Una serie de llamadas telefónicas realizadas por los cabecillas de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) puso fin ayer a cuatro días de terror en la ciudad de San Pablo y en varias cárceles del Estado brasileño del mismo nombre, que se han saldado con al menos 133 muertos y más de cien detenidos, además de millones de dólares en pérdidas. El gobierno de San Pablo negó que hubiera negociado con los delincuentes ninguna medida de gracia; sin embargo, los medios locales daban los detalles del acuerdo alcanzado para terminar con la revuelta.

A primera hora de la mañana y casi de una manera simultánea, los prisioneros de 87 cárceles liberaron a los más de 300 rehenes que tenían en su poder y volvieron a sus celdas. Para ese momento, los habitantes de San Pablo, la ciudad más grande del Hemisferio Sur, trataban de retomar la normalidad después de una noche marcada por el miedo a que se repitieran los incidentes que desde el viernes habían convertido las calles de la megalópolis en un campo de batalla al caer el sol.

Una situación a la que no han podido hacer frente los 130.000 policías a las órdenes del gobierno de San Pablo. Hasta la tarde de ayer se habían contabilizado 274 ataques contra bancos, centros comerciales, vehículos y comisarías. Entre las víctimas mortales hay 22 policías militares, nueve policías civiles, ocho agentes de prisiones y cuatro civiles tomados como rehenes. En teoría, los demás de la lista son delincuentes, aunque ayer se produjeron denuncias sobre disparos indiscriminados realizados por las fuerzas de seguridad.

Después de la jornada de caos del lunes –centenares de miles de personas queriendo volver a sus casas mientras muchos propietarios de ómnibus retiraron sus vehículos de circulación por temor a atentados–, ayer fue un día de relativa calma, una suerte de resaca del pánico de la víspera. Sólo salieron a la calle los que no podían evitarlo: la mayoría fue a trabajar pero no mandó a sus hijos al colegio. Hubo dos nuevos ataques incendiarios contra autobuses, pero parecieron hechos aislados: no hubo víctimas.

Por la noche habían continuado las refriegas. Pero los partes, esta vez, no daban cuenta de policías muertos sino sólo de supuestos atacantes, un total de 33. La Secretaría de Seguridad, además, dio cuenta de la muerte de 24 presos, encontrados en las cárceles después del repliegue de los amotinados. La rebelión había alcanzado a 73 de las 114 cárceles del estado.

A pesar de la negativa oficial, las emisoras de radio y televisión informaban prácticamente al minuto de la marcha de las negociaciones con los líderes del PCC, y ayer a primera hora la organización criminal desactivó la protesta.

Entre otras condiciones, a los delincuentes se les garantizó que las fuerzas de choque de la policía no entrarían en las cárceles para acabar con los motines, que se relajará el régimen de visitas de los familiares a las cárceles y que se aplicará un “régimen de adaptación” –unas condiciones menos duras– a los 765 prisioneros que iban a ser trasladados a un penal situado 620 kilómetros al oeste de la capital, hecho que dio comienzo a la revuelta.

Con este traslado, las autoridades penitenciarias trataban de obstaculizar la planificación de las acciones del crimen organizado que protagoniza el PCC. “Me cuesta creer que en un estado como San Pablo, el más rico de la federación, la capital económica del país, sea necesario negociar para alcanzar la tranquilidad de la población. El Estado no puede acobardarse ante la presión de los marginales”, subrayó Pedro Franco de Campos, ex ministro de Seguridad de San Pablo, quien añadió que “esto se veía venir”.

El director del Departamento Estatal de Investigación del Crimen Organizado –DEIC–, Godofredo Betancourt, añadió que la estrategia que se ha seguido en la crisis no es la acertada, ya que, en su opinión, se pone “demasiado” empeño en atender las demandas de los presos en las cárceles. “Llegó un momento en el que la propia Secretaría del Interior percibió que los presos querían mucho más de lo que se les podía dar. En ese momento notamos ciertos movimientos y decidimos aislar a los cabecillas... para evitar justamente lo que ha terminado pasando.” Un portavoz de la policía negó ayer tajantemente cualquier negociación y recalcó que el fin de la revuelta se ha debido exclusivamente a la actuación policial.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.