Llevó demasiado tiempo. Quince años. Pero ayer en Córdoba fue detenido el ex sargento de la Policía Bonaerense Jorge Alfredo González, acusado del crimen del albañil Andrés Núñez, ocurrido en 1990. El momento era esperado por los familiares del que fue el primer desaparecido en democracia, incluso antes del caso del estudiante de periodismo Miguel Bru.
Durante las últimas semanas habían renovado las esperanzas de que la policía diera con alguno de los acusados, tras la obtención de una recompensa ofrecida por el gobierno de Felipe Solá. Y de conseguir, por fin, un abogado que asumiera el reto de revertir el destino de la causa judicial: Eduardo Hortel, el experimentado ex camarista, el mismo que condenó a los asesinos de Miguel.
González se habría entregado sin resistirse y quedó detenido en Córdoba, a la espera de ser trasladado a La Plata para su indagatoria por parte del juez de transición Horacio Nardo. El sargento expulsado de la fuerza era buscado junto a un comisario y a otros dos policías bonaerenses, acusados de participar del asesinato de Núñez, hace quince años, cuando lo estaban torturando para sacarle información.
Están imputados del presunto delito de “torturas seguida de muerte”, mientras otros cuatro de sus compañeros fueron acusados de “omisión de denuncia de tortura”. La causa estuvo estancada hasta 1995, cuando el juez Ricardo Szelagoswki escuchó la declaración de un arrepentido que contó dónde estaba enterrado el cuerpo del albañil, el campo del familiar de un capo de la maldita policía.