El Banco Mundial efectuó un estudio de impacto ambiental favorable a la instalación de dos cuestionadas plantas papeleras en Uruguay. El informe técnico, que es preliminar y abre un período de consultas con todas las partes, considera que los efluentes “no afectarán la vida acuática o el uso recreativo del río Uruguay” y que las emisiones al aire “cumplirán con las normas del Banco Mundial”, si bien “en situaciones sumamente raras podrían detectarse gases olorosos a 5 o 10 kilómetros de distancia”. La importancia del criterio que en definitiva adopte el Banco Mundial obedece a que la entidad financiaría parte de las obras y que esto a su vez guiaría las decisiones de inversores privados al respecto. La entidad, al hacer público su informe, lo definió como un “borrador” y aclaró que no tomará una decisión hasta que el período de consultas, de por lo menos 60 días, haya concluido. El contenido del borrador fue rechazado por las ONG argentinas que cuestionan la instalación de las papeleras y criticado por Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos.
El informe, preparado por técnicos de la Corporación Financiera Internacional (CFI, ligada al Banco Mundial), sostiene que “no se han identificado impactos de las dos plantas sobre la biodiversidad y los hábitats naturales”, ya que “ambas están siendo construidas en tierras que se usaban para agricultura”, en las cuales “existe poco o ningún hábitat natural original”; al contrario, las plantaciones forestales requeridas para suministrar la celulosa “mejoran la biodiversidad”.
En cuanto a la calidad del aire, el informe afirma que “las concentraciones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno se encuentran dentro de lo establecido por las más estrictas normas de salud”; aun “en la zona más cercana a las plantas, los niveles predichos están holgadamente comprendidos dentro de las normas”. Los técnicos del Banco Mundial reconocen “un período inicial de tres a cuatro meses” durante el cual “pueden producirse liberaciones de algunos gases olorosos”, que “pueden ser detectables a distancias de 5 a 10 kilómetros en forma infrecuente”; también en “eventos normales para mantenimiento de rutina” se detectaría “algún olor superior a los valores de límite a distancias de uno a dos kilómetros de las plantas”, lo cual sucedería “durante una hora o menos” y “una o dos veces por año en promedio en cada planta”.
Pero además están los “arranques y paradas no planificados” que “no pueden predecirse por adelantado pero se sabe que ocurren” y que “hasta cinco veces por año en cada planta” generarían “olores de variada intensidad”, que, en situaciones “sumamente raras”, podrían detectarse “a distancias de hasta diez kilómetros”. También puede acontecer “un impacto acumulativo de olores de ambas plantas”, pero “se espera que esto sea muy poco frecuente”.
Respecto de la calidad del agua del río, aun “en la peor condición”, dada por un bajo caudal de agua, “no se espera que los cambios en la calidad del agua sean significativos o fácilmente detectables” y “no se predice efecto en la zona de playas Ñandubaysal”, cerca de Gualeguaychú. El informe afirma que “el efluente de las plantas es de muy alta calidad”, con “un riesgo muy bajo de impacto adverso sobre las especies acuáticas”. En cualquier caso, “las medidas de mitigación incluyen la preparación y respuesta ante emergencias, que ambas empresas ya incluyeron en sus planes. También será necesaria una campaña de consulta pública y comunicación para disipar los temores e inquietudes no fundamentados del público”.
Bill Bulmer, director adjunto del Departamento Medioambiental de la CFI, precisó que “el análisis que hemos hecho demuestra que las fábricas cumplen nuestros requisitos de mejores prácticas”.
La CFI considera su propio informe como un “borrador” que estará “disponible para el análisis público y posibles modificaciones durante un mínimo de 60 días”, que serán “previos a cualquier decisión del Banco Mundial” sobre el financiamiento a las papeleras. Se invitará a Uruguay y la Argentina a designar “un experto técnico cada uno”, los cuales tendrán”un papel asesor”. Desde mediados de enero, el Banco Mundial “convocará a cuatro reuniones” abiertas a “los grupos de interés”, en Montevideo, Fray Bentos, Gualeguaychú y Buenos Aires.
En respuesta al informe, Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos, sostuvo que el director de Fabricación Global de la CFI, Dimitris Tsitsiragos, “está involucrado en el proyecto de las papeleras” y que el estudio “no tiene nada que ver con el informe que dará la semana próxima la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor”. Juan Carlos Vega, asesor de la gobernación entrerriana, afirmó que “el borrador se basa en el informe de una consultora que fue impugnado por nosotros ante la ombudsman”.
Jorge Taillant, director de la ONG entrerriana Centro de Derechos Humanos y Ambiente, aseguró que “la publicación de este borrador viola las políticas de la misma CFI, que requieren la consulta con los afectados antes de diseñar el estudio de impacto ambiental” y estimó que “el plazo de 60 días tendrá que extenderse”. Horacio Melo, de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, destacó que el borrador “carece de rigor científico; por más que las instituciones que han participado tengan prestigio, hay que pensar que el dinero condiciona”.
Raúl Estrada Oyuela, director de medio ambiente de la Cancillería argentina, observó que “el borrador recoge, pero no resuelve, las preocupaciones que venimos planteando” y anticipó que “durante el proceso de consultas que prevé la CFI enumeraremos las condiciones que estimamos necesarias para resolverlas”.