Una misión del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) llegó al país para promover la “rápida” ratificación del Protocolo Facultativo de la Cedaw, la convención más importante de la ONU contra la discriminación de la mujer, a la que se opone férreamente la jerarquía de la Iglesia Católica. Ayer la representación del IIDH visitó el Senado –donde debe aprobarse– y se reunió con legisladores de distintos bloques, que expresaron su compromiso de llevar el tema al recinto con premura, en lo posible antes del receso invernal (ver aparte). La misión está encabezada por Evangelina García Prince, académica venezolana experta en derechos de la mujer, ex ministra del área en su país y ex vicepresidenta del Comité de la Cedaw. En una entrevista con Página/12, García Prince derribó uno a uno los “falsos mitos” que enarbola la cúpula eclesiástica para fundamentar su rechazo a este instrumento internacional de defensa de los derechos de las mujeres, como que abre las puertas de la legalización del aborto. “La igualdad tiene que darse en los hechos. Es una incoherencia que la Argentina todavía no lo haya ratificado”, consideró García Prince.
–¿Cuál es la importancia del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocido por su siglas en inglés como Cedaw?
–Los derechos humanos nacieron en clave masculina, considerando a las mujeres como una minoría. Por eso son necesarios instrumentos específicos que toman como punto de partida la desigualdad de la mujer. Con ese espíritu surgió la Convención que fue aprobada por la ONU en 1981. No brotó de la tierra. Llevó 30 años de trabajo tenerla y ha sido aprobada por la mayoría de los Estados, que deben presentar un informe al Comité de Seguimiento de la Convención cada cuatro años. El Protocolo Facultativo es un tratado anexo y fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Fue una decisión histórica para las mujeres de todo el mundo.
–¿Por qué?
–El Protocolo completa el marco internacional de protecciones de los derechos de las mujeres. Equipara la Convención con otros tratados internacionales de derechos humanos por los mecanismos que establece, como la Convención contra la Tortura que han sido ratificados por toda la comunidad internacional. Mediante la ratificación del Protocolo, los Estados reconocen la competencia del Comité de la Cedaw para recibir y considerar quejas y demandas. El Protocolo contiene dos procedimientos: uno de comunicaciones, que permite a mujeres individuales, o grupos de mujeres, presentar al Comité demandas por violaciones a los derechos protegidos por la Convención, una vez que se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. El segundo procedimiento es de investigación en casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de mujeres. El Comité emite recomendaciones y opiniones tendientes a reparar esas violaciones.
–Desde la jerarquía católica se sostiene que abre la puerta para la legalización del aborto. ¿Esto es así?
–No es cierto que el Protocolo esté por encima de las leyes nacionales o de la Constitución y que, por ello, sea una puerta para legalizar el aborto. El Comité establece mecanismos de exigibilidad sin crear nuevos derechos. El aborto no se menciona en la Convención. El Comité ha abordado el tema en casos de países con altas tasas de mortalidad materna por elevado número de abortos clandestinos y ha recomendado campañas de educación sexual e información, sobre todo en materia de anticonceptivos eficaces. Ni la Convención ni el Protocolo contienen en todo su articulado disposiciones o directrices tendientes a promover la legalización del aborto en los Estados parte. En Venezuela se ha ratificado el Protocolo y se sanciona el aborto porque es ilegal en nuestra legislación.
–¿Por qué entonces la Iglesia Católica esgrime este argumento?
–Todas estas reacciones son parte de un movimiento que tiene trazas internacionales y que de alguna manera busca mantener ciertos controles sobre los derechos reproductivos de hombres y mujeres dentro de un solo canon, y realmente hoy la sociedad ha avanzado hacia la posibilidad de que hombres y mujeres puedan decidir libremente el número de hijos que pueden tener, que no necesariamente es recurrir al aborto, sino a la formación y educación sexual.
–Otra de las objeciones que plantea la jerarquía eclesiástica es que el Protocolo es una jurisdicción supranacional impuesta al país que viola la soberanía nacional...
–Tampoco es cierto. El Protocolo no crea ningún tribunal u organismo supranacional. Las recomendaciones que emite el Comité no son vinculantes. En ese sentido conviene recordar que Argentina ha reconocido a otros órganos internacionales de protección de derechos humanos, con competencia para examinar quejas individuales e informes presentados por el mismo Estado.
–¿Por qué conviene a los Estados la firma del Protocolo?
–La ratificación es una prueba más de la vocación democrática de los Estados. Es una demostración de fuerte voluntad política de dar cumplimiento a la Cedaw y confirma que la intención de proteger los derechos de las mujeres es sincera y no retórica. Muestra, además, la firme intención de actuar a favor de la justicia social.
–¿Le sorprende que todavía no haya sido ratificado por la Argentina?
–Me llama muchísimo la atención porque Argentina ha tenido comportamientos de liderazgo en el pasado muy claros en materia de políticas públicas con perspectiva de género. Dio un paso al frente en toda América latina con la ley de cupos, y ha sido muy importante la decisión gubernamental de descentralizar la acción a través de los consejos provinciales de la mujer. Fue el primer país que lo hizo. Es el primer país de América latina donde se cultiva con mayor disciplina la perspectiva de género en Derecho. Este país necesita ratificar el Protocolo para no dar un paso hacia atrás en la historia de avances en la igualdad por los derechos de las mujeres.