El caso de los subsidios para los hijos de los cartoneros porteños traerá nuevas medidas y una discusión de fondo aún pendiente. Después de suspender los movimientos del tesoro de la casa central del Banco Ciudad, la jueza Patricia López Vergara levantó la clausura antes de las nueve de la mañana de ayer. El depósito fiscal realizado por el gobierno porteño le permitirá ahora pagar los primeros quince subsidios de 205 pesos para los hijos menores de los beneficiados. Pero ellos no serán los únicos. En este momento, otras 150 personas completaron sus trámites en la Secretaría de Desarrollo Social y ya están en condiciones de cobrar el subsidio. Pero la Ciudad no pagará por las buenas: “Si quieren cobrar, van a tener que ir a la Justicia”, dijo el jefe de Gabinete, Raúl Fernández.
La polémica por los subsidios tuvo uno de sus picos de conflicto a comienzos de mes, cuando el juez Roberto Gallardo ordenó la “indisponibilidad provisional” de 1100 millones de pesos del superávit de los fondos porteños para garantizar el subsidio de 205 pesos para los hijos de las familias de cartoneros porteños con menos de 17 años de edad. Aunque el expediente empezó con un amparo pedido por ocho familias, la medida se extendió rápidamente como un beneficio para más de 5 mil cartoneros: todos los inscriptos en el llamado Registro Unico de Cartoneros de la Ciudad. La intervención del Ministerio Público Fiscal fue clave en ese sentido, porque pidió la universalización del beneficio destinado a promover la escolaridad y evitar el trabajo infantil entre los chicos.
Desde aquel momento hasta la polémica del martes pasado desatada por la clausura al tesoro del Banco Ciudad, corrió mucha agua bajo el puente. El Gobierno de la Ciudad, usualmente enfurecido con los fallos de Gallardo, apeló su decisión y lo denunció penalmente por la inhabilitación de fondos. Aunque la Cámara de Apelaciones aún no resolvió el planteo, el caso pasó a manos de la jueza Lidia Lago, recusada por los cartoneros. El lunes pasado se hizo cargo López Vergara. Y se encontró con una escena que puede ser muy frecuente en los próximos días: los ocho beneficiarios originales del amparo volvieron a los tribunales con los trámites del subsidio terminados. Tal como lo había dispuesto Gallardo, primero fueron a la Secretaría de Desarrollo Social, chequearon su inscripción en el Registro Unico de Cartoneros Urbanos y solicitaron la apertura de un legajo para el subsidio. Presentaron fotocopia de DNI, constancia de domicilio en Capital y certificado de la escuela de sus hijos. Lo mismo hicieron otros 310 integrantes del Registro Unico. Según los datos de Desarrollo Social, la mitad de ellos completó todos los trámites y deberían empezar a cobrar el subsidio para sus hijos en un plazo máximo de 72 horas, tal como lo dispuso Gallardo en la resolución original.
Esta fue la escena con la que se encontró López Vergara el día lunes: como el gobierno sigue dispuesto a no pagar el subsidio, las familias se lo pidieron el lunes a la Justicia. La jueza le pidió 3065 pesos al banco antes de la hora de cierre y hasta las siete de la tarde intentó en vano un acuerdo: “En general soy una persona serena, reflexiva, tengo una mirada amplia –le dijo ayer a Página/12–. Tomo mis decisiones según la ética, la norma y mi conciencia, no puedo andar fijándome en mi vecino. Si la ciudad tiene uno de las Constituciones más avanzadas que le obligan a desarrollar políticas sociales para superar las condiciones de pobreza y sabemos que está prohibido el trabajo infantil, ¿qué voy a hacer? ¿Debo mirar para otro lado?”.
La decisión enfureció nuevamente a los funcionarios porteños. Para ellos, la decisión de los jueces es una clara intromisión del Poder Judicial en el ámbito del Ejecutivo. “Porque Gallardo crea un subsidio, no es que marca que tal programa tiene un determinado problema.” Fernández recuerda que la Ciudad tiene presentado un pedido de juicio político contra el magistrado, a quien ubican como uno de los “tres o cuatro” que dan problemas. Consultado por Página/12, Gallardo subió la apuesta: “Ellos dicen que somos tres o cuatro jueces con ganas de ser mediáticos, pero en realidad están mal informados: sobre doce jueces, son tres o cuatro con los que no tienen problemas. Lo que hacemos es creer en un Poder Judicial independiente”.
La polémica sin duda seguirá durante los próximos días. Ahora, las partes esperan una decisión de la Cámara de Apelaciones, que en este momento tiene en manos el expediente. Aunque el gobierno porteño adelantó que recusaría a López Vergara, ya no lo hará: “Mañana a la mañana (por hoy) la magistrada ya no estará con la causa porque estaba subrogando a otro juez que regresa a su despacho”, explicaban anoche en la Ciudad mientras seguían ansiosamente los vaivenes de la causa.