Hoy los docentes de todo el país enrolados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) pararán por 24 horas en todo el país. La huelga nacional –la primera en los dos años de gobierno de Néstor Kirchner– responde al reclamo de un aumento de la inversión educativa, suba de salarios y una ley de financiamiento que garantice el incremento de fondos nacionales y provinciales. La descentralización que se terminó de completar en 1992 –las escuelas primarias se habían transferido en 1978– pasó a manos de las provincias la gestión directa de las escuelas y el pago de salarios. “Queremos terminar con el modelo educativo menemista. Hay que derogar la Ley Federal de Educación y avanzar hacia un proyecto nacional de educación pública”, dice Hugo Yasky, secretario general de Ctera y uno de los organizadores del paro.
La anunciada medida de fuerza coincidió con las tomas de colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires. Esa combinación, sumada al paro de los docentes universitarios y a una movilización de la FUA volverá a poner el conflicto educativo en las calles (y, por lo tanto, en la agenda política). Eso no sucedía desde los últimos años del gobierno de Carlos Menem, cuando la Carpa Blanca se convirtió en un símbolo que, a su modo, contribuyó a la gestación de la Alianza. El paro de hoy tendrá algo de aquellos años: maestros de todo el país viajaron a Buenos Aires para participar de una marcha al Congreso.
La movilización estará encabezada por una bandera con el lema “Basta de desigualdad educativa, financiamiento para la educación”. Partirá a las 11 desde Lima y Avenida de Mayo. Los manifestantes exigirán un salario básico único para todos los maestros del país, la incorporación al básico de las sumas en negro y el mantenimiento de las asignaciones por antigüedad. “Frente al Congreso vamos a finalizar simbólicamente el recorrido de todas las caravanas educativas que hicimos en las provincias”, anticipa Yasky. La decisión de realizar el paro fue tomada hace más de dos meses en un congreso de Ctera. Desde entonces, la federación que agrupa a los gremios organizó una caravana de protestas en la mayoría de las provincias.
El recorrido por el país permitió descubrir realidades difíciles de imaginar desde Buenos Aires. “Anteayer (por el martes) estuvimos en Caucete, en la provincia de San Juan. Allí estuvimos en una escuela para 600 alumnos que tenía una letrina para varones y una letrina para mujeres. Algunos se escandalizan porque los alumnos protestan sacando los bancos a la calle. En muchas provincias no lo podrían hacer porque no tienen pupitres”, denunció Yasky. A principios de año, el gobierno nacional fijó un piso de salario inicial de 700 pesos para todo el país y le garantizó financiamiento extra a las provincias que no llegaban a ese piso. El problema es que en la mayoría de las jurisdicciones el salario básico sobre el que se aplican las retenciones jubilatorios, de obra social y la antigüedad ronda la mitad de ese monto, los complementos en negro hacen el resto.
Lo que hay es una desigualdad muy notoria. Un ejemplo es la Salta de Juan Carlos Romero, donde tuvo lugar el último conflicto docente que incluyó una feroz represión. La actuación de la policía obligó a intervenir al obispo y despertó la atención de los medios nacionales. “En Salta hubo un volcán que hizo erupción. Los docentes estuvieron más de diez años sufriendo recortes. En 1995, Romero decidió recortar la antigüedad. Lo hizo cinco años antes que el resto de las provincias. El salario docente y la inversión son de los más bajos del país”, dice Yasky. Lo que cuenta refleja un proceso más general.
Para los gremios, el problema más grave es la fragmentación del sistema educativo. Las escuelas y los docentes dependen directamente de las provincias. La Nación ha intervenido de hecho a través del Fondo de Incentivo Salarial Docente (Fonid), un plus salarial de 110 pesos mensuales que se pagan con recursos del Tesoro provincial. Una limitación adicional para las recomposiciones salariales es la Ley de Responsabilidad Fiscal que le impide a las provincias aumentar los gastos corrientes –los salarios lo son– si no aumenta el Producto Bruto Interno.
¿Qué hacer entonces? Desde los gremios proponen que el Congreso sancione una ley convenio que obligue a las Legislaturas a refrendarla para que todos los gobernadores se comprometan a aumentar la inversión educativa. El Gobierno, en cambio, está pensando en sancionar una ley acuerdo, que permita que la confirmación la haga directamente el gobernador a través de un decreto, sin discusión parlamentaria. Pero en Ctera quieren ir por más. “Hay que sancionar una nueva ley para terminar con la provincialización del sistema educativo”, propone Yasky.