El Servicio Penitenciario Bonaerense es renuente a sacar los trapitos sucios al sol. En la U22, también conocida como Unidad Hospital de Olmos, los penitenciarios cumplen con esa lógica al pie de la letra. Con tal de no ventilarlos, los incineran. Puede tomarse como metáfora pero también como dato de intramuros: en la 22 de Olmos, en vez de lavar las sábanas de los pacientes presos, cada 15 días las queman y reponen con sábanas nuevas. El argumento es que el lavado aséptico es más caro que la compra y como prueba aportan presupuestos que, más que aclarar, oscurecen. Un funcionario judicial que realizó una visita sorpresiva a la unidad hospital descubrió que, al final de cuentas, las sábanas ni siquiera son quemadas sino lavadas por los presos, y sospecha que las recién compradas son revendidas apenas llegan. También detectó la senda migratoria del matambrito, del peceto y la colita de cuadril. Hace nueve meses, en la misma 22, en lugar de sábanas fueron incinerados seis internos. La directora del penal, Susana Roso, fue sumariada. La mujer tiene sus contactos: acaba de ser designada como jefa de la U34, la Unidad Hospital de Melchor Romero.
El 16 de agosto pasado, el secretario de ejecución penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, realizó una visita al hospital penitenciario de Olmos (UP22). La visita fue sorpresiva, único método de obtener información del funcionamiento cotidiano a cara lavada, y de evitar el empaste de maquillaje con el que acostumbra empolvarse el SPB cuando la visita es anunciada.
Allí Casolati se interesó por el estado de los internos. Para esa fecha, la U22 tenía 28 presos internados (de los cuales 11 padecían enfermedades infecto-contagiosas) y 35 miembros del servicio, entre guardias, médicos y demás. “¿Cada cuánto lavan las sábanas?”, preguntó el secretario a la jefa del penal, Susana Beatriz Roso, después de observar en su recorrida el estado de algunas sábanas.
–Las cremamos cada quince días –contestó Roso, sin siquiera ponerse rosa.
El 22 de abril pasado, Roso había solicitado a la intervención del SPB, entonces a cargo de Ricardo Cabrera, la contratación de un servicio de lavandería aséptica, teniendo en cuenta que en el hospital hay presos internados con enfermedades infecto-contagiosas.
Pero la solicitud de Roso fue rechazada. “Demasiado caro”, comentó la jefa y mostró tres presupuestos que había pedido a tal efecto a tres lavanderías de La Plata (Lavadero Ciudad La Plata SRL, Sistema Burbujas SRL y Asepsia). Dos de ellos bordeaban los dos mil pesos por mes para dos lavados por semana. El otro superaba los seis mil por el mismo servicio. Los presupuestos fueron conformados siguiendo la pauta presentada por el penal: pero en lugar de las 11 sábanas que debiera utilizar ese servicio (presos con enfermedades infecto-contagiosas), o a lo sumo las 28 (que es el total de presos internados en el hospital), Roso había pedido presupuestar una cantidad semejante a la de un regimiento: 3808 prendas, entre sábanas (1080), camisolines, frazadas, colchones, botas de cirugía, fundas de colchón, ambos de cirugía, toallas y toallones (1600) y hasta fundas cubre mesa.
El presupuesto estaba inflado pero no en los precios sino en las cantidades. Haciendo inalcanzable al presupuesto se tiende a hacer imposible la contratación del servicio. La presunción inmediata es que nadie quería enviar las sábanas a ningún lavadero. El pedido de Roso tenía vida corta desde que nació, y de paso justificaba el rechazo de las esferas superiores.
El rechazo corrió por cuenta del área encargada de las contrataciones en el Ministerio de Justicia. El auditor de turno no parece haber sido celosoen exceso. No se detuvo a preguntarse si el presupuesto estaba inflado o no, ni se preocupó en advertir que el precio de lavado aséptico de cada sábana resultaba más bajo que el valor de una nueva: 44 centavos. Como el pedido fue rechazado, supuestamente las sábanas debían ser incineradas. Pero, durante la visita de Casolati, nadie amagó con mostrar el sitio donde eran quemadas por el sencillo motivo de que nadie las quema.
“Nosotros lavamos las sábanas, lo hacemos a mano y con pan de jabón como ese que está ahí”, dijo un preso y señaló con el dedo un jabón de lavar. Casolati sospecha que las únicas sábanas que desaparecen son las nuevas, y no precisamente por acción del fuego sino que se hacen humo con forma de billetes. Siguiendo la trayectoria habitual de los bienes, efectos y servicios del Shopping Penitenciario, entiende que a las sábanas nuevas las venden y por tal motivo se crea la necesidad de la compra inflando el presupuesto.
