“La Ley de Salud Mental porteña ha venido siendo una ley virtual, sin cumplimiento efectivo”, admitió ayer Pablo Berrettoni, flamante interventor en el Hospital Moyano, que a su vez es director de Salud Mental de la ciudad. En la misma jornada y desde el recién constituido Movimiento Social de Desmanicomialización, se advirtió que “el Moyano y los otros tres neuropsiquiátricos funcionan como embudos adonde van a parar pacientes para cronificarse, sostenidos por entidades de profesionales y por los intereses de la industria farmacéutica”. Berrettoni, por su parte, ratificó la denuncia penal por efectuar investigaciones ilegales con pacientes internadas en el Moyano y reveló que continúan en la institución dos personas denunciadas por violar a internas. El director desplazado, Néstor Marchant, se retiró vitoreado por integrantes del personal, con el apoyo de la filial Moyano de la Federación Médica y observando que “me sacan cada tanto y después me tienen que poner de nuevo”.
Luego de asumir el cargo, Berre-ttoni precisó que la denuncia por protocolos de investigación efectuados ilegalmente sobre pacientes involucra “a unos 12 médicos del hospital, y desde luego compromete la responsabilidad de Néstor Marchant como director”. La denuncia había sido formulada ante el juez federal Ariel Lijo por el secretario de Salud porteño, Donato Spaccavento, “cuando supimos que una paciente que había ingresado por un intento de suicidio estaba incluida en un protocolo con un fármaco contraindicado para esa situación. El problema general es que los protocolos no incluyen la firma del juez que es responsable legal del paciente; éste, por sí solo, en condiciones de enfermedad mental, privado de su libertad y muchas veces subculturalizado, no está en condiciones de dar ese consentimiento”.
El interventor reveló también que “dos miembros del personal, sumariados y denunciados penalmente por violaciones a pacientes, siguen trabajando en el hospital: nos proponemos trasladarlos a otra institución y, si es posible, dejarlos en disponibilidad”.
Ayer a la mañana, luego de asumir, Berrettoni prometió investigar “hasta el hueso” las denuncias por delitos sexuales contra internas y anunció que “si los autores forman parte de los gremios, avanzaremos sobre ellos también”; pidió asimismo que las entidades gremiales del Moyano “depuren a su gente”. Por la tarde, luego de reunirse con Mario Muñoz, titular de la filial Moyano de ATE, el interventor anunció que ese gremio “comprendió que tenemos que unirnos para que el hospital recupere el prestigio” y destacó que “la mayor parte del personal trabaja en forma abnegada”.
El ex director ya se había retirado, acompañado por cánticos: “¡Marchant, querido, el Moyano está contigo!”. Marchant saludó mientras comentaba: “Me sacan cada tanto, se arma un poco de despelote y después me tienen que poner de nuevo, así que vamos a esperar”. Efectivamente, Néstor Marchant –quien desde 1993 retiene la presidencia de la Asociación Argentina de Psiquiatras– fue desplazado y reinstalado dos veces como director del Moyano.
Entretanto, en el ámbito de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, precisamente ayer se fundó el Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional. Uno de sus representantes, Angel Barraco –miembro del Consejo General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires–, destacó que “el Movimiento exige la implementación de la Ley 448, de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires”, y advirtió que esa ley “no se está cumpliendo: están en su contra los intereses de la industria farmacéutica y hay resistencias de la Asociación de Médicos Municipales y de los psiquiatras adheridos a la Federación Médica de Capital”.
Según Barraco, “los neuropsiquiátricos resultan ser un embudo donde se precipita, para cronificarse, la problemática no atendida en otros dispositivos: la ley pide abrir camas de internación en hospitales generales, y esto no se cumple. Este año estaba previsto que tres hospitales generales abrieran camas pero no lo hicieron, lo cual se vincula con que en ellos muchos profesionales no quieren internar pacientes con problemas de salud mental, siguen sosteniendo el obsoleto criterio de la ‘peligrosidad’, y esto es discriminación”.
Barraco agregó que “tampoco se cumple la atención en salud mental en la mayoría de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac), y no se crearon los hospitales de día y de noche ni las residencias protegidas para externación de pacientes que solicita la ley. El último presupuesto porteño no destina nada a estos dispositivos y en cambio incluye 150 millones sólo para remodelar los neuropsiquiátricos”.
Berrettoni admitió que “hasta hace muy poco la Ley de Salud Mental de la Ciudad era una ley virtual, que no se ejecutaba” y destacó que su gestión “tiene como primera prioridad aplicar esta ley”. El actual interventor del Moyano se desempeñó durante 25 años como psiquiatra en esa institución, donde hay 1100 personas internadas, que son atendidas o custodiadas por 760 personas.