En una causa paralela al caso Cromañón, el juez Julio Lucini y el fiscal Juan Manuel Sansone investigan a altos jefes de la División Bomberos de la Policía Federal por graves maniobras en los certificados que esa dependencia entregaba a los locales bailables y de espectáculos de la Capital Federal. Por orden del juez fueron allanadas dos empresas, Ipex SA y Bausis SA, donde se secuestró abundante documentación en la que se demostraría que esas empresas son propiedad de allegados a los jefes de Bomberos. La presunta maniobra consistía en que, para otorgar el certificado de Bomberos, se les indicaba a los responsables de los locales que recurrieran a esas consultoras que, por una suma sustancial, señalaban qué cambios se debían hacer, qué elementos de seguridad debían incorporarse y, a cambio del pago, garantizaban que los locales conseguirían el certificado que necesitaban. En la mira de la Justicia también está el defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, al que la ex funcionaria porteña Fabiana Fiszbin, procesada por el caso Cromañón, ligó económicamente con las consultoras. “Cuando advertía que los locales debían clausurarse, Alimena no tenía un interés humanitario, sino económico”, dijo Fiszbin en su declaración indagatoria. En diálogo con este diario, Alimena negó en forma terminante esa relación, aunque quienes siguen de cerca la causa le dijeron a Página/12 que efectivamente la investigación está en marcha.
En las últimas semanas se allanaron las sedes de Ipex y Bausis en la búsqueda de la documentación que compruebe que ambas empresas están ligadas a hombres clave de la División Bomberos. En la causa judicial también se habrían incorporado entrecruzamientos de llamadas telefónicas e incluso algunas escuchas ordenadas por el magistrado.
La mecánica del negocio ilegal que se investiga sería la siguiente:
- En la inspección inicial de Bomberos se rechazaba el otorgamiento del certificado porque, supuestamente, los locales no estaban en condiciones.
- En esa misma instancia se les recomendaba a los dueños y administradores de locales que recurrieran a dos consultoras, Ipex o Bausis, que les indicarían la forma de conseguir el certificado.
- La Justicia investiga si esas empresas sólo sugerían los cambios a realizar en los locales o si además realizaban las reformas necesarias. Justamente se está analizando la documentación secuestrada en los allanamientos.
- Ambas empresas serían propiedad de jefes de Bomberos o de sus familiares.
- De esa forma, el otorgamiento de los certificados de Bomberos se convertía así en un negocio privado.
- Como también resulta obvio, los locales sin certificado de Bomberos o con el certificado vencido eran los grandes clientes. Cromañón, por ejemplo, lo tenía vencido desde dos meses antes de la tragedia.
En el palacio de Tribunales se sabe que varios jefes de Bomberos recurrieron hace un mes a importantes estudios de abogados ante el inminente estallido del escándalo por esta causa paralela. Su preocupación radica en que un procesamiento en este expediente los dejaría de inmediato fuera de la fuerza. Una alta fuente judicial consultada por Página/12 le confirmó a este diario que se analiza la documentación y que, de acuerdo con las evidencias que se encuentren, podría haber citaciones a declaración indagatoria.
Lo que puso en marcha la pesquisa fue lo dicho por la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, quien apuntó hacia Alimena. La funcionaria insistió en que las denuncias previas que realizó Alimena tenían como objetivo facilitar el negocio de las consultoras: era un reclamo de clausuras, lo que llevaría a aumentar las gestiones y el dinero proveniente del asesoramiento y las reformas para conseguir los certificados de Bomberos. De hecho, Fiszbin acusó a Alimena de recibir una parte del dinero de las consultoras.
–Es una fabulación –le dijo Alimena a Página/12–. El único objetivo que tienen es desestabilizar a la defensoría. En una reunión nacional que se acaba de hacer, justamente señalaron a nuestra defensoría como el ejemplo a seguir, ya que demostramos para qué sirve nuestra labor. Le dijimos al Gobierno de la Ciudad, en marzo de 2004, que del total de locales, sólo 30 cumplían con los requisitos. Y le pedimos la clausura. Eso es contundente.
