Los jóvenes conforman la franja más castigada a la hora de obtener empleo: la tasa de desocupación en la población de entre 16 y 25 años asciende al 15 por ciento, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (Cedem). Pero en la ciudad de Buenos Aires esta situación puede comenzar a revertirse a través de la implementación de la flamante Ley para la Promoción del Empleo Joven, que propone un estímulo, a través del otorgamiento de subsidios, a las pymes que contraten a jóvenes trabajadores.
La ley, aprobada el jueves en la Legislatura, comprende acciones dirigidas a la población desocupada de 16 a 26 años e incluye capacitación laboral e intermediación para el encuentro de oportunidades de empleo, además de beneficios para las empresas participantes. La ley impulsa la puesta en marcha del Programa Mi Primer Empleo, basado en convenios que se celebren con pymes de la ciudad.
El diputado socialista Roy Cortina, impulsor de la ley junto al legislador Diego Santilli, comentó a Página/12 que “la ley fue aprobada rápidamente después de casi 8 meses de trabajo en las comisiones”. De ahora en adelante, “el Ejecutivo la tiene que reglamentar. Con tiempos naturales, la ley podría comenzar a implementarse a partir del año que viene”. Para ello, “el Estado deberá hacer convenios con el sector privado”, explicó Cortina.
El proyecto establece que el subsidio que obtiene cada pyme que incorpore a estos postulantes será otorgado por el término máximo de un año y será equivalente a un porcentaje del salario básico de cada joven.
La ley “complementa el Programa de Empleo Joven que ya se viene desarrollando en la ciudad de Buenos Aires y apunta a generar incentivos para quienes generan empleos”, señaló a este diario el subsecretario de Producción porteño, Gustavo Svarzman.
Todo esto “tenemos que reglamentarlo. Para marzo o abril se planea que se concrete. La reglamentación implica fijar el monto del incentivo. Se hablaría de una suma por joven que estaría en el orden de 100 y 300 pesos, es decir, la ciudad aportaría un tercio del salario, mientras que la empresa aportaría dos tercios del mismo”.
En una primera etapa, se espera que “entre 200 y 300 pymes se sumen al proyecto. En la ciudad hay un total de 10 mil pymes”. Para que este mecanismo no sea utilizado como un instrumento de flexibilización laboral, la ley dispone que sólo podrán acceder las empresas que no hayan producido despidos de personal sin causa seis meses antes de usar el beneficio.
Las empresas que participen del programa podrán incorporar hasta un máximo de diez trabajadores nuevos, siempre que no superen el 50 por ciento del total de la planta. La ley contempla además el desarrollo de campañas contra el trabajo no registrado.