El párroco de San José de Boquerón, en Santiago del Estero, fue uno de los primeros en enterarse de que en un diario provincial se anunciaba el remate de un campo de diez mil hectáreas. No era una noticia muy conmocionante, salvo por un pequeño detalle. Dentro de ese espacio hay, además de su parroquia, siete pueblos, que también serán rematados, con sus habitantes incluidos. Eso sí: las oficinas públicas, el destacamento policial y la iglesia no podrán ser vendidos. La pregunta que todos se hacen es para qué servirán si los habitantes son desalojados y no queda pueblo alrededor.
El campo El Ceibal está a unos 250 kilómetros de la capital provincial y consta de ocho lotes que se dividen en los departamentos de Copo y Pellegrini. Las hectáreas fueron adquiridas por el Banco Platense en 1961, y tras la quiebra de esa entidad, los ahorristas damnificados iniciaron acciones legales. El último dato de la historia es un aviso de remate que se publicó el 13 de junio en el diario La Tarde, de Santiago del Estero. La subasta está prevista para el 30 de junio. El párroco llevó el edicto a una FM de corto alcance. Y cuando los términos jurídicos fueron traducidos a consecuencias concretas, los pobladores se desesperaron.
La Asociación Civil El Ceibo trabaja con la gente del lugar, sobre todo en temas vinculados con el derecho a la propiedad de la tierra. Uno de sus integrantes, el abogado Pablo Murature, contó a Página/12 que allí viven “unas 2400 personas”, distribuidas en dos pueblos, cuatro parajes y un asentamiento. La mayor parte de ellos habita en casas precarias y encontró como medio de subsistencia la cría de ganado bovino y algunas cabras. Ninguno de ellos tiene título de propiedad.
Como se sabe, la tierra santiagueña es árida y no se caracteriza por la abundancia de lluvias. En el campo tampoco hay sistema de riego ni caminos, y por lo tanto no es nada fácil encontrar un lugar donde los animales puedan comer. Eso explica la falta de cercas en la zona y el “uso comunitario” de las zonas de pastoreo. El alambrado es un elemento sumamente extraño en esas tierras, donde llegaron hace más de un siglo muchas de las familias que hoy corren riesgo de perderlo todo.
El proceso del remate es seguido con especial atención por una Mesa de Tierras, que está integrada por el Obispado local, la asociación ambientalista Greenpeace, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y la Asociación El Ceibo. Según contó a este diario la titular del Mocase, Nelly Véliz, hace tres años esa organización logró frenar un intento de remate anterior con una carta documento. “Los pobladores viven del ganado y de lo poco que hay, porque no tienen un sueldo”, señaló la dirigente, que hoy llegará a la zona para hablar con la gente e interiorizarse de los detalles.
¿Qué pasará con las familias si el campo se vende? “Terminarán al lado de las rutas, como todos los que van desalojando”, pronosticó Véliz. “Esa es la solución usual –coincidió Murature–. Allí se quedarán hasta que sus animales se vayan extinguiendo. Por lo general, terminan migrando a los centros urbanos de otros provincias, como Buenos Aires y Córdoba.” La titular del Mocase lo terminó de certificar: “Eso es lo que está pasando en Santiago del Estero, y cada día sigue avanzando”, aseguró.
Según trascendió, hoy pondrá sus pies en la zona David Alarcón, el ombudsman santiagueño. Esa visita es esperada con expectativa. “Se está diciendo que la Defensoría del Pueblo va a presentar un recurso de amparo para detener el remate”, comentó Véliz. Sin embargo, esto difícilmente logre dibujar un punto final en el conflicto: según advirtió Murature, se llegaría a una solución definitiva para los habitantes cuando se pongan en marcha las “prescripciones adquisitivas”, un trámite conocido también como “usucapión”, que sirve para convertir en propietarios a quienes habitaron en un terreno durante 20 años sin que nadie lo reclame. “En una primera etapa, se hace la demarcación y la confección de los planos definitivos —explicó el letrado–. Cumplido ese recaudo, se abre una segunda etapa enque se pide al juez que declare el derecho de propiedad y así se puede acceder a los títulos.”
De hecho, ese es un aspecto en el que la asociación civil trabaja junto a los lugareños. “Nosotros vamos a la zona a acompañar diferentes proyectos organizativos. Hace un año y medio empezamos con uno de ellos que se llama Arraigo”, reseñó Murature. Este programa responde “a la necesidad de regularizar los dominios y se originó por el peligro del avance de los cultivos sojeros en la zona”, señaló. Ya son cinco las comunidades del campo El Ceibo que iniciaron los procesos de mensura.
En este sentido, la titular del Mocase indicó que “muchos han sido capacitados, pero otros no saben cuáles son sus derechos ni cómo defender sus tierras. La gente de otros lugares las sigue comprando, mientras ellos quedan desamparados totalmente”, advirtió.

Informe: Daniela Bordón