Aníbal Ibarra no está tranquilo ni aun después de su destitución. Ahora fue convocado para prestar declaración indagatoria, el próximo jueves, por una vieja causa: la que investiga un presunto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en la prórroga del contrato de concesión de las multas fotográficas con dos empresas. La citación llamó la atención de los allegados al ex jefe de Gobierno, ya que la denuncia que dio origen a la causa data del año 2000, en el comienzo de su primera gestión.

Fuentes judiciales precisaron que Ibarra fue citado a prestar indagatoria por el titular del Juzgado de Instrucción número 43, Pablo García de la Torre. El juez tenía previsto indagar el jueves a Abel Fatala, ex secretario de Obras Públicas durante la gestión de Ibarra, pero a último momento el ex funcionario presentó un pedido de postergación del trámite, que fue aceptado por el magistrado.

Ibarra fue citado en el marco de una causa que fue denunciada por el ex diputado porteño y ex ministro de Justicia durante el actual gobierno nacional Gustavo Beliz. También fueron citados a prestar declaración indagatoria, imputados por los mismos delitos, el ex secretario de Justicia y Seguridad porteño Facundo Suárez Lastra y el ex jefe de Gabinete Raúl Fernández, actual secretario general de la administración de Jorge Telerman.

La citación judicial a Ibarra es la primera en calidad de acusado que recibe tras su destitución de la jefatura de gobierno porteño como consecuencia de la tragedia de Cromañón. La imputación gira en torno del decreto 61/01, que abrió la renegociación del acuerdo con dos empresas privadas, Siemens-Itrón y Meller, concesionarias del sistema de multas fotográficas de infracciones de tránsito.

La indagatoria a Ibarra y a los otros ex funcionarios había sido pedida en noviembre de 2004 por el fiscal de la causa, Alejandro Molina Pico. Los delitos de abuso autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos contemplan, según el Código Penal, penas de hasta dos años de prisión, por lo que ninguno de los ex funcionarios investigados corre riesgo de ir a la cárcel.

Ibarra resultó beneficiado esta semana con un fallo de la Cámara del Crimen que sobreseyó a su ex secretario de Seguridad Juan Carlos López, por su supuesta responsabilidad en la tragedia de República Cromañón.