Con cuatro años de atraso en relación con lo previsto por la Constitución de la Ciudad, se está tratando en la Legislatura el proyecto de ley de comunas, que permitirá dar nuevo aliento al fortalecimiento institucional de Buenos Aires.
En tiempos post Cromañón, en el marco de un debilitamiento profundo de la relación entre gobierno-ciudadanos y ante el fracaso de los mecanismos de control porteño que mostraron conservar todos los vicios de la vieja política, el proceso descentralizador emerge como una herramienta imprescindible para mejorar la gestión y alentar la participación de la gente.
Mejorar y fortalecer la gestión no es sólo propugnar su eficiencia y eficacia sino, sobre todo, garantizar que la descentralización no sea sólo desconcentración administrativa. Para eso es imprescindible otorgar a las comunas atribuciones bien definidas y dotarlas de instrumentos de control con capacidad de sancionar a los que no cumplan con las normas vigentes.
Para poner en marcha este proceso, junto con la ley de comunas debería encararse también una serie de cambios institucionales: la ley de Reforma del Estado porteño (que permita reasignar recursos humanos y financieros), la reforma a la Ley Electoral (modo de elección de los legisladores y representantes de las comunas) y una ley de Presupuesto Participativo (para impulsar la participación de ciudadana en la asignación de recursos).
Desde mi punto de vista, debería contemplarse la continuidad institucional de los 16 Centros de Gestión y Participación, unidades desconcentradas que funcionan desde hace 10 años y que ya tienen un conocimiento de las necesidades de los vecinos. Dichos organismos en muchos casos han demostrado ser eficaces en acercar los recursos del Estado central a los barrios. Quizás habría que modificar algunos de los límites hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios tales como barreras urbanísticas, identidades culturales barriales y cantidad de población.
En síntesis, se debe apuntar a la construcción de una democracia de proximidad, donde los vecinos interactúen con el poder político y las organizaciones sociales, proponiendo soluciones y ejecutando políticas tendientes a resolver los problemas que enfrentan sus comunidades.
La democracia de proximidad nos ha de permitir construir mejor ciudadanía, mayor participación y un control más eficiente. Las comunas debieran ser el ámbito ideal para alcanzar estos objetivos.

* Profesora de Historia Social Argentina. UBA.