“Si no podemos combatir esto, en tres meses me tengo que ir. Si no podemos actuar preventivamente y tenemos que esperar que haya una denuncia, somos un Estado bobo.” A tres días de haber asumido el cargo, con los teléfonos de su despacho sonando a pleno, el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, parecía reflexionar consigo mismo durante la charla que mantuvo con Página/12. “Tenemos que combatir a estas organizaciones mafiosas y acabar con la red de talleres clandestinos, pero tenemos que decir que el taller incendiado había sido habilitado en 2001 y nunca más hubo una inspección”, señaló Rodríguez en un mea culpa retrospectivo que ayer provocó la intervención de la Dirección de Protección del Trabajo porteña y el desplazamiento de su titular, Florencio Varela. El jefe de Gobierno, Jorge Telerman, también denunció la existencia de “prácticas mafiosas”, mientras que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, anunció la creación de un Observatorio de Derechos Humanos para perseguir penalmente la “reducción a servidumbre” de miembros de la comunidad boliviana en el país. Por su parte, el ministro del Interior instruyó al jefe de policía para que se presente en la Justicia por las denuncias sobre supuestas coimas policiales.

Telerman, que ayer mantuvo contactos con autoridades del Ministerio de Trabajo nacional y de la Cancillería, sostuvo que desde el lunes se realizarán procedimientos tendientes a “erradicar el trabajo ilegal y aberrante”. Por su parte, el ministro Rodríguez reconoció que antes de la tragedia “tanto el gobierno porteño como el nacional tenían el poder de policía para actuar, pero igual tenemos que hacer algunas modificaciones para que nuestra intervención sea más clara”. De todos modos, Rodríguez reconoció que, “aunque se podía intervenir, no hubo nuevas inspecciones después de la habilitación del taller” de la calle Luis Viale 1269, del barrio de Caballito, que se incendió el jueves provocando la muerte de seis personas, dos adultos y cuatro niños.

A pesar de lo dicho por Rodríguez, el jefe de Gobierno aseguró que recién desde el lunes tendrán “injerencia en la Policía del Trabajo”, merced a un acuerdo con la secretaria de la cartera laboral, Noemí Rial, lo que les permitirá “cerrar los talleres clandestinos e intervenir en casos de explotación”. Rodríguez se anticipó a adelantar que “los trabajadores no van a ser perjudicados, porque serán incorporados a los planes sociales y se trabajará en conjunto con Migraciones, para que puedan tener un status legal, dado que muchos de ellos son indocumentados”. El funcionario también hizo responsable de la situación al Consulado de Bolivia: “No puede ser que le estén cobrando 100 dólares a cada persona que quiera hacer los trámites”.

Como ocurrió antes con la tragedia de Cromañón, se alzaron voces denunciando que el problema era conocido de antemano y acerca de la existencia de supuestas coimas a funcionarios policiales. La defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, sostuvo que el organismo había presentado una denuncia penal, en el pasado mes de octubre, sobre la existencia de talleres de costura clandestinos en la Capital Federal. “Esta fue una tragedia absolutamente previsible”. aseguró Pierini. Recordó, incluso, que el 9 de enero pasado habían solicitado que “los programas de asistencia social y los organismos con poder de policía se ajustaran al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas”.

Aunque se aclaró que no se referían en forma expresa al taller incendiado, la Defensoría dijo que sí se sabía de la existencia de otros lugares similares donde ocurrían “numerosas irregularidades y una absoluta ilegalidad en la actividad de personal costurero, ya que esos talleres no tienen habilitación ni marca individualizadora, ni libros autorizados, ni libreta sanitaria para los trabajadores y tampoco cuentan con condiciones básicas de higiene y seguridad”. Además, se viola la Ley de Migraciones. Olga Cruz, una mujer de nacionalidad boliviana que trabajó en una fábrica textil, sostuvo ante los medios que esos talleres pueden seguir funcionando, porque sus propietarios “arreglan con plata a la policía”. La mujer también cuestionó al Consulado de su país, de quien dijo que “no hace nada” para mejorar la situación de los trabajadores. El titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, aseguró que la comisaría 40, ubicada en la zona de Parque Avellaneda, levanta “entre 45 y 65 mil pesos en coimas” cobradas a los dueños de los talleres.

Como respuesta, el titular de la comisaría 40, Marcelo Canctatt, que tiene jurisdicción en la zona donde ocurrieron los hechos, se limitó a responder que “si hay sospechas, lo que hay que hacer es presentar una denuncia ante quien corresponda”. Otro sindicalista, Néstor Escudero, replicó luego, en declaraciones a la prensa, que es “en la comisaría 40 donde tenemos la mayor cantidad de denuncias” por supuestas coimas. Como parte de las reuniones del gobierno porteño tendientes a buscar una salida al problema, mantuvieron reuniones con funcionarios de distintas áreas y con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca. Se calcula que son unos 300 los talleres que tienen que ser inspeccionados. El gobierno nacional instruyó a Valleca a que presente el lunes una denuncia penal para que se investiguen las denuncias por las supuestas coimas.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anticipó que pedirá que se investigue “la existencia de una asociación ilícita que, mediante engaños, haría ingresar ilegítimamente al país a ciudadanos bolivianos para reducirlos a servidumbre en locales de la Capital”. En ese sentido, anunció la creación de un Observatorio de Derechos Humanos que siga de cerca la situación en la materia de ciudadanos bolivianos residentes en el país.

El ministro Rodríguez dijo que las que explotan los talleres son “organizaciones mafiosas que contratan mano de obra esclava en sus países, los amedrentan diciéndoles que serán deportados si hacen denuncias y de esa forma los obligan a trabajar jornadas de 18 horas por día”. Rodríguez dijo que “los hijos de los trabajadores viven en el mismo local, hacinados, en total promiscuidad”. “Si no puedo desarmar esto en tres meses, me voy a casa”, concluyó Rodríguez. Se confirmó que el local siniestrado pertenecía a dos argentinos, Jaime Geiler y Daniel Fischberg, quien negó toda responsabilidad en lo sucedido. “Era una fábrica alquilada a terceros, no era nuestra”, aseguró Fischberg, sin hacer ninguna aclaración extra.