Como atraídos por el verano, ayer llegaron a Mar del Plata los inspectores encargados de controlar el cumplimiento de la denominada Ley de Talles, que empezó a regir y obliga a los comerciantes de indumentaria femenina de la provincia de Buenos Aires a disponer de prendas de todos los talles que existen en el mercado, incluso hasta el 48, y tenerlas etiquetadas por números. Según señaló a Página/12 Ana Serrano, directora provincial de Comercio, “el balance es muy positivo”, aunque también indicó que “en la recorrida vimos de todo”. Muestra de esa totalidad son las declaraciones de Hugo Arraña, integrante de la Cámara Industrial de Indumentaria bonaerense, quien explicó que “no es por discriminar a nadie pero, por motivos económicos, la ley es imposible de cumplimentar”.
La ley provincial 12.665 había sido sancionada 180 días atrás, el lapso del que dispusieron los comercios para adaptarse. La norma los obliga a tener stock de todos los modelos en talles entre el 38 y el 48. Y también los conmina a abandonar las marcaciones de los tamaños con S, M, X y XL para adoptar los números. El fundamento: cada mujer tiene derecho a que su talla no se transforme en un impedimento al momento de ir de compras.
Los 14 inspectores iniciaron su trabajo por el centro marplatense a las 9. Al frente de ellos, con centímetro en mano, iba Serrano. “Vinimos a Mar del Plata porque comienza la temporada y a cumplir con nuestro compromiso público de que hoy (por ayer) empezábamos a controlar”, indicó la funcionaria.
Aunque todavía no cuenta con cifras que reflejen el acatamiento de los comerciantes, Serrano aseguró que “el balance es muy positivo”. “Hubo empresas muy importantes que cumplieron, tanto con la variedad de talles como con la modalidad de etiquetado, lo que nos muestra que la ley es perfectamente aplicable. Sólo hace falta tener la voluntad de hacerlo”, remarcó.
Claro que hubo algunos claroscuros. “Vimos de todo. Algunos comercios cumplían con el stock de talles pero no con el etiquetado, e incluso nos encontramos con una empresa que nos dijo que no va a cumplir con la ley. Y algunos comerciantes nos manifestaron que son los fabricantes los que no les proveen los talles, en esos casos vamos a ir por los fabricantes”, afirmó. Ante las irregularidades, se labraron actas. Los infractores tendrán cinco días para presentar sus descargos. Luego se evaluaran las posibles sanciones.
Las resistencias a la aplicación de la nueva legislación partieron desde la industria textil, que considera que la perjudica y que es “arbitraria”. El mayor logro de los empresarios se lo anotó Comercializar Texmar SA, para la que un juez dictó una medida cautelar contra la norma por entender que agrede el derecho de ejercer el libre comercio.
A pesar de que a Serrano le causó espanto, Hugo Arraña, integrante de la Cámara Industrial Bonaerense de la Indumentaria, manifestó a este diario que “la ley es imposible de cumplimentar, no por discriminar, sino por un tema económico. Producir todos los talles de todos los productos nos produce costos que no podemos afrontar. Así los precios se incrementarían tanto que terminaríamos perjudicando a quienes necesiten los talles grandes”. Además, aventuró una solución: “Dejemos que crezca la oferta en los negocios que venden talles especiales”. Para sostener que no discrimina, Arraña tiene su mejor argumento: los 120 kilos que debe vestir.

Informe: Lucas Livchits.