Se promocionaron y vendieron como una alternativa a la creciente violencia urbana. Poder vivir “con todo abierto”, sin preocuparse por cerrar el auto o guardar las bicis de los chicos al anochecer fueron parte de las promesas del marketing inmobiliario. Pero los asaltos que se vienen replicando en distintos countries del conurbano –sólo en la última semana se conocieron tres– parecen resquebrajar aquella imagen idílica, de paraíso familiar, y confirmar que la inseguridad se coló muros adentro. Robos internos, requisas al personal doméstico, sospechas sobre los vigiladores privados y medidas de seguridad cada vez más sofisticadas –que no alcanzan– surgen como la cara más oscura de los barrios con candados.
“Así como en los ’90 se ensalzaba a las urbanizaciones cerradas como el símbolo del éxito y del progreso, asociado a una clase que ascendió económicamente con la convertibilidad, ahora empiezan a aparecer los rostros menos rutilantes de estos barrios privados”, analiza Florencia Girola, antropóloga social y estudiosa del fenómeno country.
La serie de atracos de la última semana la inauguraron tres desconocidos que en la madrugada del lunes entraron al Barrio Hindú, un country de Don Torcuato, y se llevaron electrodomésticos de una casa que en ese momento estaba desocupada. Habrían ingresado por un alambrado varias veces reparado. Un vigilador que los descubrió recibió un impacto de bala en una pierna cuando intentó detenerlos. El martes fue el turno del barrio Barrancas de San Isidro, en ese partido del norte del conurbano bonaerense (ver aparte). El miércoles le tocó al club de campo La Tradición, a la altura del kilómetro 41 de la Autopista del Oeste, en el partido de Moreno; el blanco fue una vivienda que en ese momento no albergaba a sus ocupantes: los asaltantes se llevaron joyas, alhajas, electrodomésticos y otros objetos de valor.
“Esta seguidilla de robos viene a marcar los límites de la utopía de vivir en un barrio privado”, apunta María Carman, doctora en Antropología Social, quien ha tomado el encapsulamiento de los countries como tema de investigación en su beca posdoctoral Conicet.
La lista de asaltos, en realidad, es más extensa e incluye, entre otros, al country San Diego, en Moreno; a La Peregrina, en Pilar; al Boating Club de San Isidro, en Beccar; al Club de Campo Pilar del Lago, en Pilar; Los Nuevos Ombúes, en Florencio Varela; Las Glorias, en Benavídez; el Náutico Escobar Country Club, el country El Bosque, en Campana; el Argentino Farm Club, en Luján; el Tortugas Country Club y el Complejo Nordelta, en el Tigre. Pero el caso más emblemático de inseguridad intramuros es, tal vez, el asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2003 en el country club El Carmel. Aunque hay quienes piensan que lo mismo hubiera sucedido ahí como en un departamento de una ciudad.

Costos:

Miguel Angel Martín, especialista en temas de seguridad, no se sorprende por la reiteración de hechos. “El delincuente busca dónde hay plata y se supone que en los countries hay. Además, los barrios privados se relajaron, bajaron la guardia, porque se supone que ahí no ocurría este tipo de hechos y no hacen todo lo que deberían hacer. La seguridad tiene sus costos”, opina. Martín es presidente del Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje, una entidad que asesora a countries en cuestiones de seguridad y brinda capacitación para enfrentar situaciones de toma de rehenes y secuestros. Marcelo Fabregás es urbanista y desarrolló un barrio cerrado en Escobar: según sus cálculos, en uno tipo, sin cancha de golf, el costo de la seguridad equivale al 50 por ciento de las expensas, que rondan los 250 pesos en promedio. “Es el servicio más caro en esos casos”, precisa Fabregás.
Algunos barrios cerrados, advierte Martín, tal vez redujeron la cantidad de vigiladores para achicar costos. “Pero también es cierto que el country San Diego tiene de todo y también allí entraron ladrones”, destaca Martín. Cuando dice “de todo”, se refiere a las medidas de seguridad. No obstante, San Diego tiene como contra a la hora de hablar de seguridad su gran tamaño: más de 412 hectáreas en las que se distribuyen 645 viviendas, dos canchas de golf, 20 de tenis, seis de polo, picadero y pista de salto para equitación, dos piletas de natación, 10 canchas de fútbol, solariums y cuatro club houses. Además, diariamente ingresan a San Diego una mil personas, entre empleadas domésticas, proveedores, obreros y jardineros.
Las medidas de seguridad varían notoriamente entre las múltiples urbanizaciones cerradas. Pueden ir desde una barrera de ingreso, un cerco perimetral y vigiladores que recorren el predio cada hora como en el Hindú Club hasta casos como el Club de Campo Pilar del Lago, un lujoso country de Pilar, frente al Hospital Austral, que tiene doble cerco perimetral con sensores que activan una alarma de última generación, vigiladores que recorren el lugar en todo momento y controlan la entrada y salida de autos y cámaras con circuito cerrado de tevé. Tanto el Hindú Club (de sólo 10 hectáreas de extensión y unas cuarenta viviendas para nada fastuosas) como Pilar del Lago (de 47 hectáreas, nueve hoyos de golf y hasta laguna con isla artificial) fueron blanco de ladrones.

Sospechas:

“En los countries hay poder adquisitivo y los delincuentes piensan que tienen posibilidad de obtener un botín. Y en algunos lugares los sistemas de seguridad están evidenciando algunas fallas que tienen que ver, a veces, con la actuación de los propios vigiladores, y otras, con políticas del mismo country”, indicó el viceministro de Seguridad de la provincia, Martín Arias Duval. De todas formas, el funcionario minimizó el fenómeno: “No parece haber puntos de conexión entre los distintos hechos ni hay un aumento considerable de casos”, indicó en diálogo con Página/12.
Más allá de la polémica de si se trata de una nueva moda delictiva o son episodios aislados, lo cierto es que el tema está preocupando a los ocupantes de estas nuevas urbanizaciones, que compraron la idea de la intangibilidad de murallas que los debían aislar de un exterior cada vez más hostil. En La Peregrina está prevista una asamblea de vecinos el próximo sábado. “Se van a analizar distintas propuestas para mejorar la seguridad. En principio, después del robo se hizo una auditoría externa”, comentó a este diario el gerente de este exclusivo country de Pilar, Juan Carlos Paredes.
La Peregrina fue asaltado el 7 de marzo. Fue un golpe tipo comando: ocho delincuentes hicieron un pequeño agujero en el alambrado que da a una calle lateral del country y entraron caminando. Un grupo copó la garita de los vigiladores y otro asaltó dos casas. Media hora después escaparon con dos autos, dólares, electrodomésticos, armas y uniformes de custodios. Casi dos meses más tarde fueron detenidos: eran presos con salidas transitorias.
Actualmente, La Peregrina tiene unas treinta obras en construcción y alrededor de doscientas personas que ingresan cada día para trabajar en ellas. Una de las alternativas que barajan es la de exigir un certificado de antecedentes policiales a los empleados temporarios. “Para ver si son obreros o es gente que quiere aprovecharse”, aclara Paredes. Es que en algunos atracos se maneja la hipótesis de que personal desleal podría haber dado información a alguna banda sobre los movimientos internos del barrio.
La posibilidad de pedir antecedentes policiales a los empleados también la están estudiando en el municipio de Pilar para proponérsela a todos los contratistas de barrios privados y clubes de campo de su territorio, según reveló a Página/12 Osvaldo Pugliese, jefe de Gabinete de esa intendencia, epicentro de urbanizaciones cerradas. “Estamos trabajando con la policía para ver si se puede facilitar y abaratar el trámite. Hoy nadie pide antecedentes al personal que entra a trabajar en una obra y muchas veces se cuelan individuos con captura pedida o frondosos prontuarios. En cambio, la exigencia de un certificado de antecedentes es un requisito en la administración pública”, indicó el funcionario.
Pero las sospechas en los robos no se reducen a obreros y jardineros: a veces también alcanzan a los mismos vigiladores encargados de proteger la seguridad intramuros. “A pesar de las barreras materiales que la clase media crea contra el miedo, jamás logra extinguirlo. Ahora –reflexiona la antropóloga social Carman–, la amenaza está en el propio barrio: cada camión que entra o cada empleado –cuya diferencia está sobremarcada, por contraste a la homogeneidad estética de los residentes– resulta un potencial caballo de Troya.”

