Eran cerca de las dos de la mañana del viernes pasado. Hernán Quiroga estaba sentado de espaldas contra una mesa, comía una pizza en compañía de una muchacha. “Cuando se dio vuelta, estos patovicas lo agarraron del cuello, lo sacaron a la calle arrastrándolo por las escaleras y como todavía les parecía poco, lo tiraron a la vereda de enfrente.” Stella Maris Pereyra describe lo que pudo reconstruir del episodio que dejó a su hijo postrado en un hospital. Hernán, de 16 años, está internado desde aquel día en el Ramos Mejía con una lesión en las vértebras lumbares. El boliche, llamado Chicharrón, había sido clausurado dos veces en lo que va del año, la segunda después de un tiroteo con un saldo de dos muertos. No estaba habilitado como salón de baile aunque en el interior funcionaba una pista de salsa. Los custodios no estaban registrados, según los datos de la última inspección de la ciudad de Buenos Aires. Los responsables del área aseguran que no lo clausuraron por “un agujero en la legislación”. Para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en cambio, el caso sigue mostrando las “fallas en los mecanismos de control”.
El jueves a la noche, Hernán reanudó su ronda nocturna después de seis meses. Con 16 años cumplidos, trabajaba de peón de albañil en el centro, entraba todos los días a las siete de la mañana y hacía tiempo había dejado de salir. Esa noche se encontró con un amigo. Ya habían estado en Chicharrón, ese espacio de fiestas y salsas dominicanas de Bartolomé Mitre y Callao donde suelen reunirse las comunidades centroamericanas de Buenos Aires.
“Por lo que me contó después –le dijo su madre a Página/12– se fue al boliche con un conocido, adentro ni se dio cuenta de lo que pasaba hasta que terminó golpeado en la calle.” Tres custodios del lugar terminaron arrastrándolo por las escaleras, según él mismo consiguió relatarles a su madre y a Gustavo Lesbegueris, adjunto de la Defensoría de la Ciudad que concurrió ayer a la mañana temprano al Ramos Mejia. En la calle tampoco lo dejaron tranquilo. Después de patearlo, arrastrarlo y arrojarlo de una vereda a la otra, un custodio le ofreció dinero para un taxi. “Mi hijo le pedía a los gritos que le mandara una ambulancia, pero el otro se quería sacar el problema de encima”, relató la mujer. Vecinos y transeúntes pidieron el auxilio del SAME; el adolescente quedó internado y recién a las cinco de la tarde su madre pudo localizarlo. “Me habían dicho que tenía una fractura pero era un aplastamiento de la columna: como si lo hubiesen golpeado mientras tenía el cuerpo doblado”, aseguró.
Anoche, Hernán estrenaba un corset a medida porque para recuperarse necesita permanecer con el cuerpo inmovilizado. A la mañana, el flamante secretario de Salud del gobierno porteño, Donato Spaccavento, había constatado las lesiones pero descartó que quede postrado para siempre: el chico, dijo, presenta “lesión en las vértebras lumbares –dijo– pero no tiene síntomas neurológicos, lo que a priori hablaría de un buen pronóstico”.
Los buenos pronósticos no parecen tan buenos para los propietarios del boliche ni para los inspectores de la Secretaría de Seguridad porteña. Chicharrón se encuentra habilitado desde el año 2000 pero no como disco aunque el inmenso letrero luminoso ubicado en el frente del edificio advierte que se trata de un “disco bar”. La Ciudad lo habilitó como “café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, mesas de pool y billares”.
El dato no es menor. Entre los efectos de la tragedia de Cromañón, se encuentran una serie de nuevas disposiciones como la unificación de criterios para la habilitación de locales bailables y un registro público y obligatorio de boliches. Chicharrón no aparece en ese registro, justamente porque la habilitación es distinta. “Los inspectores visitaron el lugar varias veces este año y nunca advirtieron que funcionaba una disco”, explicó ayer un vocero del área de seguridad porteña. Pero Lesbegueris cree que se trata de “un serio indicio de falta de control”: “Hay inspecciones del 2004 donde aparece la pista, por eso lo que hay que preguntarse es por qué Chicharrón, que no estaba habilitado, pudo seguir funcionando así mientras a otros lugares tienen muchísimas restricciones”. A lo largo del año, Chicharrón pasó controles, inspecciones, multas y clausuras varias pero los inspectores no sólo no habían detectado la danza. En abril primero y en agosto después labraron actas porque los propietarios no tenían un contrato con la empresa de seguridad que provee los custodios, ni los números de inscripción de los patovicas, de acuerdo con un informe labrado por la Dirección de Fiscalización y Control porteña. Además, el boliche no tenía salida de emergencia, faltaban libretas sanitarias y había cables expuestos, entre otros asuntos. La clausura se levantó el 10 de junio pero en julio la Justicia volvió a cerrarlo como consecuencia de una pelea adentro del local, con un saldo de dos muertos. Hasta el 7 de agosto permaneció cerrado, aunque mientras tanto se habrían hecho otras tres inspecciones. El 12 de agosto hicieron la última. Los inspectores levantaron tres actas de infracción: el boliche no tenía el libro de inspecciones, no poseía agua caliente en la barra y, finalmente, el estado de los custodios privados seguía tan irresuelto como en abril.
¿Por qué no lo clausuraron? Según voceros de la Secretaría de Seguridad, la ausencia de registros de seguridad privada no es causa de clausura sino una falta administrativa. Esa imposibilidad de sancionar, dicen, es producto de “un vacío en la legislación”. Para la Defensoría, la explicación es distinta. El tema de los custodios registrados o no registrados después de Cromañón es un motivo de clausura para los ámbitos habilitados como discos y “después de varias intimaciones, puede serlo para bares, cafés y afines”, dice Lesbegueris, para quien el problema central no es ése sino “el café que funcionaba como boliche, y no a la inversa”.