M.A.M., denunciante de un caso de gatillo fácil policial ocurrido en Merlo durante uno de los hechos de violencia que acompañaron la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, viene sufriendo una permanente persecución desde que su caso salió publicado por primera vez en Página/12 el 18 de mayo pasado. Después de varias incursiones de uniformados y personal de civil inquiriendo sobre su paradero, las cosas pasaron a mayores en la tarde de ayer, cuando una amiga del testigo fue interceptada en la calle por el mismo grupo, que dejó un mensaje: “Decile que ya sabemos dónde vive y los lugares que frecuenta. Decile que es boleta, que lo vamos a matar”. Las intimidaciones comenzaron cuando la causa por el intento de homicidio de dos jóvenes –uno de ellos quedó hemipléjico– comenzó a moverse luego de una larga siesta judicial. Una novedad del expediente dejó perplejas a las víctimas: el alto jefe policial que debe conducir la investigación interna estuvo acusado por otro caso de gatillo fácil ocurrido en junio de 1985 y que, como tantos otros, quedó impune.
El lunes 20 de mayo, dos días después de publicada la nota, el fiscal de Morón Adrián Flores, que había recibido en enero la denuncia de M.A.M., dispuso el allanamiento de dos dependencias policiales, las comisarías 1º y 3ª de Merlo. En la 1ª trabajan al menos dos de los policías que el 20 de diciembre, sin motivo alguno, balearon con escopetas Itaka a M.A.M., de 22 años, y a su amigo S.O., de 21. En la seccional 3ª se había realizado la primera denuncia, por parte de los médicos del hospital Héroes de Malvinas de Merlo que asistieron a los dos jóvenes. Allí nunca se investigó nada y ni siquiera fue hallada la constancia de la denuncia de los profesionales, que habría sido destruida para ocultar la existencia misma del hecho.
En la comisaría 1ª se secuestraron los libros donde están asentados los nombres de los policías que estuvieron de guardia el 20 de diciembre. También se pidió un listado de los autos que integran la flota estable de esa dependencia, ya que M.A.M. había aportado el número de chapa de uno de los vehículos en los que se movilizaban los agresores. El informe sobre los automóviles está firmado por el jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, de la que dependen las comisarías de Merlo. La sorpresa es que el titular de esa DDI es el comisario Claudio Omar Smith, quien el 17 de junio de 1985 participó en lo que se denominó “La Matanza de Villa Albertina”.
Ese día, en una villa de la zona sur del Gran Buenos Aires, durante un operativo, la policía mató a cuatro personas, tres de ellas totalmente ajenas a los hechos relacionados con el procedimiento. Las víctimas que nada tenían que ver eran Florentino Moreno, un hombre de 52 años postrado en una silla de ruedas; su esposa Lidia Raquel López, de 23 años, quien estaba embarazada, y una hija de ambos, Margarita Leonor, de 2 años. En marzo de 1986, el juez Guillermo Gordo dispuso la prisión preventiva de los cinco policías involucrados, entre ellos el entonces oficial inspector Smith. Los agentes dispararon 96 tiros en total. Todos los involucrados fueron dejados en libertad y la causa, cerrada sin llegar a condenas. Ahora, Smith debe conducir la investigación interna para identificar a los policías que atacaron a M.A.M. y a S.O., sin motivo alguno, en el marco del caos generalizado ocurrido en distintos lugares del país durante las jornadas de diciembre. La causa comenzó a moverse recién en mayo y en ese marco se produjeron las amenazas contra M.A.M., quien ahora solicitará su ingreso al Programa de Protección de Testigos de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. M.A.M. y su familia fueron “visitados” tres veces por hombres que en una ocasión hasta llegaron a presentarse uniformados y a bordo de un patrullero.