Por Horacio Cecchi y Raúl Kollmann

Si el allanamiento a la casa de Adolfo Herro, el miércoles pasado, denotó hacia dónde se dirigía la investigación del fiscal Diego Araujo, el objeto que lo llevaba hasta allá terminó confirmando que la preocupación del fiscal no pasaba por investigar un intento de robo sino un crimen de negocios: Araujo trataba de dar con la PC del contador, donde es casi seguro que guardaría los datos principales de sus movimientos de dinero, negocios y, seguramente, indicios que podrían llevar hacia los móviles del crimen. Pero el fiscal no encontró la PC. La máquina había sido enviada a reparar porque un virus había borrado la información. El virus, tan dañino como inoportuno, parece haber eliminado, entre otras cosas, la posibilidad de saber quién fue Herro, cuáles eran sus negocios y con quién los ventilaba. Por el momento, el fiscal investiga qué significa haber trabajado en el área de compras y licitaciones de la administración pública, y cómo se llega hasta allí, aunque sospechas no le falten.
El 31 de marzo del ’98, Adolfo José Herro fue incorporado por resolución del interventor de la entonces Maldita Policía, Luis Lugones, a la plantilla del que por entonces era la vapuleada Secretaría de Seguridad de Eduardo Duhalde. Desembarcó nada menos que en la estratégica Dirección de Finanzas y con el cargo de subdirector. A eso se agrega que se lo incorporaba teniendo en cuenta “la necesidad de personal idóneo” y que semejante idoneidad para semejante cargo se remuneró durante un año en calidad de “ad honorem”.
Es obvio que, en el cargo en el que fue nombrado, el sueldo puede ser un asunto menor. La Dirección de Finanzas es la que se encarga de las licitaciones y compras de enseres y elementos necesarios. Para cualquier policía, el más necesario de todos los elementos son las armas y las cifras que se manejan son más que importantes. Cómo hizo para llegar hasta allí y de ese modo: “Lo puso el riñón del duhaldismo, de la mano de un hoy jefe de bloque caído en desgracia”, confió un veterano de la administración pública bonaerense a este diario.
Allí conoció a Lourdes Giménez, su pareja, que por entonces era personal de confianza de Oscar Raimundo Fueyo, cuya firma y sello de director general de Administración de Personal figuran al pie de la resolución que designó a Herro ad honorem.
Un año después desembarcaba el nuevo titular del Ministerio de Seguridad, León Arslanian, en su primera etapa de reformas de la Bonaerense. “Acá no quiero a esa gente”, dicen que dijo Arslanian por algunos de los cargos políticos digitados, entre ellos el de Herro.
Y Herro dejó la esfera de las finanzas policiales para incorporarse, junto con Lourdes Giménez, a cargo de una unidad de ejecución dependiente de Hacienda, dedicada a contrataciones y licitaciones para todos los ministerios, ya con sueldo. El área de influencias se había ampliado. Según explicó el veterano, ambos siguieron ligados de algún modo a Fueyo. Paralelamente, el 1º de enero del ’99 aparece como fecha del inicio de actividades privadas de Herro, brindando Servicios de Contabilidad y Teneduría de Libros, Auditoría y Asesoría Fiscal, con domicilio en La Plata. Y dos meses después, Fueyo se inscribía en el rubro “servicios jurídicos”. Y es posible que siguieran ligados entre ellos en la esfera de la administración pública, siempre en el ramo de la Administración y Finanzas. A Fueyo, el 2004 lo encuentra a cargo de la Dirección General de Administración del Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia, e investigado por el director de Investigaciones de actos de corrupción penitenciaria, Juan Manuel Casolati. En octubre de ese año, el propio Fueyo envió a Casolati una carta haciéndole saber que “por problemas presupuestarios debía restringir en forma absoluta la entrega de Copres”, los imprescindibles vales de nafta para que Casolati recorriera las unidades por toda la provincia. Son pocos los dispuestos a pagar para ser investigados, y no es el caso de Fueyo. La investigación siguió. Un mes después, Casolati fue amenazado. En abril llegó la intervención. Casolati decidió renunciar. Fueyo cayó mejor parado: pasó a las finanzas del Consejo de la Magistratura bonaerense.
Herro y Giménez siguieron en el rubro de los ministerios. Tras el certero disparo en la sien del contador, el fiscal Araujo avanzó por la línea del robo. Duró poco: la colección de CD, DVD, equipos electrónicos de última generación y una colección legal de 200 armas hallados entre su fabulosa casa de Cariló y su lujoso departamento de La Plata no se sostienen con 1200 pesos de sueldo. La hipótesis del robo va camino a ser suplantada por la del crimen por caudales desconocidos de dinero. Una buena pista podría encontrarse en el disco rígido de la computadora personal del contador. Pero en el departamento de Herro sólo hallaron un teclado y una pantalla. La PC sufrió un imprevisto ataque de virus.