–En el expediente abierto se menciona que en septiembre y octubre de 2004, usted participó de algunas inspecciones realizadas por Bomberos. ¿Por qué lo hizo?
–Es absolutamente falso. Nunca participé de ninguna inspección, porque estaba claro que los locales debían ser clausurados.
–O sea que usted rechaza las acusaciones de estar ligado a estas empresas que supuestamente cobraban por gestionar los certificados.
–Lo niego categóricamente. Voy adonde sea necesario, me presento en cualquier causa judicial. Si tienen una sola evidencia, que la aporten.
En la causa principal, en la que se investigan las muertes de Cromañón, hay tres sectores del Estado que están gravemente cuestionados:
- Los funcionarios del gobierno porteño que permitieron que en un lugar como Cromañón se hicieran recitales, teniendo además en cuenta las evidentes violaciones en la cantidad de gente que entraba al local, el uso de bengalas y que el ámbito no era apto para un espectáculo como el de Callejeros. En total, cinco funcionarios porteños fueron procesados por homicidio culposo y uno por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Los policías federales fueron procesados por el delito de cohecho, es decir, por recibir coimas. La realidad es que, para el juez Lucini, Chabán les daba dinero para que hicieran la vista gorda frente a las graves irregularidades que se cometían en el lugar, empezando por el ingreso de un cupo de gente muy superior al permitido por la habilitación. No faltan quienes sostienen que el procesamiento de los integrantes de la Policía Federal fue demasiado leve, ya que ellos tenían facultades para limitar la cantidad de gente. La autoridad de aplicación del Código Contravencional era la Policía Federal. Entre los familiares hay quienes afirman que Lucini, por ser profesor en la Universidad de la Policía Federal, mantiene una buena relación con la fuerza y por ello los procesamientos fueron más leves.
- Los próximos pasos de la causa Cromañón ponen en el centro al tercer sector cuestionado del Estado. En lo que se llama la causa por “abandono de persona”, se investiga cómo actuaron los servicios de emergencia: el SAME, Bomberos y la Policía Federal. El juez dispuso que se hiciera una megapericia sobre las autopsias y fundamentalmente en las vísceras que se extrajeron de los cuerpos. De esa manera se intentará determinar si la gente murió envenenada por los gases emanados del techo o por el monóxido de carbono producto de todo incendio. Con ese dato en la mano, Sansone y Lucini evaluarán si debió o no suministrarse oxígeno, si debió procurarse otro tipo de antídoto o tratamiento y se redondeará una visión de la asistencia en el momento posterior a la tragedia. Por ejemplo, está claro que hubo asistentes al recital que salieron del infierno, luego entraron otra vez a salvar a otros y terminaron muriendo, algo que se hubiera evitado con un adecuado cordón policial. Respecto de la actuación del SAME, también el juez tendrá que pronunciarse, ya que existen denuncias de que no hubo suficientes tubos de oxígeno o que, al menos, no estaban donde tenían que estar. Según le dijo a este diario la fuente judicial consultada, también Bomberos aparece interviniendo en el suministro de oxígeno, por lo que igualmente está en investigación su papel.
El negocio ilegal relacionado con los certificados de Bomberos está apartado de la causa principal porque el juez y el fiscal tienen el objetivo de terminar cuanto antes y elevar a juicio oral la instrucción referida a los administradores del local –Omar Chabán y Raúl Villarreal–, la responsabilidad de los funcionarios porteños, los policías federales, el grupo Callejeros, el SAME y Bomberos. La idea es intentar elevar la causa principal a juicio oral sobre fin de año. Luego, el proceso para llegar al juicio mismo, en el que se dirimirán las responsabilidades por las muertes y heridas, puede tardar otro año o aún más.