Una investigación acerca del control que hace la empresa Metrogas de las instalaciones de gas en los edificios escolares de la ciudad de Buenos Aires revela que, si bien la empresa está dedicada al problema, está postergando a los barrios de más bajos recursos. Las cifras surgen de comparar Belgrano, donde ya se inspeccionó el 75 por ciento de sus escuelas, con Villa Soldati, donde apenas se llegó al 3 por ciento. “La evidencia indica que la empresa ejerce una discriminación manifiesta hacia los estratos sociales más postergados. Igualmente reprochable resulta que el organismo estatal encargado de la regulación del servicio no haya previsto ni advertido esta situación y mucho menos impuesto alguna medida correctiva”, apuntaron Verónica Tarzia y Mariano Szkolnik, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que llevó adelante el informe.

A principios de 2005, con el antecedente de Cromañón como contexto, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenó a las prestadoras del servicio de distribución de gas de red que verificaran, a partir de abril y en un plazo de 18 meses, el estado de la instalación en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, correspondientes al área de su concesión, con el fin de evaluar potenciales riesgos y prevenir posibles accidentes.

Según el informe, en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene la concesión Metrogas, hay 2107 escuelas en todos los niveles de enseñanza –tanto en el ámbito privado como en el estatal– y hasta fin del año pasado fueron revisadas el 40 por ciento del total. Pero “cuando se analiza en detalle la matriz de las inspecciones se comprueba que el ritmo de trabajo no es uniforme, sino que existen notables asimetrías entre los diversos barrios. Así, en las zonas comprendidas por Belgrano, Núñez, Villa Devoto y Versalles ya fueron controlados más de la mitad (55 por ciento) de los 225 establecimientos educativos allí existentes, mientras que en Villa Soldati, Villa Lugano, La Boca, Nueva Pompeya, Constitución y Barracas (barrios situados en la zona sur de la ciudad), menos de la cuarta parte (23,5 por ciento) de los 247 edificios escolares tuvieron una inspección”.

“Resulta evidente que la empresa ha visitado mucho más los barrios en donde el nivel socioeconómico de la población es el más alto de la ciudad”, continúa el informe, que fue presentado ante la empresa, el Enargas y el Inadi. “Generalmente estas prácticas discriminatorias se hacen sin un propósito deliberado sino más bien con cierta falta de conciencia”, dijo Gustavo Maurino, codirector de ACIJ.

Consultada por Página/12, la empresa Metrogas señaló que ya inspeccionaron 1138 colegios de la ciudad, lo que representa el 53,96 por ciento. Dentro de los cuales cortaron el suministro de gas de 692 medidores (una escuela puede tener más de uno). “La inspección le va a llegar religiosamente a todo el mundo, antes o después, en el plazo que fija la resolución. Si alguien quiere sugerirnos por dónde ir, que lo diga. Trabajamos en conjunto con el Consejo Escolar y creemos que su criterio es el mejor para establecer por qué escuelas avanzar porque tiene sensibilidad y conoce la realidad”, explicó Hernán Maurette, gerente de Asuntos Públicos de Metrogas. “La inspección es responsabilidad de Metrogas y su diseño e implementación son parte de sus obligaciones. Si deciden acordar un plan con la Secretaría de Educación es una decisión propia, pero no es una habilitación para postergar a los barrios más pobres”, señaló Maurino.

Desde la Secretaría de Educación del gobierno porteño, su vocero, Daniel Santa Cruz, apuntó que la ciudad tiene un parque edilicio muy antiguo y que la prioridad la tienen “las escuelas que son edificios más viejos o que han tenido algún problema en la instalación de gas en el último año.

Desde que hacemos las inspecciones conjuntas se hicieron 36 nuevas obras, 45 están en ejecución y 20 en licitación. Y en el presupuesto 2006 hay una partida específica destinada a realizar instalaciones de gas”.