“La llevamos, es una prueba”, dijo el oficial y tomó la fuente de la barra del boliche, y con la fuente, su contenido: una buena cantidad de profilácticos, de los que el Ministerio de Salud distribuye en forma gratuita a la comunidad gay en su lucha contra el sida. El oficial salió a la vereda y comenzó a fotografiar la prueba con su medio centenar de pruebitas adentro. Habían pasado más de cuatro horas, y en el interior del boliche Zero Consecuencia, en Palermo, los 120 integrantes de la comunidad gay seguían de espaldas contra la pared, mientras los uniformados sin uniforme tomaban fotos de las pruebitas y la prueba, retenían los documentos de los 120, pasaban sus datos personales a una planilla de dudosa procedencia y mucho más dudoso destino y escamoteaban la entrega de la orden judicial de allanamiento por el simple motivo de que tal orden no existía. “Fue igual que en el Proceso –dijo indignado César Cigliutti, presidente de la CHA a Página/12–. Retrocedimos 30 años.”

La cita era el martes 18, a las siete de la tarde, en el boliche Zero Consecuencia, Cabrera al 3700, Palermo. La reunión era privada. El local había sido alquilado para funcionar a puertas cerradas para una fiesta gay. A las ocho y media, más o menos, cuando por dentro ya se desataban unos 120 invitados, cayó una patota no invitada. Muchachos de la 21ª, se supo después, tras tironear nombres y rangos durante varias horas sin éxito.

“Eran tres con uniforme y no sé cuántos sin uniforme –dijo Cigliu-tti a este diario–. Cómo se llaman, ¿los de la brigada?” Según describió el titular de la CHA, cuando alguien salía aprovecharon para empujar la puerta. Hubo un forcejeo. El guardia de seguridad contratado por los festejantes empujaba y los polis, del otro lado, hacían lo mismo, hasta que entraron. La escena ocurría en la puerta. Los de adentro se enteraron cuando cortaron la música y encendieron las luces. “Como en la dictadura”, dijo Cigliutti.

“Es una fiesta privada”, dijeron los sorprendidos gays. “Y esto un allanamiento”, contestó uno de los policías. “El peor de todos”, aseguró Cigliutti. “Muestre la orden judicial”, le reclamaron. Y no respondió, solamente siguieron. Los 120 festejantes fueron desplegados con las manos contra la pared. A todos les pidieron los documentos de identidad y a todos se los retuvieron.

“No fue nada más que los tuvieron parados durante horas –denunció Cigliutti–. Además, pasaban y les hacían burlas, los molestaban, fue igual que en el Proceso. Yo no puedo creer que ahora sigan así, persiguiendo gays como con los milicos. No había ninguna razón para molestarnos porque estaban en un local habilitado, preparado para no molestar a nadie. Sin orden de allanamiento. Yo creo que esto lo hicieron para apretar y después hacer algún negocio. Y les salió mal.”

La tensión fue subiendo y tres de los 120 se descompusieron y los acercaron a la barra. Pidieron comunicar al Same. “No dejaron, nunca se pudo llamar.”

Alrededor de las doce, alertados por un llamado, llegaron Cigliutti, Marcelo Suntheim, secretario de la CHA, y Pedro Paradiso Sottili, coordinador del área jurídica. Primero no los dejaron entrar. “Cuando me asomé, uno me golpeó para sacarme”, dijo Cigliutti.

El operativo duró hasta las dos de la mañana. En algún momento, alguno de los policías invocó a la Fiscalía Correccional 13ª, sin dar nombres. Corresponde a la fiscalía de Angel Nardiello. Cigliutti fue hacia la fiscalía pero “a esa hora no había nadie”. Después llegó el subcomisario que dijo apellidarse De Mónaco, de la 21ª. “Al final reconoció que no había orden judicial. Vamos a hacer una denuncia penal por privación ilegal de la libertad y vamos a pedir que nos reciba el ministro de Interior.”

Entretanto, Página/12 llamó a la comisaría 21ª para escuchar la versión policial. “Voy a hablar con el comisario y después llamo”, respondió el subcomisario De Mónaco. Y no volvió a llamar.