Ochenta y siete mil familias porteñas ya suman en el incómodo rubro del déficit habitacional, esto es, viven hacinadas, en casas precarias, en peligro de derrumbe o, sencillamente, sin casa. Según reveló el Cohre (Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos), una consultora de la OEA y la ONU en temas afines, la situación en territorio porteño y en el conurbano deja mucho que desear: aumentaron los desalojos forzosos, los desalojos sumarísimos están a la orden del día en los despachos judiciales, se han aumentado las penas por ocupación ilegal de viviendas o tierras, y mientras se subrayan los derechos de la propiedad privada absoluta, los derechos de los que no tienen techo quedan reducidos a la nada. El Cohre presentará hoy, en el Senado, los resultados de su misión internacional en el país y hará sus recomendaciones a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense. Una de las tantas paradojas del catastrófico estado de situación: en la ciudad de Buenos Aires, frente a las 87 mil familias privadas de techo, hay 100 mil techos privados de familia.
En 2004, una misión del Cohre visitó el país para investigar, con colaboración del CELS, el estado de situación de la vivienda tanto en lo que se refiere a planes federales como a la capacidad de acceso a las tierras en el conurbano, a viviendas en la capital, y el problema de los pueblos originarios. Ahora, Leticia Osorio, coordinadora del Programa América de Cohre, con sede en Porto Alegre, y Sebastián Tedeschi, coordinador del área de investigación del mismo programa, presentarán un informe en el Senado con los datos de aquella misión. En sus conclusiones, el Cohre sostiene que “la Argentina carece de una política de vivienda”.
“En realidad –dijo Tedeschi a Página/12–, lo que hay es una política de construcción de vivienda, pero no hay mecanismos para el acceso a tierras o viviendas. Existen planes de vivienda a nivel nacional, pero se trabajaron en forma clientelística.” Tedeschi menciona el Plan Arraigo, puesto en marcha por el menemismo y que tenía como objetivo traspasar las tierras fiscales a los asentamientos ubicados sobre esas tierras. Pero la entrega de terrenos se limitó a la entrega de títulos y sólo se llevó a cabo con el 27 por ciento del total de familias. “Se entregaron títulos por terrenos sin fraccionar y las comunidades se debían encargar de subdividir. En otros casos, como en la ciudad, los terrenos ocupados por los asentamientos se subdividieron, pero siguiendo el Plan Maestro, como si se tratara de manzanas con las dimensiones comunes y no las de una villa, que tiene calles más angostas, lotes más chicos. La falta de consulta a los afectados por un plan provoca que se aparte a una familia de su red de contención social: su circuito de cartoneo, las redes de salud o de comedores, las vacantes en las escuelas para los chicos.”
Osorio sostiene que “no existe otra forma de legitimación que no sea con la compraventa, la fórmula que ya existe en el Código Civil. Y cuando les entregan la propiedad, no existe una política para fijarlos y legalizarlos”. “Se pueden entregar lotes a un barrio, pero si no tienen servicios, si la gente está forzada a colgarse de la luz y a robar agua, por más título de propiedad, esas personas son empujadas a la ilegalidad”, sostuvo Tedeschi.
En Brasil, la fórmula de la vivienda social se aplica mediante los impuestos progresivos: los propietarios de terrenos tienen un plazo de 5 años para construir. Si luego no utilizan esas edificaciones, aumentan sus impuestos hasta llegar al 15 por ciento. Al llegar a ese nivel, se le expropia el inmueble al valor del terreno sin edificar y se le paga con títulos de la deuda. Una manera de desalentar los techos privados sin familia.