Los fiscales que investigan el sangriento motín en la cárcel cordobesa del barrio San Martín –ocurrido en febrero– consideraron que los policías que repelieron el intento de fuga masiva y una de cuyas balas mató a un guardiacárcel usado de escudo humano actuaron “legítima y legalmente” al disparar. Por esa razón, dictaminaron que los uniformados no cometieron ningún delito y los desincriminaron en la causa judicial.
“Luego de analizar exhaustivamente las pruebas, de haber observado las filmaciones de los canales 8 de Córdoba y de Crónica TV de Buenos Aires y de haber realizado más de 1200 pericias en armas y proyectiles de la policía y de los internos que intentaron fugar, se comprobó que (el guardia Andrés) Abregú murió durante el tiroteo. Es más, la bala que provocó la muerte del guardiacárcel provino de la pistola del sargento Guillermo Pérez, que formaba parte del pelotón policial”, precisó ayer el fiscal cordobés Carlos Matheu. Pero aclaró que ningún agente fue incriminado por el hecho porque “la policía actuó legítimamente y legalmente, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 34, inciso 4 del Código Penal, haciendo uso de la fuerza pública para, como en este caso, evitar una fuga masiva de presos”.
El fiscal informó además que en la resolución que tomó con su par Alejandro Weiss dispuso imputar a los presos que fueron recapturados de los delitos de “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte” porque “llevaron a Abregú como escudo humano, falleciendo luego en el intercambio de disparos”.
La rebelión que investigan ambos fiscales fue la más sangrienta registrada en la historia penitenciaria de la provincia de Córdoba. Se extendió durante 24 horas, entre las tardes de jueves 10 y el viernes 11 de febrero, con un saldo de 8 muertos: un policía, dos guardiacárceles y cinco internos. Tres de los reclusos muertos iban en un camión en el que intentaron huir junto a otros trece presos, a las 20.10 de ese jueves, llevando a Abregú como escudo. Al salir se encontraron con un grupo del Eter –comandos de la Policía de la provincia que se acercaban por ese sector– y agentes de Infantería que corrieron a apoyar a sus compañeros. Los trece presos que iban allí trataron de escapar, pero fueron apresados en la zona.
“La policía actuó conforme a la ley”, aseveró el fiscal Matheu y evaluó que “no necesitaba ninguna orden de algún superior para actuar como actuó”. El fiscal precisó también que a los uniformados “no les quedó alternativa, ya que desde el camión se efectuaban disparos contra ellos con armas de grueso calibre y desde la parte alta de los muros de la prisión, donde estaban parte de los amotinados, también”. “De no actuar como lo hicieron, los efectivos habrían incurrido en dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y facilitación de fuga”, advirtió. Estos delitos, precisó, “tiene una pena de acuerdo a la norma penal de 15 a 25 años de prisión”.