Además de sábanas, la recorrida también provocó una estampida en el sector cocina. “Hoy preparamos comida para 28 internos y 35 de personal”, le dijo el maestro cocinero al equipo de abogados de la defensoría. “Asado con arroz al pesto para el personal y vacío con arroz blanco para los detenidos”, dijo con orgullo y según constaba en el Menú General Semanal de Internos de la unidad. Pero de asado o vacío no había vestigio. Sólo cortes de falda, y la que les tocaba a los presos “con mucha mucha grasa”, explicó Casolati.
“¿Cómo deciden cuántas raciones se preparan por día?”, preguntó curioso el secretario de ejecución penal. “Cada jefe de sector prepara un parte diario con los empleados que tiene ese día”, le respondieron. Casolati pidió entonces los partes diarios y cuando se los entregaron descubrió que algunas secciones no habían enviado el parte y sin embargo habían sido sumadas al total. Celoso de su investigación, se dispuso a tomar muestras y descubrió que como muestra basta un botón: el jefe de Sanidad, Antonio Coscarelli, había confeccionado un parte diario con mucha más gente que la que tenía a cargo ese día. Cuando pidieron las planillas de asistencia descubrieron que eran unos cuantos los empleados que no tenían ficha o no habían firmado durante todo un mes sin que estuviera justificada su ausencia y que sin embargo aparecían comiendo.
“Lo que hacen es presentar una lista con más personal que el que realmente está presente –explicó Casolati a Página/12–. De esa forma requieren preparar más raciones de las que se necesitan. Pero no preparan esa cantidad sino la necesaria para los que están presentes. Los alimentos que sobran se los llevan a otra parte.”
Precisamente, uno de los sectores más vulnerables del Shopping es el sector de Depósito. Antes de ingresar en él, el equipo de abogados había consultado al jefe del sector, al encargado de cocina y a la propia Roso, y los tres respondieron muy compungidos que “tenemos poca carne y nada de frutas”. Pero en el depósito, arrinconados y no muy visibles, los integrantes de la defensoría descubrieron cajas de frutas y cortes de carne prolijamente envueltos. “Cortes especiales de colita de cuadril, matambre y peceto –describió Casolati–. Estaban descongelados, y era un total de 12 kilos. Había además 30 kilos de fruta entre naranjas y mandarinas, en dos cajones de madera.”
No era todo. En el mismo sector también descubrieron bolsas de fideos Doña Luisa, vencidos desde el año pasado, y que además eran un festín para una cooperativa de gorgojos y otros insectos. Por los datos, los Doña Luisa de la 22 debían pertenecer a la misma partida que la descubierta por los mismos abogados en otra visita pero a la unidad 26, también de Olmos. Tenían la misma marca, la misma fecha de vencimiento y los gorgojos es posible que formaran parte de la misma cooperativa. “Por aquella oportunidad presenté una denuncia penal –refirió irritado Casolati–. No pasó nada, como se ve todo siguió igual. La supuesta intervención de la Justicia no hizo mella en el sistema corrupto. Roban carne y frutas y tienen comida vencida en un hospital. No les importa nada.”
La misma lógica de la fuga del peceto, el matambre y la colita de cuadril se repite como una norma en casi todos los penales del SPB. Una de esas unidades es la 9 de La Plata, la misma en la que sus jefes y una parte de la guardia fueron pasados a disponibilidad luego de comprobarse que los internos Cristian López Toledo y Claudio Márquez Lainequer habían sido torturados con pasaje de corriente eléctrica. El 5 de mayo, cuando la Comisión por la Memoria, y los defensores oficiales María Gómez, Marcela Piñero y Gabriel Ganon visitaban las condiciones deplorables en que se encuentra esa unidad, Casolati, que formó parte de la comitiva, recorrió el área de depósito. Comprobó que había un faltante de 200 litros de aceite. Buscó, buscó y buscó. Y logró encontrarlos en un lugar poco habitual para guardar 200 litros de aceite: el baño del jefe de seguridad externa, ubicado estratégicamente a escasos metros de la salida. Los 200 litros estaban a punto de fugar en direcciones imaginables. Albino Giménez, jefe de la guardia externa no está más en la U9. Aunque parezca mentira, fue premiado. Lo ascendieron como subdirector de la U29.