Por Darío Aranda
Desde Andalgalá, Catamarca

Agua para no beber. Aire que mejor no respirar. Un pueblo pobre, sobre montañas de oro. Son algunas de las contradicciones de Andalgalá, una localidad catamarqueña de 17 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde funciona desde hace diez años la mina de oro y cobre más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. La empresa, Minera Alumbrera, de un consorcio suizo canadiense, es denunciada por los pobladores de contaminar la tierra, el aire y el agua. Espacios sociales, gubernamentales y judiciales del Noroeste argentino advierten que la contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero el mayor desastre –aseguran– comenzaría en breve: una nueva mina, tres veces más grande, aún más cerca del pueblo y en las cumbres que proveen de agua a toda la región. Los Vecinos Autoconvocados aseguran que será el tiro de gracia para el pueblo. Piden un plebiscito al estilo Esquel. Crónica desde Andalgalá: caso testigo de la minería metalífera a gran escala.

Montañas ricas,
pueblo pobre

Seis horas de micro desde San Miguel de Tucumán. Cinco desde San Fernando del Valle de Catamarca. Siempre por rutas destruidas, ripio al borde del precipicio, clima desértico, paisaje de postal. Andalgalá lejos está de ser un pueblo: es ciudad. En su centro urbano hay supermercados, celulares de todas las marcas, banda ancha a cada cuadra, algunas casas casi mansiones y coloridas 4x4. También hay un profesorado al que le escasea el techo, un solo hospital que siempre tiene colas con varias horas de espera y barrios que nada se diferencian de los empobrecidos del Gran Buenos Aires. La plaza principal cumple con la regla de toda localidad de la Argentina profunda: es el epicentro del centro urbano. Al frente se ubica una iglesia enorme, a pocos metros la municipalidad y la comisaría. Todos se saludan en la plaza, la calle o los bares. Todos saben qué hace el otro y también todos saben qué postura tiene el vecino en torno de la minería.
En las calles se comprueba que los adultos y los niños son mayoría, lejos. Hay pocos jóvenes. La generación de 20 a 30 años pareciera haberse fugado en busca de ese trabajo que escasea. Los autos estacionados con vidrios bajos y estéreos tentadores no corren peligro. Hay pocas rejas. Ninguna casa tiene alarma. Todo con un prolijo y limpio asfalto gris. En el horizonte se imponen las montañas que esconden, detrás, lo que todos hablan: el oro, el cobre y las instalaciones de uno de los yacimientos más importantes del mundo. Sólo vehículos 4x4 o motos de cross pueden espiar la riqueza que guarda el paisaje lunar del Noroeste argentino.
De una u otra forma, todo el tiempo la minería puede ser tema de conversación en Andalgalá: en un bar, el cronista almuerza un cordero sabroso. Un vecino antiminería mira con recelo y, cuando ya ganó algo de confianza, arruina el almuerzo: “Es barato ¿no? Porque es de la zona de Alumbrera. Pocos se animan a esa carne”.
“Hace diez años yo di la bienvenida a la Alumbrera. Creía que era signo de progreso. Todos estábamos felices. Pero fue el error de mi vida. Todo fue mentira: no dieron trabajo, trajeron más pobreza y contaminaron todo. Nos están matando, en serio, se lo juro”, confiesa con mirada perdida Urbano Cardozo, un jubilado andalgalense que evalúa vender su casa y mudarse donde la contaminación no lo alcance. Junto a una veintena de vecinos milita para que Alumbrera “pague por el desastre que hizo y que no se instale el nuevo proyecto. Será la muerte del pueblo”, asegura.
Los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá son docentes, jubilados, comerciantes, obreros de la construcción y amas de casa que aprendieron de fórmulas químicas, historia, procesos de extracción, leyes ambientales y beneficios impositivos de que gozan las compañías. “Es David y Goliat”, resumen. Enfrente ubican a las multinacionales mineras más importantes del mundo: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5); al Estado en sus tres niveles –municipal, provincial y nacional– y una comunidad dividida en torno de la empresa: familias desmembradas, hermanos que no se hablan, amigos de toda la vida hoy distanciados, comerciantes que perdieron clientes por oponerse a la minería, vecinos que ni se miran. Un pueblo donde la minera, como la polémica, afecta a todos.

