Lea Yersi, Ana María Guardabaso y Antonia María Damico compartían la habitación donde el sábado a la noche se produjo el incendio del Residencial Geriátrico Costa Rica, de Palermo Viejo. Las tres murieron calcinadas, pero una de ellas, además, estaba atada a la cama. De acuerdo con una fuente policial consultada por este diario, la sujeción estaba autorizada por una prescripción médica asentada en su historia clínica, aunque la Justicia aún no lo confirmó. A dos años de la votación de la ley para los geriátricos porteños, el gobierno de la ciudad anunció que hoy sale publicada la reglamentación en el boletín oficial de la ciudad.
La investigación sobre el incendio del geriátrico de la calle Costa Rica 4754 está en manos del Juzgado del Crimen 34 a cargo de Federico Salvá y de la fiscalía 44, de Pablo Recchini, quien el sábado a la noche se trasladó hasta el lugar para controlar el trabajo de la Policía Federal, del cuerpo de Bomberos y obtener información sobre las condiciones de seguridad, controles y habilitación del establecimiento.
Según explicó un vocero del gobierno porteño, el geriátrico, de 263 metros cuadrados, tenía ocho habitaciones con capacidad para 17 ancianos y fue habilitado en el año 1998. En junio y agosto de 2004 y en febrero de este año –tal como informó Página/12 en su edición de ayer– había sido inspeccionado por la Dirección General de Fiscalización y por la Dirección de Bromatología del área de Control Comunal del gobierno porteño. Según todos los datos que manejan en la administración de Aníbal Ibarra, el sitio era uno de los 1031 geriátricos habilitados en la ciudad y uno de los 150 geriátricos con todas las condiciones de seguridad en regla.
Hasta ayer la información de la causa indicaba que el incendio se redujo al cuarto compartido por las tres mujeres. El resto de los 13 ancianos alojados esa noche y dos enfermeras –15 personas en total– fueron hospitalizados con principio de asfixia provocada por la expansión del humo. Se supone que la explosión se produjo por el recalentamiento de un radiador móvil del cuarto, aunque Télam ayer consignó otra posibilidad. “Los bomberos de la Policía Federal informaron que el foco de incendio fue una cama que quedó reducida a cenizas y que estaba pegada a esa estufa a gas empotrada en la pared, por lo que la hipótesis más firme es que el fuego se haya iniciado ahí”, le señaló a la agencia un vocero judicial. Esa hipótesis, sin embargo, fue descartada por un vocero de la Policía Federal consultado por este diario.
En ese mismo cuarto, los Bomberos encontraron a una interna calcinada y atada a la cama. Eugenio Semino, el ombudsman para la Tercera Edad de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, ante una consulta de este diario explicó que en algunos casos ese tipo de métodos está permitido. “Su uso está subordinado a la prescripción médica, en general lo recetan en casos de pacientes con diagnósticos de Alzheimer o con problemas en el sueño”. Según Semino, la Justicia debería chequear si la prescripción médica existía y si está asentada en la historia clínica de la mujer.
“Si la abuela tenía que estar atada y estaba autorizado por un médico matriculado, la responsabilidad es del médico; en cambio, si el médico no lo había autorizado, la responsabilidad es de la institución”, explicó ayer un vocero del área de Control Comunal del gobierno de la ciudad. Allí, el incendio fue evaluado como un “accidente”, “una tragedia” o “una fatalidad”. “La causa no tiene que ver con una inspección o no –dijo Ibarra por la mañana–. Fue un aparato que tuvo un cortocircuito. Hemos realizado más de 700 inspecciones en lo que va del año. Esto fue una fatalidad, un accidente.”
Más allá del caso puntual, el incendio disparó las críticas contra el gobierno por la demora en la reglamentación de la ley de regulación de la actividad de estos establecimientos, sancionada en febrero 2002. La norma prevé, entre otros puntos, la creación de una comisión especial con poder de policía para inspeccionar calidad edilicia, técnica y profesional de los establecimientos privados. Según el gobierno, Ibarra firmó la reglamentación el miércoles pasado, demorado porque la ley “pasó por cincosecretarías”. Casualidad o no, hoy –a tres días del incendio– aparecerá publicada en el boletín oficial.