En una conferencia sobre seguridad y Estado, el juez de la Corte Raúl Zaffaroni dijo que desde la Justicia “no se puede resolver la conflictividad social masiva”. Críticas al Congreso y al Ejecutivo.
El miembro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Za-ffaroni dijo anoche que en el país “no tenemos políticas criminales sino improvisaciones”, reclamó “seriedad legislativa” y aseguró que “es el momento de devolver la pelota” al Poder Ejecutivo y al Congreso porque desde los tribunales “no es posible resolver la conflictividad social masiva”.
Zaffaroni reclamó políticas de Estado “que hagan avanzar los derechos humanos, sociales, económicos y culturales”, se quejó porque “no hay respeto a los integrantes del servicio de Justicia ni a los derechos de la policía” y señaló que, dado que el poder político carece de datos confiables sobre la evolución de la delincuencia, son “los medios de comunicación los que manejan nuestra sensación de seguridad o inseguridad”.
“Cuanto menos resuelve la política, más se da a resolver” a la Justicia, sentenció el ministro de la Corte, al exponer en el marco del Seminario Internacional sobre Seguridad y Derechos Humanos que se realiza en la Capital y en el que participan miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra sesionando en Buenos Aires.
Zaffaroni acusó al Congreso de “vender leyes procesales que no tienen eficacia. Esto es algo penoso por parte de representantes a los que votamos”. Y subrayó que, en ocasiones, esas normas son producto de demandas de los medios de prensa enrolados en lo que definió como “discurso vindicativo”, cuya aspiración sería una política de “tolerancia cero”.
“Entre temor y oportunismo se hacen leyes disparatadas”, manifestó Zaffaroni y añadió que “nunca hubo un momento de legislación penal más disparatada que éste, cuando se está engañando a la población” mediante el dictado de leyes que, por ejemplo, fijan condenas de prisión “que ningún ser humano puede cumplir”.
Reconocido por su pensamiento garantista, Zaffaroni aclaró que las garantías del procedimiento penal “no son para los delincuentes, son para nosotros”, porque de otro modo las investigaciones terminan siendo nulas y en las cárceles superpobladas hay motines y muertes, sin que esto disminuya la sensación general de inseguridad.
“La peor inseguridad que podemos sufrir no es frente al delito sino frente al Estado, cuando el Estado se convierte en delincuente”, indicó el juez y dijo que las cúpulas policiales administran recaudaciones ilícitas mientras los agentes que “ponen el cuerpo en las calles son sometidos a cualquier riesgo, sin entrenamiento suficiente”. Zaffaroni criticó –sin mencionarlos– a los ministerios de Interior y de Justicia, porque del primero depende la policía, que “en vano” reclama sindicalización, y el segundo elabora estadísticas delictivas que, según el juez, no arrojan diagnósticos serios.
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