“La prisionalización en los menores es un despropósito. Es absolutamente inadecuado que a un menor se lo castigue ingresándolo en un centro penitenciario como los de los adultos. Antes que la cárcel hay una cantidad de medidas alternativas que la ley determina.” Borja Mapelli Caffarena es un reconocido penalista español, catedrático de la Universidad de Sevilla y director del Instituto Andaluz de Criminología, e investigador de la problemática del sistema penitenciario y de internación de menores en diferentes países latinoamericanos y de la comunidad europea. Llegó al país en el marco de acuerdos con la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Embajada de España, invitado por el CELS para colaborar en las reformas al sistema penitenciario bonaerense ordenadas por la Corte en el caso Verbitsky, y por el Ministerio de Justicia de la Nación para dar una serie de charlas sobre reformas penales y penitenciarias. Durante una entrevista exclusiva con Página/12, Mapelli Caffarena hizo una radiografía crítica del sistema penitenciario argentino.

“Una radiografía del sistema carcelario argentino permite destacar dos cuestiones en un análisis comparativo internacional: una presencia muy acentuada de presos preventivos (sin condena) que, entre otras causas, viene a consecuencia de la lentitud de la justicia penal; y el sistema argentino de internación en comisarías, que no se deben usar como centros de detención, pero que además se hace abuso de ese uso indebido. Son ocho o diez mil personas que están indebidamente ingresadas en comisarías, donde normalmente la instalación arquitectónica, sanitaria, está prevista para una estancia muy corta de un día o dos, pero hay veces que se prolonga esa estancia durante años. No es normal en absoluto.”

–Usted conoce la situación en otros países. Haciendo una comparación, ¿qué opina?

–Tan sólo para poner un ejemplo que está en los antípodas, en Japón la policía está capacitada para dictar sanciones privativas de la libertad, entonces tiene los detenidos en comisarías pero, por eso mismo, las comisarías están preparadas.

–¿Y más cerca que en los antípodas?

–Bolivia, por ejemplo, está ahí al lado. Se utilizan las comisarías, pero en mis visitas no vi que hubiera este uso regular indebido de la comisaría.

–Además de las comisarías pobladas mencionó la desproporción de presos procesados sin condena. Desde su perspectiva, ¿cómo se vinculan ambos hechos y cómo se genera el problema?

–La lentitud judicial da lugar al porcentaje tan alto de presos preventivos. No se puede decir que sea un problema exclusivamente penitenciario. Más bien, es un problema de tipo judicial y legal, porque los jueces son los que automatizan la aplicación de la prisión preventiva y no filtran las personas que vienen detenidas por la policía. Su competencia, su deber es dictar un auto de prisión preventiva sólo en los casos en que se dan las circunstancias que establece la ley. Pero aquí se hace prácticamente en forma automática. Llega el detenido y el juez dicta un auto de prisión preventiva y nada más. Entonces, el paso siguiente es que el preso se queda en la comisaría, y en unos días dicta el traslado al centro penitenciario. Pero el servicio penitenciario no lo recibe porque está sobredimensionado y entonces continúa su estancia y eso hace que haya muchos presos preventivos en comisarías que no están construidas para esos fines.

–Pero es una mesa con tres patas al menos...

–Sí, hay varias patas y es lógico que sea así. Diría tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, las tres patas que configuran el servicio de administración de Justicia en cualquier país.

–¿Cuál sería la responsabilidad del Legislativo?

–Hubo cambios muy profundos en las políticas criminales, entonces hay que aggiornar los códigos penales. Después habría que sensibilizar a los jueces, educarlos en las penas alternativas a la prisión, que sepan el uso que se tiene que dar a la prisión preventiva y no que se trate de un método automático e irrestricto. Y el tercer frente es que hay que mejorar las cárceles. Las condiciones en que actualmente se encuentran no están ajustadas al desarrollo social y económico de Argentina.

–¿Cree que el reclamo de mano dura, de supuestas olas de inseguridad, conforman otra pata del problema?

–Bueno, esa es la pata vuestra. Las veces que se han hecho estudios sobre la opinión pública llevan a resultados sorprendentes. La opinión pública no demanda siempre la solución de los delitos en clave represiva ni mucho menos. Lo que pasa es que a veces los medios de comunicación, la oposición o razones políticas generan corrientes de opinión o pretendidas corrientes de opinión, pero solamente se puede hablar de qué piensa la opinión pública cuando de verdad se le pregunta a la opinión pública. Estoy seguro de que cuando a la opinión pública se le dice que en la prisión de Magdalena han muerto treinta y tres personas debido en gran parte a las condiciones desastrosas del sistema penitenciario, dudo que la opinión pública diga “bien muertos están”.

