La Cámara de Diputados salteña dio media sanción a un proyecto inédito y polémico: un referéndum para que los habitantes del departamento de Rivadavia decidan sobre el otorgamiento o no de la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55 a criollos y habitantes de pueblos originarios. El tema data de 1984, cuando las comunidades indígenas reclamaron la unificación y propiedad colectiva de sus territorios ancestrales. Pero el gobierno de Salta quiere subdividir esas tierras y también dar títulos de propiedad a los criollos ganaderos. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se abrió un proceso de diálogo que se quebró con la propuesta del Ejecutivo a cargo del menemista Juan Carlos Romero.
Rivadavia tiene casi 38 mil habitantes en cuatro partidos: Banda Norte, Banda Sur, Santa Victoria y Santa Ana, donde están los lotes del conflicto y en el que viven 12 mil personas, de las cuales 7 mil son wichís, tobas, chorotes, churupíes y tapietes. Los pueblos se agrupan en la Asociación Lhaka Honhat y piden la entrega de un “territorio único” con un título de propiedad común, y que los criollos que viven allí sean trasladados a otras zonas. El pedido se funda en su sistema de vida; son cazadores y recolectores, y su economía se basa en el uso de la tierra. Por lo tanto, si los lotes fueran subdivididos su modo de vida se vería afectado, amén de abrirse conflictos entre dueños de parcelas.
La postura del gobierno fue expresada por Pablo Kosiner, titular del bloque justicialista que aprobó el referéndum: “Se aplicaron criterios diferenciados para comunidades criollas, indígenas y los espacios para la realización de obras” de infraestructura previstas y rechazadas por las comunidades.
El texto aprobado en la madrugada de ayer dice que cada habitante de Rivadavia deberá manifestar, “por Sí o por No, si es su voluntad que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes fiscales 55 y 14 a sus actuales ocupantes”. El titular de Lhaka Honhat, Francisco Pérez, afirmó a Página/12 que “las tierras son nuestras desde siempre y la gente de Rivadavia no tiene nada que decidir”. La diferencia de derechos a la propiedad entre criollos e indígenas está en que éstos “tienen derecho a la tierra ancestral y comunitaria. Los criollos también, pero no en el mismo lugar porque sus actividades económicas son incompatibles”, explicó a este diario Silvina Zimerman, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Así como no se puede someter a un referéndum el derecho a la vida, el derecho de los indígenas a la posesión de sus tierras ancestrales tampoco se debe dirimir en una consulta.” El referéndum “atenta contra el derecho a la propiedad reconocido en el convenio 169 de la OIT, que dice que las consultas deben hacerse ‘de buena fe’ y ‘según las costumbres’ de los pueblos indígenas”, argumentó Zimerman.
El reclamo de propiedad comunitaria data de 1984. El gobierno salteño respondió con el decreto 2609/91, que decidió “unificar los lotes 14 y 55 para someterlos a un destino en común”. A ése le siguió el 3097/95, que dejó en claro que no se harían subdivisiones. Como nunca se reglamentaron, Lhaka Honhat inició un proceso judicial que, con patrocinio del CELS, llegó a la CIDH, que abrió un proceso denominado de “solución amistosa”.
El 2 de marzo, en Washington, el Ejecutivo salteño llevó su última oferta. El plazo para una respuesta venció, el gobierno optó por retirarse del diálogo y anunció la consulta. “No pudimos contestar porque estuvimos inundados, incomunicados. No se pudo hacer la asamblea de caciques y la respuesta no es de una sola persona”, se excusó Pérez.
Representantes de la Cancillería se manifestaron “preocupados” por la decisión de la gestión de Romero. Por su parte, el titular de Lhaka Honhat sostuvo: “La gente de Rivadavia no tiene nada que decidir. Es más, hay muchos que no saben nada del tema y eso nos puede perjudicar, pero ésa es la intención del gobierno”.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.