En los últimos años, los fallos del Tribunal Oral 3 de San Isidro se volvieron célebres. En el ambiente judicial se conoció a los jueces por la dureza con la que castigaron a presuntos delincuentes y la ligereza para absolver a uniformados ligados a casos de gatillo fácil y acusados por el ministerio público de homicidio. Los familiares de las víctimas del gatillo fácil ayer los denunciaron con un escrache en Tribunales. Junto a ellos criticaron además a sus pares del Oral 4. El escrache puede convertirse en la antesala de un pedido de juicio político por parte de los familiares y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tiene bajo estudio los fallos del Oral 3.
El listado de casos denunciados resume apenas cinco de los fallos más conocidos dictados entre 2003 a 2005 por el Tribunal 3. Aunque no son todos, la serie demuestra lo que el CELS define como “una especial inclinación a tratar el tema de la violencia policial con una cuota de parcialidad”, según explicó a Página/12 la abogada Andrea Pochat, directora adjunta de la entidad.
El CELS intervino en un caso testigo. El de Darío Riquelme, el chico de 16 años que para defenderse de una persecución policial tomó como rehén al músico Mariano Witis. El Tribunal Oral 3 de San Isidro condenó al cabo Emir Champonois a ocho años de prisión por el crimen del músico, pero lo absolvió por la muerte de Riquelme porque consideró que el cabo actuó en legítima defensa. Con posterioridad, esa absolución fue revocada por la Cámara de Casación, que consideró el fallo “discriminatorio” y dijo que el policía “tiró a matar”.
Ese fallo puede sentar un precedente, pero el CELS releva varias sentencias: “No se analiza uno sino un conjunto de casos donde casualmente, cuando se denuncia la violencia policial, ellos muestran una especial inclinación a beneficiar a los policías”, agregó Pochat.
El mismo síntoma fue advertido por los familiares. Raquel Witis, la madre de Mariano, se acercó ayer a Tribunales para “denunciar la arbitrariedad y descuido de cada uno de los fallos”. Como lo explica ella, los jueces “no están sancionando el uso de arma, con sus decisiones cualquier policía puede sacar un arma y disparar”.
Más allá de los jueces escrachados, cuya actuación aún es materia de análisis, desde el CELS sostienen que la corporación judicial es proclive a producir este tipo de acuerdos porque depende de la policía para la investigación. “Ni los fiscales ni los jueces investigan –señaló Pochat–, los que investigan son los policías: el propio sistema es bastante perverso y hace que estas dos corporaciones trabajen del mismo lado”.
Los jueces del Tribunal Oral 3 cuestionados son Marcelo García Helguera, Ezequiel Igarzábal y Carlos Vales Garbo. Por sus manos pasaron los siguientes cinco casos:
- Víctor “Frente” Vital: Murió el 16 de febrero de 1999 a los 16 años. El fiscal pidió una pena de 12 años de prisión para el sargento Héctor Eusebio “El Paraguayo” Sosa. Para los jueces, su responsabilidad no quedó probada: lo absolvieron el 18 de mayo pasado.
- Gustavo “Guchi” Luna: Era albañil, tenía 25 años. El 29 de septiembre de 2002 recibió dos tiros en la cabeza desde la cabina de una Chevrolet. En ella viajaba el sargento Norberto Idelmo Gallo, que terminó enjuiciado. En junio de 2004, el tribunal lo absolvió.
- Alejandro Levickas: Murió en Beccar en medio de una persecución a dos ladrones en la que intervinieron 30 patrulleros y se hicieron más de 100 disparos. Levickas recibió cinco balazos y uno de los delincuentes, otros 15. El viernes 6 de junio de 2003, el tribunal calificó de “simplista” la acusación del fiscal Fernando Frutos que había pedido entre 16 años y 18 para cinco policías. Condenó a uno solo de ellos –Juan José Cabrera– a ocho años de prisión y absolvió a los otro cuatro por falta de pruebas.
- Florencia Ramírez: El 11 de julio de 2001 miraba televisión en su casa de Villa Loyola cuando recibió el impacto de una bala que entró por la ventana. El fiscal Mariano Gramática pidió tres años de prisión de cumplimiento efectivo para el policía Marcelo Daniel Pérez. El 26 de mayo pasado, el tribunal lo absolvió.
Sobre el Tribunal Oral 4 recayó, en cambio, la denuncia por la sentencia del último 23 de mayo por el crimen de Martín Suárez. El joven murió el 30 de agosto de 2002 a raíz de los golpes de dos policías bonaerenses y dos civiles. El tribunal absolvió a los policías. Y leyó la sentencia cuando los familiares de Martín todavía no habían llegado a la sala de audiencias.