La historia de la recuperación de los cuadros que, en 1980, habían sido robados del Museo Nacional de Bellas Artes se parece más a un Cézanne que a un Gauguin, es decir: tanto o más que por lo que muestra, vale por lo que sugiere. El hecho, preciso como las pinceladas de Renoir, es que ayer el cuadro de Cézanne, el de Gauguin y el de Renoir fueron restituidos por el juez federal Norberto Oyarbide a la institución damnificada, que a partir de mañana las exhibirá en una sala especial. En la historia se destaca la presencia de un “especialista en recuperar obras de arte perdidas” llamado Julian Radcliffe (con antecedentes laborales en los servicios secretos británicos), quien –según el testimonio de un ex director del museo– ya hacía cinco años conocía el paradero de las obras de arte robadas. Por ese entonces, el “especialista” solicitaba del gobierno argentino una recompensa de 700.000 dólares, que no se efectivizó. Las obras estaban en poder de dos hermanos taiwaneses. El especialista volvió a localizarlas y logró la restitución, por la cual se limita a solicitar un “honorario” de 90.000 dólares. Más oscura aún es la historia del robo en sí mismo, por la cual circula el recordado nombre de Aníbal Gordon –vinculado con los servicios de la última dictadura militar– y que incluiría un descanso de dos décadas del expediente en un juzgado equivocado.
Los cuadros Recodo del camino, de Paul Cézanne, El llamado, de Paul Gauguin, y Retrato de mujer, de Pierre-Auguste Renoir, forman parte de un conjunto de 17 obras robadas del Museo Nacional de Bellas Artes el 26 de diciembre de 1980. El juez Oyarbide los recibió hace diez días en Francia, de la jueza de instrucción Fabienne Pous, y acompañó personalmente su traslado a Buenos Aires. Para lograr la restitución intervino la agencia Art Lost Register, dirigida por Julian Radcliffe, quien habría localizado los cuadros cuando un ciudadano taiwanés llamado Arthur Lung intentó venderlos en una galería de París. El resto de las piezas robadas estarían todavía en poder de Lung y su hermano, en Taiwan.
Jorge Glusberg, ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, contó a este diario que “en mayo de 2001, recibí carta de un señor Julian Radcliffe: sabiendo que yo iba a ser curador en la Bienal de Venecia, me proponía que nos encontráramos allí para hablar de las 17 obras que en 1980 habían robado del Museo. No acepté encontrarnos en Europa. Tuve miedo porque yo conocía, a medias, la historia del robo de esas obras. Le propuse encontrarnos en el Museo y ante testigos. Al mes siguiente, viajó a Buenos Aires. Pedí informaciones sobre él en la embajada inglesa y me dieron antecedentes fabulosos: su empresa estaba prácticamente auspiciada por las grandes galerías de arte: Christie’s, Sotheby’s. Es cierto que estos grandes vendedores no son exactamente buenos chicos; en todo caso, este señor es su referente para recuperar obras robadas. Después supe que Radcliffe había trabajado en los servicios de inteligencia británicos: de ahí que su embajada insistiera en que a él podíamos contarle todo”.
“Radcliffe me ofreció restituir las obras, pero pidió una recompensa del 20 por ciento del total, cuyo valor, según tasaciones internacionales documentadas, era de 3.500.000 dólares –continuó Glusberg–. Yo presenté la cuestión ante la Cancillería argentina y se decidió no pagar. Radcliffe vino dos veces más por el mismo motivo; en una de ellas contrató abogados de un estudio porteño muy prestigioso. El decía que las obras las tenía un asiático, cuyo nombre no dio. Cuando nos negamos a recompensarlo, pidió quedarse con una de las 17 obras, lo cual tampoco fue aceptado porque son patrimonio nacional.”
Según el juez Oyarbide, quien tomó declaración a Radcliffe en París, el titular de Art Lost Register “admitió haber solicitado una recompensa en su momento, pero se limitó a pedir 90 mil dólares en concepto de honorarios” por haber localizado las obras.
En cuanto a la historia que conoce “a medias”, la del robo en sí, Glusberg se negó a ampliarla. Oyarbide se limitó a admitir una posible vinculación con la causa de Aníbal Gordon –quien dirigió un grupo de tareas durante la dictadura y después delinquió por cuenta propia– y vinculó esta posibilidad con el hecho de que “un juez de instrucción tuvo la causa durante casi 20 años, pese a que era evidentemente un caso federal”.