Desde Santa Fe

El senador Carlos Reutemann podía tener un lugar en el banquillo de los acusados, en la causa por la catástrofe ocurrida en la ciudad de Santa Fe en 2003, cuando él era gobernador. El fiscal de la Cámara Penal de Santa Fe pidió su declaración indagatoria en la causa en la que ya están procesados por presunto “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas” tres de sus ex funcionarios. El planteo fue hecho ante la Sala II de la Cámara Penal, que ahora deberá resolver si hace lugar al requerimiento fiscal o lo rechaza. En la primera hipótesis, la causa volvería a manos del juez que tramita el proceso, Jorge Patrizi, para que solicite el desafuero de Reutemann al Senado de la Nación.

El fiscal Raúl Reyes solicitó también que se les impute el supuesto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a otros tres colaboradores de Lole: el ex secretario de Obras Públicas Carlos Gómez Galissier, el ex director de Defensa Civil Carlos Filomena y el ex administrador de Vialidad Provincial José D’Ambrosio. Los que ya están procesados son el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el ex director de Hidráulica Ricardo Fratti y el ex intendente de Santa Fe Marcelo Alvarez.

El dictamen de Reyes se contrapone al último fallo del juez Patrizi, quien el 19 de abril último –diez días antes de que se cumplieran tres años de la catástrofe del 2003– procesó a Berli, Fratti y Alvarez por “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”, pero eximió de culpa y cargo a Reutemann. “No se encontraron en la causa elementos para sospechar del ex gobernador” y citarlo “a prestar declaración indagatoria”, afirmó el magistrado. Patrizi dedicó un capítulo de su resolución a explicar por qué no estaba dispuesto a molestar a Lole.

Sin embargo, el fiscal opinó que Reutemann no puede quedar al margen de la investigación y, si se pretende eximirlo de responsabilidad por la catástrofe del río Salado –que dejó 23 muertos reconocidos por el gobierno, más de 100 mil personas en el desamparo y un tercio de la ciudad bajo agua–, como mínimo debe pasar por el trance de la indagatoria.

El ex gobernador siempre sostuvo en su defensa que ningún integrante de su gabinete lo advirtió sobre la magnitud de la crecida y los daños que podía causar. “Nadie me avisó”, repitió varias veces en público. La tesis apareció después en el fallo de Patrizi, que cargó las culpas sobre los dependientes de Reutemann y lo exculpó a él. El juez dio por supuesto que Berli y Fratti –ambos son ingenieros hidráulicos– estaban en condiciones de evaluar el “riesgo” que vivía Santa Fe y “disponer las medidas adecuadas para evitar o por lo menos mitigar la entrada de agua en la ciudad”. Pero los ex funcionarios “no advirtieron la realidad de la situación, a pesar de poder hacerlo, por lo que tampoco podrían haber informado fehacientemente al gobernador acerca de ello”, interpretó el juez.

En cambio, el fiscal Reyes sostuvo que el ex gobernador tenía la obligación de “conocer el panorama general de la provincia” y si sus ex funcionarios no le informaron sobre el “riesgo” de la crecida, él “debió haber preguntado”. Reutemann ya declaró en dos oportunidades por la catástrofe del río Salado, pero como testigo y por escrito.