Una nueva movilización, cuya organización fue adjudicada por distintas fuentes a sectores vinculados a las propias organizaciones que explotan a los costureros bolivianos, reunió ayer a un millar de trabajadores de esa nacionalidad, residentes en la Argentina, que reclamaron “una mayor flexibilización” de las normas que se exigen para la habilitación de los talleres de costura. Las consignas y algunos carteles exhibidos en la marcha reproducían frases discriminatorias, otras veces dirigidas a la comunidad boliviana en la Argentina, pero en este caso tenían como destinatarios a otros grupos. “Coreanos y judíos explotadores”, decía uno de los carteles. La movilización recorrió una zona del barrio de Flores donde se han asentado desde hace años los inmigrantes coreanos. Ayer continuaron los operativos en talleres de costura, 11 de los cuales fueron clausurados, lo que eleva a 41 la cantidad de locales cerrados en tres días.

Los grupos que marcharon ayer pidieron que la Justicia investigue a Gustavo Vera, de la Unión de Costureros, un argentino al que los manifestantes acusan de “usurpador” y de “atropellar a la comunidad boliviana”. Vera replicó diciéndole a Página/12 que ayer denunció “por amenazas de muerte e incitación a la violencia” al cónsul de Bolivia en la Argentina, Albaro Gonzales Quint, a quien adjudicó responsabilidad en la organización de la marcha, junto con “organizaciones vinculadas con los talleres que están siendo clausurados”. Fuentes oficiales coincidieron en que “las marchas que se hacen están siendo dirigidas”.

La situación creada por el tema sigue subiendo de temperatura y el propio Vera anticipó que le pedirá al gobierno argentino que requiera al presidente de Bolivia, Evo Morales, la remoción del cónsul. Vera solicitó “protección policial las 24 horas”, representado por su abogado, Rodolfo Yanzón, que pertenece a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La denuncia fue ante la Fiscalía Criminal 14. En La Paz, mientras tanto, se anunció que una comisión oficial del gobierno boliviano viajará el lunes a Buenos Aires para abordar “esta situación lamentable y preservar la dignidad y los derechos humanos” de la colonia boliviana.

El vicecanciller boliviano, Mauricio Dorfler, aseguró también que “a pesar de las denuncias por casos de esclavitud que se hicieron, los residentes bolivianos en Argentina no desean que se cierren los talleres, que son su única fuente de ingreso económico”. Dorfler presentó un informe ante la Comisión de Política Internacional del Senado de su país. Las palabras coincidieron con la marcha en Buenos Aires, donde la mayoría de los manifestantes dejó sentado su oposición al cierre de los talleres.

Luis Quintaya, de la Asociación Bolivia de Pie, creada en la Argentina por residentes de ese país, rechazó las denuncias de Vera. Quintaya, que dijo ser propietario de “un taller familiar de costura”, aseguró que a ellos les piden “tantas condiciones que no podemos cumplirlas. Nosotros venimos acá para trabajar y no somos esclavos ni tratamos como esclavos a los demás; somos dignos”. De todos modos, reconoció que “hay algunos paisanos que son explotadores, que abusan de la gente”, pero aclaró que los dueños de talleres pequeños “no pueden blanquear a sus trabajadores por culpa de los fabricantes; ellos son los culpables. Si ellos pagaran bien las prendas que hacemos para ellos, podríamos blanquearnos todos”.

Ayer, por tercer día consecutivo, se realizaron operativos en distintos talleres de costura ubicados en los barrios porteños de Flores, La Paternal, Floresta y en el bajo Flores. En las últimas 72 horas se hicieron operativos en 86 talleres, de los cuales fueron cerrados 41. Ayer la inspección se hizo en 32 locales, de los cuales 11 fueron clausurados por no contar con la habilitación correspondientes o por no cumplir con las normas en materia de seguridad e higiene. En uno de los locales, sobre la calle Galicia, trabajaban seis ciudadanos bolivianos, todos oriundos de la ciudad de La Paz, quienes tienen varios niños a cargo.

Para aliviar la situación de los trabajadores que se quedaron sin empleo y sin vivienda, fue habilitado “un centro que funciona en un polideportivo del Parque Avellaneda, donde cuentan con camas y baños para poder alojarse, y con un equipo de asistencia psicológica y médicos del SAME”, informó la ministra porteña de Derechos Humanos, Gabriela Cerruti. En los próximos días “se abrirá otro centro similar en Parque Chacabuco”. En Córdoba, el Centro de Residentes Bolivianos denunció que “con el boom de la construcción, desde hace unos meses son cada vez más” los ciudadanos de ese país que llegan a la Argentina “traídos por empresarios inescrupulosos que les pagan salarios que no llegan a los 150 dólares y los hacen trabajar más horas de las que marca la ley”. La entidad dijo que muchos bolivianos vienen igual, porque en su país “les pagan 40 dólares por mes y por eso mismo se abusan los empresarios argentinos”.