Vecinos de barrios cordobeses de clase media realizaron una polémica elección luego de la cual admitieron la construcción de viviendas para habitantes de villas de emergencia, pero únicamente para los de las villas cercanas a ellos, y no de residentes de otros barrios de emergencias también afectados al discutido plan de relocalización de villas iniciado por el gobierno de Córdoba. La votación agregó un capítulo más al álgido antagonismo entre vecinos enfrentados entre sí y con el gobierno de José Manuel de la Sota que busca expulsar a los barrios pobres de la zona metropolitana y trasladarlos a guetos en las afueras de la ciudad.
El plan de De la Sota consiste en la construcción de 12 mil viviendas en 43 barrios de toda la provincia para trasladar allí a vecinos de villas; tiene una inversión de 300 millones de pesos, de los cuales 250 millones provienen de un préstamo del BID. Las agrupaciones de vecinos de clase media y media baja se opusieron a tener “nuevos vecinos” haciendo hincapié en esa ecuación que suma pobreza con delincuencia: “Preferimos que venga gente de villas cercanas porque con ellos no tenemos problemas de inseguridad”, expuso a Página/12 Marcelo Anino, vocero de los vecinos autoconvocados de Matienzo.
En Matienzo se hizo la elección del domingo. El 95 por ciento de los 600 vecinos autoconvocados votó en una plaza pública los siguientes puntos: admitir la construcción de 312 viviendas de las más de mil previstas para moradores de sus seis asentamientos linderos y no de otros; que en las hectáreas que quedarán libres se edifique un hospital, un polideportivo, una posta policial y un colegio de orientación técnica “para que los habitantes de esos barrios aprendan un oficio para poder trabajar”, remarcó Anino; y que las empresas constructoras contraten como mano de obra a los futuros residentes de esos departamentos.
La propuesta será llevada al gobierno cordobés para que siga ese proyecto en lugar del que se suspendió en junio pasado a raíz de marchas y protestas que ubicó la palabra “discriminación” en varios foros: De la Sota criticó “la hipocresía de los que dicen estar en contra de la discriminación, pero luego añaden ‘no me traigan los pobres cerca de mi casa’”. Anino respondió que “la verdadera discriminación la sufrían los obreros de la clase media que no podían acceder a una casa. Nada de esto hubiera pasado si venía gente que conocíamos”.
“Violación de los derechos humanos y al derecho de ciudad” son dos ejes de la oposición de los vecinos de villas, cuyo caso emblemático es La Maternidad, ubicada en una de las zonas más cotizadas de la provincia y de donde se desalojaron 270 familias para construir un complejo comercial privado con bingo incluido. Néstor Jeifetz, titular del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)-CTA Capital, opinó ante Página/12 que “el tema central no es si los vecinos se pelean entre sí, sino la política habitacional de De la Sota basada en financiamiento externo, con la consecuente generación de deuda externa; un plan de expulsión de las familias que habitan en asentamientos al interior de la capital cordobesa con el objeto de recuperar esas tierras para inversiones de sectores económicos concentrados”.
Casi la mitad de las 12 mil viviendas previstas está construida pero “no satisfacen las necesidades de los vecinos: la mayoría las está vendiendo o regalando porque no se encuentra en su hábitat. Esos son los perjuicios de un proyecto inconsulto con los vecinos que fueron llevados hasta a 14 kilómetros de la ciudad”, evaluó la arquitecta Mariana Enet, que colabora con vecinos de barrios cordobeses.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.