Francia se convirtió en el primer país del mundo dotado de un instrumento jurídico para penalizar las descargas de música y películas por Internet. El texto de ley, pomposamente llamado “derecho de autor y derechos vecinos en la sociedad de información” (Davsi), apunta a impedir “toda copia salvaje” en Internet mediante un mecanismo de multas. Ese control se llevará a cabo mediante un dispositivo que instala “medidas técnicas de protección”. La discusión del proyecto de ley dio lugar a una de las “telenovelas parlamentarias” más ridículas de la historia, al tiempo que proyectó un rudo debate que alcanzó tanto a los artistas, los grandes sellos comerciales, los usuarios de Internet y los mismos legisladores. Más allá de la necesidad de proteger los derechos de autor, la ley instaura en Francia un control estricto de la red. Con el pretexto de penalizar a los “piratas”, la ley se transforma de hecho en la institucionalización de la represión digital, es decir, exactamente lo contrario de la filosofía de Internet.

Los usuarios que bajen ilegalmente temas musicales, películas o programas informáticos “para uso personal” podrán ser condenados a una multa que va de 43 dólares por una “bajadita simple” a 400 mil dólares y tres años de cárcel para aquellos piratas que comercialicen un programa proveniente de la red. Peor aún, los usuarios que se animen a “pasar por encima” de las MTP, medidas técnicas de protección, corren el riesgo de pagar una fuerte multa y pasar seis meses tras las rejas. En lo concreto, los famosos programas de intercambio de ficheros como eMule quedan estrictamente prohibidas.

Presentado por el ministro francés de Cultura, Reanud Donnedieu Vabres, el proyecto de ley había sido prácticamente aprobado el pasado 21 de diciembre con dos enmiendas que fijaban un criterio radicalmente distinto al de la versión final. En diciembre, los diputados dieron su acuerdo para que los usuarios de Internet bajaran las obras previo pago de una “licencia global”. De alguna manera, ese texto legalizaba la práctica de la copia “para uso personal”. Sin embargo, ante las protestas de los artistas, abogados, organizaciones de derechos de autor, grandes productores, distribuidores y sellos musicales, el ministro de Cultura reelaboró el proyecto, retiró las enmiendas y forzó su aprobación. La ley hará de todo adolescente que baje música un delincuente en potencia.

Los socialistas, los comunistas y los ecologistas votaron en contra, así como los centristas del partido UDF y algunos parlamentarios de la mayoría conservadora. El ministro de Cultura elogió la ley porque, dijo, permite que exista “una Internet equitativa”. Una opinión muy distinta de la manifestada por los socialistas y comunistas, quienes fustigaron un texto por ser “malo”, por “multiplicar la vigilancia en Internet” y porque sólo “beneficia a los magnates de la industria cultural”. La ley, que debe ser aprobada por el Senado, abre un terreno de incertidumbres.

La norma tiene sólo un alcance territorial, es decir, que si el fichero cargado no está en territorio francés, sus términos no se aplican. Sin embargo, el esquema penaliza al sistema iPOD ideado por Apple. La ley garantiza que la música legalmente comprada en Internet pueda ser leída en todos los reproductores y, por consiguiente, no permite que quienes utilizan el iPOD puedan bajar la música. Apple ostenta los derechos exclusivos de esa tecnología y ésta excluye a los aparatos que no funcionan con el programa iTUNES. Apple ya reaccionó diciendo que la ley era “un ataque directo de los legisladores franceses”. Otro detalle curioso. Si se aplica estrictamente, la disposición llenará las arcas del Estado –multas– y no las de los artistas cuyas creaciones fueron bajadas de Internet. Los grandes ganadores son los sellos musicales, obsesionados enemigos del “download”.