La ciudad ya tiene una ley para implementar un programa de reciclado de residuos a gran escala, conocido con el nombre de Basura Cero. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización ambientalista Greenpeace, prevé reducir en un 50 por ciento la cantidad de desperdicios enviados a los rellenos sanitarios para 2012 y en un 75 por ciento para 2017. Para el gobierno porteño, la norma es “positiva”, aunque si no se hacen las reformas legales necesarias para que funcionen centros de acopio y clasificación de residuos, será “sólo una declaración de principios”.
En los predios de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), se reciben cada día entre cuatro y cinco mil toneladas de basura generada en la ciudad de Buenos Aires. Según indicaron desde Greenpeace, este sistema provoca la contaminación del aire, el suelo y el agua, además de “un enorme despilfarro de recursos”.
El diputado del ARI Juan Manuel Velasco –uno de los impulsores de la normativa– detalló que a partir de su aprobación se pondrá en marcha lo que se conoce como separación en origen, es decir en cada domicilio, entre residuos secos y húmedos. En vistas a este primer paso, “las futuras concesiones del servicio de recolección deberán tener dos camiones trabajando en el mismo circuito o bien coordinar el trabajo con los recuperadores urbanos (cartoneros) –dijo Velasco–. La idea es que el Estado debe mediar y articular entre esos dos sectores, porque se busca que los recuperadores no pierdan la fuente de trabajo y logren más eficiencia”.
Emilio Spataro, miembro de Greenpeace, recordó que ya hay varias cooperativas de recuperadores que están organizadas –entre ellas, El Ceibo y El Alamo–, que “podrían garantizar la recolección en algunos barrios porteños”.
En el siguiente paso se separarán los residuos inorgánicos entre cartones, vidrio o plástico. La ley prevé que esta labor se haga en los llamados centros verdes o centros de tratamiento, que no se pueden instalar oficialmente porque no están reconocidos en el Código de Planeamiento Urbano (CPU). Según afirmó Spataro, “lo que existe hoy son galponeros que reciben los residuos de los recuperadores y los venden. El gobierno debe construir estos centros y regularizar la situación de los galponeros”.
Por esa razón, se incluyó en la ley una cláusula que establece que el nuevo programa entrará en vigor cuando se efectúen las modificaciones al CPU. Para que la Legislatura apruebe esos cambios, será necesaria la realización de audiencias públicas.
Eduardo Epszteyn, secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, opinó que “la ley es positiva, es un paso hacia adelante. Pero los legisladores debieran ahora abocarse al trabajo de modificar el Código de Planeamiento Urbano: para tener instrumentos normativos que nos permitan llevar esta política pública todavía faltan reformas estructurales. Esperemos que lo hagan pronto, si no es una declaración de principios”, objetó el funcionario. También cuestionó “que hay que precisar con bases más científicas las metas de reducción, porque si el PBI sigue creciendo, la cantidad de basura será mayor”.
Por su parte, el director político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, estimó que hacia mayo de 2006 podría estar implementándose el nuevo sistema. En cuanto a “hechos eventuales como que se dispare la producción de basura, está en manos del Estado hacer modificaciones. El cronograma fijado es exigente, pero realista: se puede hacer y no hay riesgos de que sea sobreexigente”, aseguró.

Informe: Daniela Bordón.