El 23 de mayo pasado, un día antes de que Mario Berrueta recibiera su diploma de licenciado de manos de su propio hijo en el escenario del Teatro Argentino de Luján (ver aparte), un grupo de funcionarios de la Defensoría General de San Martín se hizo presente en la misma Unidad 5 de Mercedes donde Berrueta había pasado los últimos 23 años de su vida. La misión del grupo era constatar si la vida de los internos del penal se correspondía con lo que constitucionalmente se conoce como lugar de encierro y no de martirios y torturas. Como era de preverse, se constató que sólo se correspondía con un lugar denigrante. Tanto que al día siguiente, el mismo día en que el director del penal Javier Ciancio hacía esforzadas contorsiones por aparecer en las fotos del preso diplomado (ver aparte), los funcionarios de San Martín presentaban una denuncia penal desglosada en dos partes: una, por el robo de 800 kilos de fruta del depósito de la U5; la otra, porque a los presos les estaban robando la vida, entre ellos a uno cuyo caso merituó la figura delictiva del abandono de persona.
Habrá que recordar que antes que Ciancio como director de la U5 había pasado Eduardo Flores. Este diario informó, en julio de 2004, sobre su breve paso al frente del penal. Llegó en octubre de 2003, en reemplazo de Abel Chirillano, pasado a disponibilidad porque dos presos de la unidad habían llegado a despachos judiciales armados con cuchillos. A Flores lo había designado personalmente el ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios Eduardo Madar, uno de los pocos que podía asomar a la superficie durante la calamitosa gestión ministerial de Alfredo Meckievi.
Lo primero que hizo Flores fue reunir al personal para darle dos consignas: que no se metiera la mano en el bolsillo de presos ni guardias; y que los presos eran personas. Después, echó del penal al segundo de Chirillano, Héctor Venche, porque no lo consideraba apto para cumplir ninguna de esas dos premisas.
En ocho meses, Flores rechazó varios envíos de carne en mal estado, demostrando que la intervención del SPB a cargo de Héctor Cabrera era un mero trámite. El nivel de vida de los presos durante la gestión de Flores ascendió tanto que internos de otros penales pedían ser trasladados a Mercedes “porque ahí se come bien y te tratan como gente”, según confió el defensor general de Mercedes, Juan Mahíquez, durante una visita al penal de Sierra Chica. La mosca blanca se convirtió en una situación insostenible para el sistema. La jefatura platense primero desbordó el penal de presos, provocando un motín por hacinamiento. Después, fraguaron la idea de que un preso había resultado herido en el motín por una bala de plomo. Y Flores fue desplazado y después retirado. Para esa época, Madar ya no estaba, y uno de sus funcionarios designados, Juan Manuel Casolati, tampoco. Casolati, que ya había sufrido amenazas del SPB, estaba a cargo del área que investiga la actuación penitenciaria. Renunció luego de presentar un informe lapidario sobre los mecanismos de la corrupción multimillonaria dentro del SPB y volvió a su puesto de batalla anterior: secretario de ejecución penal en la Defensoría General de San Martín.
El 23 de mayo, un día antes de la entrega de diplomas en Luján, Casolati, acompañado por los defensores oficiales de San Martín Marcelo Varvello y Horacio Martínez Ledesma, y los secretarios de la defensoría Ariel Speranza Rossi y Gabriel Franco, realizaron una visita sorpresiva a la U5. Se dividieron en dos grupos: uno recorrió los pabellones y el otro el depósito de alimentos, la cocina y la sección sanidad.
Lo que vieron los ojos y las cámaras de los funcionarios fue tan grave que derivó en una denuncia penal al día siguiente. En un sentido eminentemente práctico, los visitantes redactaron actas por deterioro, instalaciones eléctricas precarias, pasillos y calabozos con humedad, falta de limpieza e higiene, carencia de elementos de limpieza, falta de vidrios, cañerías rotas y olores nauseabundos, deplorables condiciones alimentarias y de asistencia médica, marcado hacinamiento en celdas creadas comoindividuales que albergan 3 o 4 internos. Pero la denuncia penal estuvo centrada en dos hechos:

1) Robo en el sector de alimentos: “... al relevar el sector depósito sólo se hallaron 180 kg de fruta, no pudiendo explicar las autoridades de la unidad el faltante de 800 kg”. Además las cantidades de carnes usadas no coincidían con los libros contables: el jefe de carnicería declaró que repartía 300 raciones de carne de tres churrascos cada una para la población con régimen especial y 60 de medio kilo de carne picada para los desdentados. Sin embargo, la lista que exhibía el mismo jefe mostraba que con dieta especial sólo había 163 personas, cifra que tampoco coincidía con las listas que figuraban en administración.

2) El día de la visita habían pasado por Sanidad siete internos. Uno tenía gastritis (por mala alimentación), y le recetaban un medicamento que no había en el penal. Otro, se compraba la droga por sí mismo. Los casos más graves estaban relacionados con la desatención a pacientes con tuberculosis y sida, pacientes que expectoraban sangre. Uno de ellos había reingresado en el penal 16 días antes, el médico sabía de su caso, pero dijo que no lo había podido atender porque no había tenido tiempo. “En la unidad –sostiene la denuncia–, no se desempeña ningún médico especialista en infectología, pese a tener registradas a 18 personas con HIV.”