El 11 de abril Página/12 publicó un artículo donde se detallaron las irregularidades aparecidas durante una auditoría en las Curadurías Oficiales. Aunque este diario se comunicó ese día con la Defensoría General de la Nación para dar espacio a su respuesta, ésta no llegó hasta más de veinte días después. En un voluminoso sobre, aportaron documentación acerca de las Curadurías, pero sobre todo acerca de las causas en que Romero fue sobreseído y que se vinculan al juicio político que enfrenta. Esta semana, el defensor general deberá responder a los cargos en su contra aprobados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
La respuesta de Romero sobre las Curadurías tiene varias curiosidades. Allí el defensor general sostiene que el ex interventor Marcelo Jalil –quien sólo estuvo en el cargo un mes y medio– fue relevado “por sus excesivos planteos en orden a viáticos, mayor personal e inclusive custodios”, cuando en verdad Jalil renunció a los viáticos y fue él mismo quien pidió su relevamiento en un durísimo documento donde denunció impedimentos para ejercer correctamente su función. El propio Romero lo admitió en la resolución 114/05 fechada el 17 de febrero, donde dice que Jalil “ha solicitado se le releve” por lo cual nombra en su reemplazo a la contadora Rosa Burgos.
Romero también explica que “la actividad investigativa fue encomendada a la Contadora Rosa Isabel Burgos con fecha 05 de abril de 2005”, es decir 50 días después de ser nombrada. Lo cierto es que ese 5 de abril la Defensoría parece haber sido presa de una febril actividad. Con la misma fecha, Romero firmó la resolución donde dispone “la formación de una prevención sumaria” para “esclarecer la conducta de los funcionarios y agentes implicados” en un anexo, que incluye 51 casos investigados por los auditores durante la gestión de Jalil. Y también el 5 de abril en la Defensoría se acordaron del caso de Alicia Fernández (ver nota central).
¿Por qué todo el 5 de abril? Ese día el ex interventor Jalil dirigió una nota al Administrador General de la Defensoría, Jorge Aguirre, donde solicitó que se le informara “si se han realizado las denuncias y sumarios administrativos correspondientes” después de que él informara sobre “elementos que evidenciaban prima facie la comisión de delitos e irregularidades administrativas graves en perjuicio de los asistidos” y advertía que de lo contrario él estaba en la obligación legal de presentar las denuncias.
La respuesta de Romero también incluye otros elementos. Sostiene que “hubo casos en lo que no existían justificativos que ameriten la instrucción de un sumario, tan sólo se trataba de información deformada”. Cita el caso de una extracción de 50.000 pesos de la cuenta de un insano que en la auditoría aparecía sin destino conocido, cuando estaba en un plazo fijo ordenado por el juez. En cambio no menciona otras dos extracciones sin explicación de altos montos de las que informó este diario. Tampoco hace referencia alguna al hecho de que propiedades de los insanos son alquiladas por empleados de la Curaduría o sus familiares. Incluye un informe de la curadora Liliana Armas, que defiende su actuación, por ejemplo en la compra de dos lavarropas comerciales a cuenta de la paciente Elide Aversano, cada uno por 1490 pesos, sobre la base de que hay fotografías de la entrega en el Moyano y de que la compra no fue objeto de observación por parte del juez. Luego dice que esa misma paciente no estaba en el Moyano cuando le compró una parcela en un cementerio privado de Quilmes, pero la información de la auditoría muestra lo contrario.
Finalmente, Romero incluyó en su respuesta abundante material sobre las denuncias en su contra en las que fue sobreseído o en que el caso fue archivado: en la denuncia de los diputados Bravo y Lázara por dichos vertidos a Jorge Yoma, en la denuncia de Ricardo Monner Sans sobre designación irregular de defensores oficiales, en la denuncia de Hilario Lagos sobre control del funcionamiento de las fiscalías barriales, en la denuncia del defensor Iglesias sobre exámenes médicos al doctor Lagos, en la denuncia del juez Noro Villagra sobre patrocinio en causas civiles a personas que tendrían recursos, en la denuncia de Monner Sans sobre contrataciones irregulares, en la denuncia anónima sobre malversación de fondos en la reunión anual de Mar del Plata y en la denuncia del Tribunal Oral Criminal Penal Económico por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En cambio fue condenado en una denuncia de Monner Sans por calumnias e injurias.