“El plazo de hoy (por ayer) existe, pero se trata sólo de un vencimiento de cumplimiento voluntario. El plazo legal recién se cumple el 27 de mayo”, insistió la fuente oficial. Ayer, una comisión de inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo una recorrida por “seis locales que las tres empresas líderes investigadas” tienen en dos shoppings de la Capital Federal. “Se trata de dos locales de cada una de las tres firmas. En algunos lugares se labraron actas por faltas menores que no tienen relación con empleados en negro, sino con cuestiones vinculadas con higiene y seguridad”, aclaró la fuente.

“Son problemas que pueden ser considerados entendibles, como no contar con baños en el local, con el argumento de que los empleados tienen a su disposición los sanitarios del shopping” o con la presencia de matafuegos “al lado de la mercadería, problema que se soluciona con cierta facilidad y que no significa una falta grave”. La fuente insistió en que la mira está puesta “sobre todo en tres empresas muy importantes”, mientras que las otras seis investigadas “no tienen el volumen de compra y venta de las que están señaladas como prioritarias”.

El gobierno porteño mantuvo en secreto el nombre de esas tres empresas. En la denuncia contra cincuenta firmas presentada el miércoles de la semana pasada por la Unión de Trabajadores Costureros fueron mencionadas empresas de primera línea como Kosiuko, Portsaid, Cocorrayado, Lacar, Graciela Naum, Rash, Montagne y Rusty, entre otras. Además de los operativos en los shoppings, también siguen los allanamientos en lugares donde funcionarían otros talleres clandestinos.

Hasta el momento se inspeccionaron 380 locales, de los cuales 178 fueron clausurados luego de comprobarse graves irregularidades. Después de los primeros procedimientos, muchas empresas trasladaron los talleres a jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. En esos casos, el gobierno porteño pidió la colaboración del Ministerio de Trabajo bonaerense. También se produjeron traslados a casas particulares. “Como no podemos intervenir en viviendas familiares, se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo nacional”, explicó la fuente consultada por este diario.

El Ministerio de Producción porteño, cuyo titular es Enrique Rodríguez, estima que hasta ahora ha sido controlado “el 65 por ciento del total de los talleres existentes en la Capital Federal, pero todavía se sigue trabajando sobre nuevas denuncias que se han ido acumulando”. En la denuncia presentada el miércoles ante la Procuración General de la Nación, los trabajadores, pertenecientes a la Cooperativa La Alameda, aportaron las direcciones de 108 establecimientos ilegales.

En la presentación se afirmó que se estarían violando leyes laborales, de migraciones y el artículo del Código Penal que tipifica el delito de “reducción a servidumbre”. Las cifras que maneja el gobierno porteño indican que en la Capital Federal habría cerca de cinco mil talleres clandestinos donde trabajarían unos 15 mil empleados en negro.