–Tiene repercusión internacional...

–Entre otras cosas, porque la comunidad internacional también estigmatiza a los países en que se producen escándalos como el que ha ocurrido en Brasil. Cómo cree que se puede ver un país donde de pronto se aparecen con cien muertos. Lo mismo que ha pasado en Magdalena. Eso, en la comunidad internacional deja un rastro muy negativo, llega a las instituciones internacionales.

–¿Cómo es el funcionamiento carcelario en el resto del mundo, los muros que no se transparentan generan actos de corrupción?

–Normalmente las cárceles son opacas, se resisten a abrirse. Como idea general, la obligación de un estado democrático de derecho es hacerlas porosas, luchar contra esas resistencias de opacidad. Las leyes tienen que entrar dentro de las cárceles, los controles normales tienen que entrar dentro de las cárceles; la propia sociedad, los medios de comunicación, las ONG tienen que entrar dentro de las cárceles. Esa fluidez es una garantía de que va a haber menos corrupción, de que va a haber menos violencia porque la cárcel está más controlada. Entonces, otro aspecto de la reforma de lo mucho que podemos tocar está en hacer las cárceles más porosas, lo que en absoluto significa que se vayan a bajar los niveles de seguridad del establecimiento penitenciario. No hay razón para ello, pero sí garantiza que dentro va a haber menos violencia.

–¿Cree que la idea de violencia que tiene la sociedad y como se vive allí adentro interactúan?

–Sí. Cuanto más cerremos la cárcel, cuanto más hermética la hagamos, la población penitenciaria más se retroalimenta. Si permitimos generosamente que los internos puedan relacionarse con sus familias, sus hijos, sus amigos, con la sociedad libre, el interno empieza a pensar en la calle en clave de libertad, no en clave de prisión. Hay que disminuir la intensidad de la prisionalización. La prisión debe estar orientada a la reinserción social. Debe procurar que el interno durante el tiempo que esté en la prisión rompa la menor cantidad de lazos posibles con el exterior, para que después sea más natural su reinserción social, laboral.

–¿Y respecto a los menores de 18 años?

–Si veo mal los efectos de la prisionalización en los adultos, en los menores lo veo un despropósito respecto del deber que tiene el Estado de promocionar a las personas. Es absolutamente inadecuado que a un menor se lo castigue ingresándolo en un centro penitenciario de adultos.

–¿Qué ocurre en el resto del mundo?

–No se puede decir que haya una solución homogénea. En Rusia, por ejemplo, el régimen de los menores es exactamente igual de duro que el de los adultos. En otros países que alcanzaron desarrollos sociales, culturales, países como Noruega, por ejemplo, plantean alternativas, entonces el menor no llega a entrar nunca a la prisión, o entran casos que son tan tremendamente dramáticos que bueno, pero son muy poco significativos. La gran mayoría de chicos jóvenes que cometen delitos de chicos jóvenes tienen una justicia paralela.

–¿Es un código penal juvenil?

–Es un marco legal totalmente alternativo, pero no es sólo eso. El proceso es distinto. Hay una mayor participación de especialistas en tratamiento de menores que recomiendan cuál de las distintas alternativas que ofrece la ley es la más adecuada. El juez ahí tiene un papel muy poco relevante, viene simplemente a hacer un control de legalidad.

–Se trata de evitar llegar a la instancia de la cárcel.

–Claro, pero a su vez también en menores necesitamos mover los ladrillos. Ahora mismo, no sólo en España, hay una expansión muy marcada de lo punitivo, lo represivo. A los menores todo esto también les repercute. La ley penal del menor de España, que inicialmente era una ley progresista que dibujaba un sistema paralelo no contagiado del sistema represivo de los adultos, se ha convertido en un fraude de etiqueta. Ya se parece tanto que uno dice que prefiero la de adultos. Ya dije que en el proceso de menores el juez juega un papel secundario. Yo acepto esa relajación de las garantías si como contraprestación tengo los lugares donde prima la terapia, la educación. Ahora, si al menor lo van a meter en un centro custodial igual que una cárcel, entonces denme de nuevo a mi juez, porque el juez me garantiza que va a aplicar una pena adecuada al delito que he cometido.