Marketing:

En realidad, en los countries y barrios privados clasifican los robos en tres tipos. “El robo interno, que sucede sin que trascienda, donde los autores suelen ser adolescentes hijos de propietarios o personal de obra o de maestranza; el robo un poco más fino, a partir de información de gente que trabaja adentro, donde los intrusos cortan el alambrado perimetral y asaltan tres o cuatro casas que saben que están vacías, y el robo muy planificado, como el de La Peregrina”, describe Pugliese.
En Pilar, cuenta el funcionario, se da la paradoja de que el número de vigiladores privados casi supera en diez veces al de policías bonaerenses. “No hay más de 400 o 500 agentes de la Bonaerense contra 4000 de la seguridad privada: es como un ejército de ocupación”, graficó.
Los robos grandes, más planificados, son minimizados también desde la Federación Argentina de Clubes de Campo. “No hay ni más ni menos que los que podrían esperarse. Si se roban bancos, cómo no se va a entrar a un country. Es razonable que se produzca algún hecho”, señala Jorge Juliá, gerente de la entidad que agrupa a las cuarenta urbanizaciones cerradas más importantes. Sobre los asaltos internos no deja dudas: “Siempre existe la delincuencia menor, el robo de una manguera, de zapatillas, de bicicletas”, dice. En algunos casos, hasta se han robado plantas de un jardín para colocarlas en el otro extremo del barrio, según relató un countrista a este diario.
Curiosamente, los robos internos no suelen denunciarse en la comisaría de la zona. “Los countries y barrios privados hicieron mucho marketing sobre la idea de que se podían dejar las bicis afuera, en el jardín. Pero los pequeños robos son una constante: se han robado autoestéreos y laptops que estaban adentro de autos. A veces son los hijos de los mismos miembros de la comisión interna del barrio y se resuelven puertas adentro, para que no caiga el prestigio, salvo que el vecino afectado esté muy rabioso”, describe Fabregás, urbanista y desarrollador de un barrio cerrado de Escobar.
La decisión de no llevar a la Justicia los casos en los que los autores de los delitos son los propios habitantes del lugar –o sus amigos– se invierte drásticamente cuando los responsables de los delitos son “externos” al barrio o bien personal interno contratado, como empleadas domésticas, jardineros o custodios. Al respecto, reflexiona Carman: “La intervención policial o judicial es justificada, entonces, no por la calidad del visitante o no del acusado, sino por la clase social a la cual se adscribe”. Para el personal interno en muchos countries están previstas requisas especialmente al salir de la urbanización. En algunos barrios los proveedores, empleadas domésticas y operarios tienen una tarjeta magnética personal que deben pasar por un lector cada vez que entran y salen del barrio y que permite mostrar rápidamente en una pantalla de computadora sus datos y qué días están autorizados a pasar.
Para Girola, antropóloga social, los robos internos marcan que “esta supuesta comunidad de iguales solidarios se resquebraja por todos lados”.
Tal vez el problema no sean los alambres perimetrales permeables a la delincuencia, sino el hecho de que se haya vendido –y comprado– la ilusión de la seguridad absoluta intramuros. La realidad ha demostrado que se trataba de una utopía o de una ilusión marketinera cocida al calor de la era menemista.