La tierra fue y será el principal reclamo de las diferentes etnias de los pueblos aborígenes. La tierra entendida como entidad colectiva, propiedad cultural, desprendida de la lógica individual y económica. Su cultura está aferrada a la naturaleza. Y si esto no existe para ellos, la ley se convierte en letra muerta y por eso, en muchos casos, no se reconocen sus derechos territoriales y son desalojados. Con estas reivindicaciones a cuestas, mujeres y hombres de diversos pueblos de la Argentina, Bolivia y Paraguay, que conforman el Gran Chaco Sudamericano, llegaron hasta Buenos Aires para unificar propuestas y hacer oír sus reclamos. Ayer, en el Día del Aborigen, dialogaron con Página/12.

“Mi cultura nunca dice que vaya con mi hijo a pasar una tarde a la plaza o a tomar un helado. Mi cultura me dice que necesito un espacio donde podamos renovar nuestra espiritualidad, donde practique la caza, la pesca, donde pueda ver crecer el algarrobo, donde le pueda mostrar a mi hijo qué indica el vuelo del ave. Entonces, mis hijos pierden su cultura porque no la vivencian.” Así es como Israel Alegre, un hombre toba de Formosa, de 47 años, describe las preocupaciones sobre lo que dejará a sus cuatro hijos. El forma parte de la Comunidad Nam-Qom, que significa comunidad toba, junto a ochocientas familias. “No tenemos título comunitario de la tierra, tenemos títulos individuales provisorios”, comentó a Página/12 un día antes de dar a conocer la Declaración de los Pueblos Originarios del Gran Chaco.

En 1970, “el gobierno dictatorial de la Argentina entregó a nuestra comunidad lo que se llama Lote 68. En el ’84 se reconoce la propiedad comunitaria y en el ’85 se mensura distribuyendo terrenos individuales de 25 por 50. Eso no era lo que queríamos, pero el Estado quiso subdividirnos. Así no tenemos la garantía jurídica de propiedad colectiva”, señaló.

El Gran Chaco abarca un millón de kilómetros cuadrados de los cuales cincuenta por ciento corresponde al territorio del Noreste argentino, el treinta y cinco por ciento pertenece a tres departamentos de Paraguay y el quince por ciento, a tres departamentos de Bolivia.

“Nosotros aceptamos la evolución, pero tenemos que tener nuestro propio espacio para que haya una verdadera integración”, subrayó Israel. En ese sentido, para Valentín Ribero, wichí de la localidad de Embarcación, Salta, “las comunidades están cada día más avasalladas por el avance de empresas, muchas sojeras, y el Estado, porque ellos van hacia un macrodesarrollo, del cual nosotros no estamos en contra, pero queremos que se respete nuestro espacio”.

Hoy, en todas las comunidades “hay un desmonte exagerado, nos quitan el alimento natural, las yerbas, las medicinas, los animales. Nosotros somos parte del ambiente”. Valentín tiene 46 años, 5 hijos, y es trabajador social en comunidades aborígenes de su provincia. En el departamento en el que vive hay más de 20 mil wichí, además de los que habitan en otras provincias y en Bolivia. Las fronteras de los países fueron trazadas sin tener en cuenta los pueblos preexistentes, por eso quedaron divididos.

La ley, en teoría, está de su lado. En el artículo 75, inciso 17, la Constitución nacional reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, a la vez que impide enajenarlas, transmitirlas, gravarlas o embargarlas, pero esto “no tiene aplicabilidad, porque lo que ocurre es que no nos toman como partícipes de los procesos en los que deberíamos estar inmersos”, advirtió Israel. Por ejemplo, cuando les dan un pequeño territorio a cientos de familias impidiendo que desarrollen las actividades propias de su cultura. Con el título provisorio que poseen, “hoy nosotros estamos en esas tierras y mañana se las pueden dar a otros”. En torno de eso manifestó que en el Registro de Propiedad Nacional “muchas propiedades indígenas figuran como tierras fiscales”.

Hace poco se presentó un conflicto “cuando el Estado provincial (de Formosa) quiso remodelar el barrio, achicando terrenos. Claro que norecordó que ahí vive una comunidad toba. Entonces, ante nuestra resistencia, hubo desalojo, reubicación de gente, persecución de la policía que violó el derecho de reunión”.

La comunidad rechazó ese cambio “porque las viviendas que nos ofrecían no son acordes a nuestras necesidades y hace 26 años que vivimos ahí”. Por eso, a fines de febrero decidieron tomar la sede de Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) denunciando, “por violación a los derechos humanos, a Esteban Ramírez, presidente de ese organismo”.

María Dolores de Moreira es guaraní y vive en Paraguay. Para ella, sus 4 hijos “tienen que aprender nuestra cultura y la de otros”. También recalcó que sufren discriminación “en la salud y en la educación”, y recordó que “en la escuela me obligaban a hablar castellano”. Valentín, que entiende perfecto su idioma, también indicó que en la escuela “no nos dejaban hablar en nuestro idioma”.

Eso fue cuando ellos eran niños. Ahora, en la comunidades rurales hay docentes bilingües dentro de la llamada educación intercultural, pero “el docente indígena es simplemente un acompañante, un traductor del maestro y nosotros decimos que los chicos tienen que aprender las dos culturas”, enfatizó Valentín. Israel advirtió que “no hay cargo pedagógico indígena dentro del Ministerio de Educación en la elaboración de los programas educativos”, por eso pasa lo que pasa.

Para profundizar todos estos temas, hoy habrá una conferencia de prensa a las 15 en la sede de Cáritas, Balcarce 236, con representantes de las etnias pilagá, wichí, qom, moqoit, guaraní y toba, entre otros, en un encuentro organizado por Endepa y Fundapaz, de Argentina, y organizaciones de Bolivia y Paraguay.

Informe: M. Sol Wasylyk Fedyszak.