En un fallo previsible, la sala de feria de la Cámara del Crimen resolvió por unanimidad que Omar Chabán debe seguir en la cárcel. El abogado del empresario, Pedro D’Attoli, había planteado que como a su cliente y al grupo Callejeros se les imputa el mismo delito, estrago doloso, no es razonable que Chabán esté preso y los músicos en libertad. Sin embargo, la Cámara rechazó el planteo, básicamente porque un tribunal superior, la Cámara de Casación, ya se había expedido sobre el tema diciendo que Chabán intentó una especie de fuga y por lo tanto no tiene derecho a la excarcelación. Los familiares de las víctimas expresaron su satisfacción por el fallo. La controversia sobre Chabán podría llegar a la Corte Suprema a través de un recurso de D’Attoli, pero la eventual resolución del máximo tribunal tardaría, con suerte, unos seis meses.

El fallo de los jueces que integran la sala de feria, María Laura Garrigós de Rébori, Luis Ameghino Escobar y José Luis Piombo, ocupó una carilla y media. Los magistrados sostienen que desde el 24 de noviembre, cuando la Cámara de Casación emitió su fallo en el que mandó a Chabán otra vez a la cárcel, “no se ha experimentado cambio sustancial que autorice a apartarse del criterio que ha determinado el encarcelamiento del imputado”. Dicho en otras palabras, el tribunal superior, la Cámara de Casación, ya decidió que Chabán tiene que esperar el juicio oral en la cárcel y desde que se tomó esa decisión nada ha cambiado.

D’Attoli argumenta que sí hubo un cambio y es que procesaron a los integrantes del grupo Callejeros por el mismo delito que a Chabán –provocar un incendio que derivó en muertes– y sin embargo no hubo orden de encarcelarlos. Los camaristas le contestan que Casación ya explicó las diferencias, que tienen que ver con “el comportamiento asumido por el encausado al tiempo del luctuoso suceso”. Los jueces de Casación dijeron que hubo que hacer varios allanamientos para encontrar a Chabán, que éste no se quedó ayudando a las víctimas y que por lo tanto su comportamiento se parece mucho a una fuga, por lo que no se le podría conceder la excarcelación debido a que podría eludir la Justicia. D’Attoli y también los jueces Garrigós de Rébori y Gustavo Bruzzone habían evaluado las cosas en forma distinta. Consideraron que Chabán no emprendió una verdadera huida, que no agarró el pasaporte u otro documento para irse del país o esconderse en el interior, sino que sufrió un shock y se fue a su atelier. Sin embargo, se impuso el criterio del tribunal de mayor rango, la Casación.

El fallo de ayer fue votado por unanimidad, lo que no significa que Garrigós haya cambiado su mirada del caso ni su tradicional criterio de que los imputados tienen derecho a esperar las sentencias en libertad, sino que simplemente respetó lo decidido por el tribunal superior.

La cuestión de la libertad de Chabán podría ir ahora camino a la Corte Suprema. D’Attoli ya presentó un recurso contra el fallo de Casación, pero ese tribunal tiene que concederlo y entonces el expediente llegaría a la Corte. Si Casación no concede el recurso, D’Attoli igual puede llegar al máximo tribunal mediante un recurso de queja, que la Corte puede aceptar o no. El máximo tribunal se ha mostrado renuente a meterse en cualquier expediente y ha dicho en varias oportunidades que la Casación es el tribunal de mayor rango en casos penales. La duda es todavía mayor porque lo que se le pretende someter no es un fallo definitivo, sino un incidente de excarcelación. De todas maneras, habría dos buenas razones para que la Corte se involucre:

- Porque se trata del caso Cromañón, la causa más importante del país.

- Porque se ha debatido mucho últimamente si un acusado, que no intentó fugar y que no tiene capacidad de alterar pruebas, puede o no esperar el juicio en libertad, aún si el delito que se le imputa es gravísimo. El próximo paso del expediente Cromañón se producirá el lunes próximo: ese día, por primera vez, se hará cargo del caso el nuevo juez Néstor Costabel. El hasta ahora secretario del Tribunal Oral 4 estuvo de licencia durante los primeros 15 días de enero. El fiscal Juan Manuel Sansone y los familiares de las víctimas le insistirán en que llame a declarar a Aníbal Ibarra, algo que no hizo el juez Julio Lucini que, no obstante, tampoco rechazó el pedido del fiscal. Es decir que dejó la cuestión en suspenso. Los familiares dicen que no se animó y en Tribunales, en cambio, sostienen que consideraba que las responsabilidades penales tienen como techo al ex secretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López. En cualquier caso, al menos por ahora, la Cámara del Crimen puso un límite: dijo que a los funcionarios no se les puede imputar responsabilidad en las muertes, sino que les cabe el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, básicamente por no inspeccionar los locales como corresponde.