Ida Colosi juntó durante meses los restos de las tarjetas prepagas con las que hablaba por teléfono. Eran unos pocos centavos que no llegaban a costear un pulso, como las gotas que quedan al final de un vaso. La mujer, de 71 años, reunió 80 tarjetas casi vacías. Casi: en cada una restaba alguna monedita. Pero ella sabía que los más grandes negocios se hacen con esos números intrascendentes a la macroeconomía. “Se las llevé a la empresa para que las controlara”, contó Colosi a Página/12. Telecom le devolvió a la señora 3 pesos con 15 centavos. Más 75 por un fax que había enviado a la compañía, totalizaron 3,90 pesos a favor de la mujer. No le alcanzaron ni para pagar el taxi: “Ni siquiera redondearon en cuatro. Me fui con bronca”, afirmó la señora. Este ingreso gris para las empresas de telefonía se multiplica en el caso de las tarjetas prepagas de celular, cuyo valor de pulso hace que el remanente llegue a 90 centavos. Por mes, se venden 2.500.000 tarjetas de este tipo en Capital y Gran Buenos Aires. Los insignificantes centavos se convierten así en millones de pesos de los usuarios que drenan a bolsillos de las compañías. Para terminar con este limbo legal, la Justicia intimó a buscar una solución a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Pero este organismo guarda silencio desde diciembre, lo que le cuesta 500 pesos de multa por día. Ese dinero podría destinarse a entidades de ayuda humanitaria, como propone el Centro de Educación al Consumidor (CEC).
Esta organización se contactó con la CNC “para que se dejaran de vulnerar los derechos del consumidor”, indicó Susana Andrada, directora del CEC. Por medio de la “acción participativa de normas”, contemplada en el decreto 1172 de 2003, la ONG propuso “que los usuarios recuperen esos saldos o que dispongan esos fondos para donaciones a instituciones sociales”, para lo que las empresas “deberían incluir un 0800 para realizar esa gestión”, consideró Andrada. Según el decreto 1172, firmado por el presidente Néstor Kirchner, “constituye un objetivo de esta administración fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente”. La CNC rechazó esta idea.
El 20 de diciembre de 2004, el Juzgado en Contencioso Administrativo Nº 12, a cargo de Guillermo Rossi, condenó a la Secretaría de Comunicaciones y a la CNC a resolver la modificación de normativa solicitada por la ONG. Por el incumplimiento de esta sentencia, que en ningún momento fue apelada por los organismos nacionales, Rossi reiteró su intimación en febrero y abril de este año. En este mes, la Justicia comenzó a aplicarle una multa que corre por cada día que se atrasa en cumplir. Actualmente, la CNC debe pagar por este concepto 500 pesos diarios. Pese a las consultas, este diario no obtuvo una respuesta del organismo sobre la situación.
Al CEC llegaron las siguientes denuncias de usuarios de tarjetas prepagas:
- Tarjetas que no se pueden usar porque la empresa las canceló, ya que para ella figuran como “robadas” o porque el revendedor las recibió en consignación y nunca las pagó.
- Tarjetas cuyo saldo inicial no coincide con el precio pagado.
- Consumos muy elevados y no realizados que agotan la tarjeta anticipadamente.
- Tarjetas con el número de código ya raspado, que al ingresarlas se informa que son inválidas.
- Aumento unilateral de la tarifa en un 50 por ciento.
- Comercialización de tarjetas por empresas no autorizadas.
Andrada dijo a este diario que “en Capital y Gran Buenos Aires se venden 2.500.000 tarjetas mensuales. Si a esta cifra la multiplicamos por los centavos sobrantes nos da la suma que las proveedoras de servicio recaudan sin haber brindado el correspondiente servicio”. Un cálculo aproximado y conservador del CEC indica que un promedio de 10 centavos por cada tarjeta daría a las empresas una ganancia mensual de 250 mil pesos. “Hacemos la cuenta menor para no especular. Es lo mínimo que se quedan del usuario. Pero con los celulares puede llegar a 90 centavos”, dijo Andrada.
“Tenemos constancias escritas de reclamos ante Telecom en los que, después de trámites complejos y engorrosos, la empresa acredita fondos a una usuaria reconociendo el derecho sobre los centavos sobrantes”, informó la titular del CEC. Es el caso de la aplicada Colosi, que actualmente, cuando junta veinte o treinta, reclama sus alrededor de tres pesos. Aseguró a Página/12 que a Telecom “lo tengo marcando el paso. No me callo nada, los vuelvo locos”. Ella trabaja convencida de que “el que pierde siempre es el cliente. Total, las tarjetas se abonan por adelantado”.
Para la directora del CEC, con la labor de la mujer “la empresa reconoció que los centavos eran de ella y se los devolvió. Tenemos la carta de la empresa que dice que ese dinero va a ser devuelto a través de la factura. Marca un precedente. Admiten que es dinero que no es de ellos. Si existiera un sistema más cómodo, los centavos tendrían otra finalidad”. Andrada remarcó que “la denuncia es contra el sistema, tanto el de Telecom como el de Telefónica como el de todas las tarjetas que circulan de distintas compañías y cooperativas”.
Otro caso es el de Gabriela Boada, que compró una tarjeta de cinco pesos para el celular. “En la primera llamada, me contacto con un celular de Capital Federal. Pero en ese momento estaba en La Plata, y el pulso corre como de larga distancia. La empresa tiene que avisar si el otro teléfono está a larga distancia, pero nunca te lo dice.” Un minuto y medio de charla “me consumieron completamente la tarjeta”, contó Boada. “Llamé a la empresa de telefonía y me dijeron que era muy lógico que un llamado larga distancia fuera más caro”, pero el costo del pulso que le indicaba la compañía “jamás daba los cinco pesos que tenía la tarjeta”. Además, “me discutían que sí me habían avisado que era larga distancia”, dijo Boada.
Según Andrada, este caso es tan habitual como el de quienes al comprar una tarjeta “reciben un ticket con el número de la clave, que tendría que ser secreta”. Esto genera las razonables suspicacias de que otro consumió esos pulsos. En este sentido, existen varias denuncias de personas que “cuando ingresan el código de la tarjeta en su teléfono, no se las reconoce”, sostuvo Andrada. “Son casos que no le importan a nadie. Si no actúa una organización de defensa del consumidor nadie los toma, porque se trata de centavos y procesos muy largos con infinidad de trámites. Por eso, la mejor posibilidad es hacer la demanda en forma colectiva.”

Informe: Sebastián Ochoa.