La mina

El yacimiento de oro y cobre pertenece al Estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el Estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), pero cedieron la explotación al consorcio suizo canadiense. Funciona a 40 kilómetros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre montañas y alambrados olímpicos.
Muy pocos pueden ingresar al yacimiento, que trabaja día y noche y donde una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, no hay palas, no hay pepitas de oro y, ni siquiera, hay mineros.
Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda la Argentina. No es casualidad que desde nubes de polvo llueva tierra en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas de rocas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
“Los drenajes ácidos representan uno de los principales problemas ambientales de la minería. Producen una contaminación grave”, explican desde Greenpeace.
Según datos de la misma empresa, el yacimiento se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo (con 190 mil toneladas anuales) y entre los 15 de oro (con 23 mil toneladas). “Minera Alumbrera es el mayor consumidor eléctrico individual de Argentina”, avisa la misma empresa en su página de Internet. Cuenta con hoteles para empleados y visitantes, 500 habitaciones, comedor, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos hacia Tucumán y Catamarca.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en soluciones ácidas que purifican el mineral. Esta solución viscosa es nuevamente purificada por un proceso de flotación de gran escala. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de alto, llamado “dique de colas”. El producto bruto es enviado por un monumental mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral. Llega hasta Cruz del Norte, en Tucumán, donde el “Tren Alumbrera” (la empresa cuenta con cuatro locomotoras y 182 vagones propios) transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja rumbo al exterior, donde será refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros y líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.
Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. “Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: el artículo 22 de la Ley 24.196 legisla que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. De esta forma, las monumentales obras las paga el Estado”, explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también acusan la contaminación que les llega desde la vecina Catamarca.

Diez años después

El fiscal de Tucumán Antonio Estofán denunció a la empresa por contaminación. El juez federal de Santiago del Estero, Felipe Terán, investiga una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación que llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del mineraloducto. Organizaciones sociales de Tafí del Valle, en Tucumán, advierten sobre contaminación del aire, radiaciones del electroducto e invasión de cementerios indígenas. Son sólo algunas de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impulsadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.
El titular de la empresa, Julián Rooney, respondió a las acusaciones: “No existe contaminación de ninguna índole. El importante trabajo desplegado y las conclusiones del monitoreo ambiental han servido para que la industria pueda demostrar su apego al cumplimiento de las normas ambientales”, le dijo a Página/12.
Los Autoconvocados exigen desde hace años estudios “independientes” de tierra y agua. Un estudio técnico que enarbolan variados sectores fue realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), que confirmó que el dique de colas tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño.
El presidente de Alumbrera afirmó que “el estudio del ingeniero Nieva toma en cuenta datos parciales y realiza extrapolaciones que nada tienen que ver con la realidad de lo que realmente ocurre, por lo tanto carece de fundamento técnico. En nuestra página web puede encontrarse un trabajo con los argumentos que explican por qué son inexactas las conclusiones a las que arriba el ingeniero Nieva”.
Desde Greenpeace aseguran que “es evidente que las actividades mineras frecuentemente producen beneficios económicos a corto plazo a las comunidades. Pero también producen impactos ambientales y de salud a largo plazo que las compañías mineras frecuentemente evitan pagar”.

Sí o no

El intendente justicialista, José Eduardo Perea, tiene 49 años. Siempre vivió en Andalgalá. Tez morena, cabello lacio y negro, peinado con prolija raya a la izquierda. Durante la campaña que lo llevó al Ejecutivo municipal había prometido un plebiscito para decidir qué hacer con el yacimiento de Agua Rica. Pero ahora encontró un inconveniente: “El pueblo debe decidir, de eso estoy seguro, pero es que todavía no están preparados porque desconocen el tema. Igual, yo le puedo asegurar que desde mi gestión no se contaminó nada”, señaló a Página/12. Cuando se le preguntó cuándo estarán preparados para el plebiscito los mismos electores que lo llevaron a ser intendente, dice no saber, pero sí asegura que la empresa es inocente de todo. Sólo culpa, una y otra vez, a “los anteriores gobiernos que no exigieron que la empresa cumpla sus promesas”. “El es prominería”, acusan los Autoconvocados y arriesgan algunas posibles causas a ese cambio de opinión: “Un solo camión minero vale más que lo que recauda el municipio en todo el año.”
Los Autoconvocados impulsan un plebiscito vinculante para antes de fin de año, pero saben que es un arma de doble filo. En caso de llegar a esa instancia, la gran incógnita es saber qué pasará. Es un contexto muy diferente a Esquel. “Acá hay mucha necesidad, hermano, la empresa tiene aceitado todo su asistencialismo, deja caer sus migajas en muchos lugares y esa gente, lamentablemente, depende de Alumbrera para sobrevivir”, admitió Roberto Cecenarro, pionero militante contra la empresa. Los Autoconvocados retrucan: “No tenemos nada que perder. Hay que hacer entender que sin oro se puede vivir, pero sin agua no”.