Hasta hace unos pocos días el Consejo de la Magistratura era una especie de objeto no identificado para el común de la gente, aunque lleva siete años en acción. De repente, un proyecto de ley impulsado por Cristina Kirchner para achicarlo le dio una visibilidad política sin precedentes. Se trata, en efecto, de un organismo clave en la Justicia, ya que elige a los jueces y puede iniciarles juicio político. La propuesta K apunta a recortar el poder de las corporaciones que lo integran (jueces y abogados) y busca ampliar el peso de los legisladores junto con el delegado del Poder Ejecutivo. “Es inconstitucional que el sector político del Consejo pueda sesionar con quórum propio”, advierte Andrea Pochak, directora del programa Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONG que cuestionan la iniciativa. Según la experta, la reforma “no resuelve los problemas existentes” como “las falencias en las investigaciones y la falta de transparencia”.
–La insatisfacción por el proyecto se expresó en muchos sectores, al punto de que se juntaron varias organizaciones civiles de perfil muy distinto para repudiarlo. ¿Qué le critican a esta posible reforma?
–Hay que aclarar que las críticas son diferentes entre las distintas organizaciones. Nosotros sostenemos que el Consejo de la Magistratura no es la panacea y tiene serias deficiencias. Hace falta un cambio, pero no cualquier reforma. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de perfil reaccionario, la Asociación de Magistrados y Fores, han cuestionado el proyecto, pero no escuchamos críticas de ellos al Consejo. En el CELS evaluamos que viene funcionando con fuertes resistencias corporativas del sector de los jueces y abogados, que no han preservado la independencia judicial. Deben integrarlo jueces y abogados pero también políticos.

–¿En qué falla la propuesta del oficialismo que debatirá el Senado?

–No resuelve los problemas de funcionamiento existentes en el Consejo, no partió de ningún diagnóstico. Y genera un desequilibrio entre los distintos estamentos que va contra la Constitución. Una reducción puede ser positiva, pero debe respetar el equilibrio entre los sectores representados. Es inconstitucional que un estamento, el sector político del Consejo, pueda sesionar con quórum propio. Es preocupante que los legisladores y el representante del Poder Ejecutivo puedan manejar las decisiones.

–¿Hay un intento de manipulación política?

–Entiendo que sí, porque no se explica el motivo de la reforma. La forma en que se quiere llevar a cabo genera sospechas de manipulación política. Me refiero a la forma autista de legislar, a las apuradas, sin debate. El Consejo es un órgano central para la designación y remoción de jueces y por eso es clave para la independencia judicial.

–¿Qué busca el Gobierno con el cambio que propone?

–Advirtieron que el Consejo es un órgano clave para la administración de justicia. No le habían prestado atención. Posiblemente el Ejecutivo busque simplificar los mecanismos de toma de decisiones y quitarles poder a los estamentos de jueces, abogados y académicos. Quiere tener más injerencia. Además, el proyecto impactará en la puja histórica que hay entre el Consejo de la Magistratura y la Corte sobre el manejo del presupuesto y otras facultades.

–¿Dé qué modo se vería ese impacto?

–En principio, en favor de la Corte. La modificación de la ley que se prevé restringiría las facultades del Consejo en temas administrativos y de superintendencia y les daría más a la Corte y a las cámaras. El año pasado hubo un conflicto fuerte alrededor del manejo del presupuesto: el Consejo dispuso un aumento salarial general pero la Corte se metió, lo frenó y luego actuó sólo en defensa de los haberes de los jueces.

–Será por todo esto que el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, la llamó a Cristina Kirchner para darle su respaldo por el proyecto.

–Seguramente tiene mucho que ver.

–¿Está mal recortar el peso de los abogados y los jueces en el Consejo? Para ustedes acaso las corporaciones ¿no encarnan el problema central?

–Hay que modificar el funcionamiento, pero para eso no hace falta una reforma legal. Las actuaciones corporativas, la falta de investigación o de sanción a los jueces, no se arreglan con una ley. Hay que cambiar la dinámica interna. También se podría modificar el sistema de designación de consejeros y darle participación a la sociedad. Que se conozcan los antecedentes y se puedan presentar observaciones.

–¿Cómo evalúa la eliminación de las segundas minorías parlamentarias?

–Teniendo en cuenta cómo ha sido la dinámica del Consejo, la segunda minoría ha sido el factor más dinámico. Esto se vio en el papel activo de Marcela Rodríguez, del ARI. Sería peligroso sacar a este sector.

–¿Se podría achicar el Consejo pero mantener la representatividad de las distintas fuerza políticas?

–Se podría lograr con un sistema de elección de consejeros que permita alianzas entre partidos. Ahora, a los diputados y senadores que van la Consejo los elige su partido. Sin embargo, podría elegirlos el pleno de la Cámara, lo que obligaría a generar consensos entre los distintas fuerzas.

–¿Cuáles son, en suma, los problemas a revertir en el Consejo?

–Las investigaciones a jueces han tenido falencias y casi no hubo sanciones disciplinarias. También se ve un manejo discrecional de expedientes: algunos que deberían ir a la Comisión de Acusación, que propone los juicios políticos, van a la de Disciplina que sólo señala faltas menores. No se entiende por qué el caso del juez Claudio Bonadío, con una falta tan grave como haber demorado la investigación de las irregularidades en la causa AMIA, es tratado como un asunto disciplinario.

–¿Las anomalías sólo se vieron en las investigaciones contra jueces?

–También hay fallas en la transparencia: el Consejo estableció un sistema de publicidad de las declaraciones juradas de los jueces que prácticamente impide el acceso a ellas. Las decisiones del organismo no apuntan a mejorar la administración de justicia porque dependen de negociaciones cruzadas entre los estamentos. Y hay otro tema central: el Consejo hace ningún control de gestión de la Justicia. Nadie controla cómo trabajan los juzgados, cuáles tienen presos con preventiva por años, o cuáles acumulan causas que siempre terminan en prescripción.