En el país, el 40 por ciento de los embarazos termina en abortos clandestinos, un porcentaje que duplica el promedio de Latinoamérica. Esta es una de las principales conclusiones de un informe presentado ayer en Buenos Aires por Human Rights Watch. “La proporción es altísima y evidencia la falta de acceso a la información y a servicios de planificación familiar efectivos”, consideró ante Página/12 la estadounidense Marianne Mollman, investigadora de la organización internacional. La peor consecuencia de los abortos ilegales es, por supuesto, la muerte. “Este resultado es demasiado común en la Argentina”, advierte el informe, en el que la entidad de derechos humanos insta al Gobierno y al Congreso a impulsar una reforma legislativa que legalice el aborto y exhorta al Ministerio de Educación a garantizar que todos los alumnos reciban educación sexual en las escuelas (ver aparte).
“Argentina es el único país del Cono Sur donde las consecuencias del aborto son la principal causa de muerte materna. Son muertes evitables. Eso es lo más terrible”, se asombró Mollman, de la División de Derechos de las Mujeres y autora del informe, cuyo título es: “Decisión prohibida. Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina”. El trabajo se basa en una investigación de campo realizada entre septiembre y octubre últimos por Mollman, que incluyó entrevistas a más de cuarenta mujeres de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán y a más de setenta funcionarios públicos de distintas jurisdicciones del país, representantes de ONG y autoridades hospitalarias y religiosas.
La organización internacional decidió ocuparse de este tema debido a la “notable cantidad de abortos” que se producen en el país, que es de alrededor de 500 mil al año, según cifras reconocidas por el mismo ministro de Salud, Ginés González García, cuando hay unos 700 mil nacimientos anuales.
“Cuando una mujer llega a un aborto es porque ha habido una violación de otros derechos previamente”, apuntó Mollman en una entrevista con este diario.
El informe destaca como muy positiva la implementación a partir de 2003 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable por parte del Gobierno. Pero advierte que en la “práctica” el acceso a información sobre anticoncepción y a los métodos gratuitos –dos de los objetivos de ese plan– está lejos de ser una realidad para muchas mujeres de sectores más carenciados. Tras entrevistar a mujeres de distintas localidades en las tres provincias en las que focalizó su investigación, Human Rights Watch detectó los siguientes obstáculos:
- A veces, los mismos médicos hospitalarios contribuyen a “la desinformación reinante al entregar a las mujeres información tendenciosa, incompleta o incorrecta sobre anticoncepción”.
- Otras veces “ofrecen una gama de opciones anticonceptivas más limitadas que la que la ley permite o que el Gobierno distribuye”.
- En algunos casos, los médicos del sistema de salud pública “desalientan a las mujeres a usar anticonceptivos donados por el Estado, diciéndoles que no son de buena calidad”.
- O les cobran servicios o métodos que deberían ser gratuitos de acuerdo con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Diversos testimonios incluidos en el estudio dan cuenta de estas situaciones. Norma Jiménez, de 35 años, que ha estado embarazada seis veces, relató: “El Estado nos da el DIU gratuito, pero te cobran al controlarlo 15 pesos”. Otras mujeres, en Santa Fe, afirmaron que en algunos centros de salud públicos tampoco les entregan gratis los métodos, lo que les impide a muchas el acceso. Romina Redondo, de 32 años, exclamó: “No tenés todos los meses los 30 pesos para poner una inyección... ¿De dónde sacamos nosotras 30 pesos para una inyección si vivimos del Plan Jefe de Hogar de 150 pesos”.
María Rivara, de 37 años, que tuvo ocho hijos y vive en la provincia de Buenos Aires, afirmó: “Me había ido al ginecólogo... (y) opté por la pastilla. Pero me dijo que después (de usar ese método anticonceptivo) había que hacer el tratamiento para quedar embarazada y que no valía la pena”, recordó la mujer. Paola Méndez, de 35 y madre de diez chicos, quería un dispositivo intrauterino, pero un médico del sistema de salud pública le dijo que el DIU no evitaría los embarazos y que podría, de hecho, dañar a un futuro hijo. “Yo me quise colocar el DIU, pero sabés lo que dicen... que muchos nacen con el DIU en la cabeza. El médico mismo me lo explicó, que la mayoría casi siempre nacen con el DIU en la cabeza”, contó la mujer, del conurbano bonaerense.
En otros casos –señala el informe– no se informó a las mujeres sobre efectos secundarios que pueden afectar la efectividad de ciertos métodos anticonceptivos, como el uso de antibióticos mientras se toman anticonceptivos hormonales. Es lo que le pasó a Laura Passaglia, de 32 años. “Tomé la pastilla. Pero igual me embarazaba... Yo siempre tomé antibióticos por la infección urinaria... Nunca me dijeron nada sobre eso.” La mujer, de la provincia de Buenos Aires, dijo que mientras usaba contraceptivos hormonales –recetados por el mismo médico que le indicó los antibióticos– tuvo cinco embarazos no deseados, además de sus tres hijos anteriores y un aborto natural.
El otro gran eje del informe es la problemática del aborto. HRW cuestionó el hecho de que los abortos “no punibles” se realizan “muy infrecuentente” ante la ausencia de “una política clara regulando su acceso”. De hecho, algunos funcionarios de gobiernos provinciales entrevistados para la investigación no estaban al tanto de que existiesen excepciones en la ley. La organización de derechos humanos advirtió sobre los riesgos que encierra la penalización del aborto en la Argentina: “Lleva a las mujeres a medidas desesperadas como por ejemplo intentar abortar con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil, o ingiriendo medicamentos abortivos sin asistencia médica adecuada”, poniendo en peligro sus vidas. El informe incluye numerosos testimonios de mujeres que se sometieron a abortos en circunstancias precarias con graves consecuencias en la salud. “La misma desesperación te agarra”, comentó Paola Méndez, una mujer de 36 años que quedó embarazada del primero de sus diez hijos a los 17 años. “Buscás un montón de vueltas, pastillas, lo que fuera. Pero si no hay salida, agarrás un cuchillo o una aguja de tejer.”
El informe también denuncia que a las mujeres que llegan a hospitales públicos con hemorragias, infecciones o lesiones, producto de una interrupción voluntaria de un embarazo, “a veces las menosprecian o les deniegan el tratamiento debido” o llegan a darles atención “inhumana”. La peor consecuencia de los abortos ilegales es, por supuesto, la muerte. “Este resultado –advierte HRW– es demasiado común en Argentina.”