Doce toneladas de plaguicidas prohibidos, guardadas en malas condiciones en un depósito de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Animal), provocaron la contaminación en sangre de al menos 28 personas, según confirmó el Ministerio de Salud provincial, y del lugar donde estaban almacenados, en el corazón de un barrio densamente poblado de esta capital. Al tomar estado público el problema por un informe periodístico, y ante la pasividad del organismo nacional, la municipalidad intentó trasladarlos a Santa Fe para su incineración, pero las autoridades de esa provincia lo impidieron, por lo que los residuos terminaron en Bower, una comuna ubicada a 18 kilómetros de la capital cordobesa. Ahora, los vecinos del lugar se oponen y exigen su inmediata reubicación por razones de seguridad ambiental. Aunque el problema se conoció ahora, en febrero, la organización ambientalista Funam había denunciado el caso a la Justicia, que el miércoles recibió otra presentación, por parte del intendente de la capital, Luis Juez.
“El lunes vamos a estar en Córdoba para hablar con los vecinos y solucionar definitivamente el tema”, dijeron a este diario desde la oficina de prensa de Senasa, en un intento por calmar los ánimos de una población altamente sensibilizada por lo ocurrido en Alta Córdoba, el barrio donde se encuentra el depósito del organismo sanitario. Allí, sin controles de ningún tipo, estuvieron almacenadas durante más de 30 años las doce toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos por su toxicidad, “utilizados hace más de tres décadas por la Secretaría de Ganadería para combatir las plagas de langosta”, admitieron desde el organismo.
Ante la indignación de los vecinos, que venían denunciando el problema desde hace tiempo, la Municipalidad de Córdoba intimó a Senasa para el encapsulamiento de los tóxicos y su posterior traslado. Guardados en bidones, el DDT y los otros plaguicidas fueron encerrados en containers para ser trasladados a Santa Fe, donde debían incinerarlos. Pero las autoridades sanitarias de esa provincia se negaron, aduciendo que el procedimiento no era el correcto y que los tóxicos debían exportarse a Europa para eliminarlos a través de un tratamiento químico que no se realiza en el país.
Sin destino para los plaguicidas y con la presión de los habitantes de Alta Córdoba, la administración de Juez ordenó su traslado por quince días a Bower, una comuna ubicada a 18 kilómetros de la capital donde se encuentra la planta de tratamiento de basura de la capital cordobesa, a cargo de la empresa Cliba. Enterados de la gravedad del tema, los pobladores de esta zona protestaron y le exigieron a la municipalidad la inmediata reubicación de los residuos, a pesar de que su estadía se supone provisoria.
La situación se descontroló luego de conocerse que el Ministerio de Salud de la provincia realizó análisis a 36 vecinos de Alta Córdoba y detectó plaguicidas en la sangre en 28 de ellos. “Las sustancias son DDE (un metabolito del DDT), HCB (hexaclorobenceno) y Beta HCH (beta hexaclorociclohexano), todos posibles cancerígenos humanos, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), además de ser disruptores endocrinos que afectan el delicado equilibrio hormonal de las personas”, sostuvo la Funam, una organización ambientalista de gran prestigio, ganadora del Premio Nobel Alternativo 2004, que en febrero de este año había denunciado el hecho ante la Justicia provincial y que por razones de competencia hoy se encuentra en los tribunales federales.
Además de confirmar que los plaguicidas no deben ser incinerados sino “eliminados químicamente en Francia”, en la denuncia sostiene que “dentro del depósito vivían 13 personas, 5 de ellas niños que estuvieron expuestos a un peligroso cóctel de plaguicidas, como creemos sucede en otros depósitos que Senasa posee en distintas provincias”.
En tanto, Diara Raab, directora de Prevención y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Córdoba, señaló que “lo que debería hacer Senasa es una descontaminación del depósito y de las casas aledañas”. Por lo pronto, la funcionaria contó que el municipio puso en marcha un censo sanitario entre la población de Alta Córdoba “para poder organizar el trabajo y ver en qué situación se encuentran los vecinos del lugar”. Aunque nadie quiso reconocerlo, este diario habló con fuentes que aseguran que tanto el municipio como la provincia sabían de la peligrosidad del depósito de Senasa y no actuaron hasta que el caso tomó estado público.