenes de 25 espectáculos, algunos con distintas bandas de rock y hasta obras infantiles, donde se usa pirotecnia en lugares cerrados”. Lo hará llegar a la Cámara del Crimen, en la audiencia de apelación de la preventiva de Argañaraz, prevista para el 30 de mayo próximo.
En cuanto a las declaraciones del baterista, Silvestroni descalificó la prueba al sostener que “se trata de una entrevista trucha, hecha antes de que ocurra el recital sobre el que supuestamente habla Vázquez”.
Además de Argañaraz, está procesado por homicidio culposo Lorenzo Bussi, quien actuó esa noche como responsable de la seguridad de la banda. Por el mismo delito, el juez procesó el viernes a la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y a otros cinco ex funcionarios. Los únicosdetenidos son el dueño de Cromañón, Omar Chabán, y su hombre de confianza, Raúl Villarreal, ambos acusados por “homicidio simple con dolo eventual”.
Para la defensa, “los que tenían que haber parado el espectáculo son los funcionarios públicos y no los músicos”.